Introducción

La disposición transitoria octava del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (“RDL 23/2020”), ha establecido un plazo máximo de 3 meses desde su entrada en vigor para que el Gobierno regule el procedimiento de concesión de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Se trata de una cuestión que, por su importancia y necesidad, resultaba ya inaplazable, pues este mandato marca en la hoja de ruta del Ejecutivo el desarrollo reglamentario de un procedimiento administrativo que, desde el año 2013, estaba pendiente de un tratamiento normativo que aportase certidumbre y seguridad jurídica. A tal efecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado el Real Decreto de Acceso y Conexión a las Redes de Transporte y Distribución (en adelante el “RD”), siendo precisamente esta nueva regulación pretendida el objeto de análisis de la presente nota.

Si bien la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (“LSE”) ya contemplaba en su artículo 33 los aspectos básicos y conceptuales del acceso y la conexión a la red eléctrica, su entrada en vigor quedó supeditada a un posterior, y hasta ahora inexistente, desarrollo reglamentario de los distintos conceptos a los que sucintamente allí se hacía referencia. Es por ello que, en esta materia, la normativa aplicable seguía contenida en la parcialmente derogada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico (“Ley 54/1997”).

Objeto de la nueva regulación

El RD tiene por objeto consolidar y desarrollar el artículo 33 de la LSE, abordando un nuevo régimen jurídico que se desmarca, de manera sustancial, de lo preceptuado en la normativa vigente. Así, en aras de impulsar la consecución de los objetivos de política energética y penetración de renovables marcados en la hoja de ruta del Gobierno, el RD establece una serie de criterios y procedimientos que serán de aplicación a la solicitud y obtención de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y que están orientados a todos los sujetos del mercado eléctrico, poniendo fin a la moratoria para el otorgamiento de nuevos permisos de acceso y conexión establecida en el RDL 23/2020.

De una parte, la norma concreta las condiciones y criterios particulares relativos a la obtención de los permisos de acceso y conexión, incluyendo las instalaciones híbridas y, en determinados casos, aquellas instalaciones cuyos permisos hubiesen caducado. Por otro lado, el RD rompe con el carácter indefinido de los permisos, fijando en 5 años la caducidad de los mismos si las instalaciones no hubieran obtenido el acta de puesta en servicio y en 3 años en aquellos supuestos en los que las instalaciones cesaran en el vertido de energía a la red por causas imputables al titular, exceptuando el cierre temporal. 

El RD también prevé la posibilidad de adjudicar la capacidad de acceso a determinados nudos de la red de transporte mediante un sistema de concurso, concreta los actos necesarios para llevar a cabo la conexión física y efectiva de las instalaciones a la red de transporte o distribución una vez obtenidos los permisos de acceso y conexión y contempla un régimen retributivo específico aplicable a las instalaciones híbridas mediante la modificación del Real Decreto 413/2014

Acceso y conexión a la red

Con la hasta ahora vigente regulación de la Ley 54/1997, el proceso para la obtención de los permisos necesarios para acceder y formar parte del sistema eléctrico se caracterizaba por ser un procedimiento desconcentrado y secuencial, en tanto que los permisos se desdoblaban en dos, se tramitaban ante sujetos distintos y era precisa la obtención previa del permiso para el acceso a la red eléctrica para seguidamente solicitar el permiso de conexión a un punto concreto de la red. Resulta esencial ahondar en el desarrollo de las condiciones y requisitos que deben cumplirse en el marco del RD para la obtención de los permisos necesarios para acceder a la red eléctrica y para conectarse a un punto concreto de la red, por ser precisamente éste el objeto principal de la norma y por las implicaciones que ello conlleva. Dicho de otro modo, el RD regula el derecho para transportar energía eléctrica a través de la red y el derecho para conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto determinado de la red.

El RD, en su afán simplificador, busca subsanar los defectos de la legislación precedente, mediante el establecimiento de un procedimiento único de acceso y conexión cuya principal nota característica es la concentración, de tal forma que los permisos de acceso y conexión se tramitarán de forma conjunta y simultánea y ante un único sujeto denominado “punto de contacto único” del procedimiento, que será el gestor de la red, quien tramitará con el titular de la red el estudio de la viabilidad de la conexión y trasladará las comunicaciones pertinentes. En cuanto a los criterios para la concesión de dichos permisos, así como los motivos de denegación de los mismos, deberán establecerse por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”).

El criterio para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para un mismo nudo será el de prelación temporal, siendo la fecha relevante para determinar dicha preferencia la fecha de la admisión a trámite de la solicitud, esto es, la fecha de presentación de la solicitud ante el gestor de la red o, en su caso, la fecha de subsanación de la solicitud dentro del plazo de 20 días que el RD dispone al efecto. Para el caso de que se produzca la entrada de varias solicitudes de forma simultánea, la norma prevé como elemento determinante de prioridad la fecha en la que se acredite la prestación de las garantías económicas señaladas por el propio RD.

A este respecto, cabe reseñar que el inicio del procedimiento para la obtención de dichos permisos se encuentra precisamente condicionado a la previa acreditación del depósito de las citadas garantías económicas, cuya cuantía se mantiene en €40/kW instalados.

Una vez presentada y admitida a trámite la solicitud, el gestor de la red deberá proceder a la evaluación de su viabilidad al amparo de los criterios establecidos por la CNMC. A tal efecto, el gestor deberá disponer de una plataforma web que permita al solicitante verificar de forma telemática el estado de tramitación de su solicitud. La inadmisión de la solicitud o la denegación de los permisos (en este último caso, siempre que la denegación sea por causas no imputables al solicitante) supondrá la recuperación de las garantías económicas prestadas por parte del solicitante. Si el solicitante hubiera satisfecho los requisitos establecidos, el titular de la red deberá remitir una propuesta previa en la que se señalen las condiciones técnicas y económicas bajo las cuales se concedería, eventualmente, el acceso a la red. El tiempo máximo de remisión de esta propuesta por parte del titular de la red varía en función de la tensión del punto de conexión a la red y de la propia red a la que se desee acceder. Así, en el supuesto de que el permiso haya sido solicitado para acceder a la red de distribución, el plazo será de 10, 30 o 40 días dependiendo de la tensión concreta, mientras que para la red de transporte el plazo máximo será de 60 días.

Una vez remitida la propuesta, el solicitante debe, en los plazos máximos establecidos, comunicar al gestor de la red si acepta las condiciones allí establecidas o, por el contrario, se opone a las mismas, entendiéndose la falta de comunicación dentro de los plazos previstos como oposición del solicitante. Si las condiciones remitidas no fueran aceptadas, el solicitante de los permisos podrá solicitar la revisión de aspectos concretos de la propuesta (por ejemplo, el punto de conexión que se propone o las condiciones económicas específicas). Tras recibir la nueva propuesta revisada, el solicitante deberá aceptar la propuesta dentro de los plazos previstos. De lo contrario se cursará la desestimación de la solicitud con la consiguiente devolución de las garantías prestadas. Si la propuesta fuera aceptada en cualquiera de los momentos anteriormente señalados se procederá a la concesión de los permisos de acceso y conexión.

Procedimiento abreviado y CTA

La nueva regulación prevista en el RD establece un procedimiento abreviado de tramitación de los permisos para, entre otros, aquellos productores de energía eléctrica con una potencia no superior a 15 kW, siendo su principal nota característica la reducción de los plazos a la mitad. Asimismo, se establecen algunos supuestos, como determinadas instalaciones destinadas al autoconsumo sin excedentes (o con excedentes, si la potencia de la instalación es igual o inferior a 15 kW), en los que la obtención de los permisos de acceso y conexión no será preceptiva. Finalmente, con respecto al proceso de solicitud, para el caso de instalaciones de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía renovable y para las instalaciones de almacenamiento, se podrán organizar concursos para acceder a nudos concretos de la red de transporte.

Tras la obtención de los permisos de acceso y conexión, el solicitante debe suscribir en un plazo de cinco meses a contar desde la concesión de los mismos un contrato técnico de acceso a la red (“ CTA” ) en el que se establecerán las relaciones técnicas entre el licenciatario y el titular de la red. La conexión física se realizará mediante solicitud del interesado al titular de la red y se podrá efectuar de forma simultánea a la suscripción del CTA, debiendo realizarse la conexión por parte del gestor de la red en el plazo de 30 días desde la notificación de la solicitud, siempre que no existan condicionamientos técnicos que lo impidan.

Interlocutor único de nudo

Bajo la Ley 54/1997, el régimen previsto para aquellos nudos en la que existían distintos sujetos conectados exigía la figura de los interlocutores de nudo. Estos actuaban como interlocutores entre los distintos sujetos conectados a un mismo punto de conexión a la red y los gestores de la red. De este modo, y para el caso de que se produjese algún tipo de incidencia en la red, los sujetos se lo comunicaban al interlocutor de nudo y éste, a su vez, al gestor de la red. Con la aprobación del RD, los sujetos podrán relacionarse directamente con el gestor de la red de que se trate o con REE si el punto de conexión radica en la red de transporte. Así, los interlocutores únicos de nudo quedan relegados a aquellos nudos en los que ya hubieran sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del RD.