El Tribunal Supremo afirma que el auditor de cuentas puede llegar a asumir la responsabilidad por no haber advertido las irregularidades de un director financiero, llegando a responder por los daños provocados por este último.

La STS 3234/2018, de 21 de septiembre, es el punto final a un litigio nacido porque un auditor de cuentas no advirtió las irregularidades contables provocadas por el director financiero de la sociedad auditada. Ésta última interpuso demanda de responsabilidad contractual contra el auditor, que fue desestimada en primera instancia. Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la sentencia de primera instancia y condenó al auditor a abonar una indemnización de 2.200.000 euros, que constituye la mayor parte de la cantidad solicitada por la actora. La sociedad auditora presentó un recurso de casación ante el TS, que ha confirmado ahora su condena.

El TS afirma la imputabilidad al auditor por los daños causados por una actividad de auditoría negligente. Esto ocurre, a su juicio, incluso cuando la producción del daño concurre con otras causas, como la crisis económica (los hechos ocurren en pleno apogeo de la crisis) o la falta de supervisión del director financiero por parte del órgano de administración. De este modo, a juicio del Alto Tribunal, tanto el diseño de unos procedimientos de auditoría inadecuados, como la emisión de unos informes de auditoría basados en datos no contrastados, son elementos por sí solos idóneos para causar un perjuicio patrimonial en la sociedad auditada. Conforme la regla de la causalidad alternativa, se afirma que el daño puede ser atribuible objetivamente al auditor de cuentas, con independencia del resto de causas que lo hayan podido provocar.

El Tribunal Supremo rechaza la argumentación de los recurrentes, según la cual no existía una supervisión adecuada del director financiero por parte de los administradores de la sociedad, sin que la actuación de estos últimos se tuviera en cuenta como elemento generador del daño. Aunque se reconoce la carencia de medidas preventivas por parte de los administradores, ello no libera de responsabilidad a la empresa auditora, incluso teniendo en cuenta que en este caso los socios (últimos beneficiarios de la indemnización) y los administradores (cuya omisión contribuye a la causación del daño) son las mismas personas. Además, advierte que, con arreglo a las propias normas de auditoría, el hecho de que el deber de formular las cuentas pertenezca al órgano de administración no exonera de responsabilidad al auditor de cuentas. Por fin, puntualiza que no se puede pretender atribuir el daño al órgano de administración basándose en abstracto en su deber general de diligencia, sin identificar la incidencia real de dicho incumplimiento en el daño causado (como considera que hicieron los recurrentes).

Esta sentencia del TS abre la puerta para que las sociedades puedan reclamar contra su auditor de cuentas cuando éste no haya advertido cualquier irregularidad contable, aunque los daños obedezcan parcialmente a la actuación de sus propios empleados o se deban a unas medidas de control y supervisión deficientes.