El pasado 16 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución con recomen-daciones destinadas a la Comisión acerca de las normas de derecho civil sobre robótica. El Parlamento admite que, ahora que la humanidad se encuentra a las puertas de una era en la que robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas parecen dispuestos a desencadenar una nueva revolución industrial —que probablemente afecte a todos los estratos de la sociedad—, resulta de vital importancia que el legislador pondere las consecuencias jurídicas y éticas, sin obstaculizar con ello la innovación. Entre esas consecuencias se hallan las de naturaleza social, por las que se cuestiona si la irrupción en el ámbito productivo de estos operadores debería conllevar el pago de impuestos o cotizaciones sociales. En definitiva, robots contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

1. La resolución considera textualmente que «desde el monstruo de Frankenstein creado por Mary Shelley al mito clásico de Pigmalión, pasando por el Golem de Praga o el robot de Karel Capek —que fue quien acuñó el término—, los seres humanos han fantaseado siempre con la posibilidad de construir máquinas inteligentes, sobre todo androides con características humanas». Ahora que la ciencia se aproxima a dicho logro, se propone una regulación en la que se recoja una definición común sobre robots autónomos «inteligentes», un sistema de registro de robots avanzados y una agencia europea para la robótica y la inteligencia artificial, entre otros aspectos. Pero, aunque la resolución tiene un alcance eminentemente civil (en especial, para regular la responsabilidad derivada de los daños que pudieran ocasionar estas nuevas máquinas inteligentes), también comprende una perspectiva laboral que conviene destacar en este breve análisis.

Y, así, el Parlamento Europeo estima necesario evaluar los cambios económicos y los efectos en el empleo ocasionados por la robótica y el aprendizaje automático. A pesar de sus innegables ventajas, reconoce que su utilización puede entrañar una transformación del mercado de trabajo y la necesidad de reflexionar en consecuencia sobre el futuro de la educación, el empleo y las políticas sociales. Entiende, por esta razón, que, si bien es posible que el uso generalizado de robots no acarree automáticamente la sustitución de puestos de trabajo, sí es probable que los empleos menos cualificados en sectores intensivos en mano de obra sean más vulnerables a la automatización.

Mas, paradójicamente, esta tendencia podría devolver procesos de producción a la Unión Europea. En efecto. Las investigaciones demuestran, según esta resolución, que el crecimiento del empleo es considerablemente más rápido en los puestos de trabajo que hacen un mayor uso de la informática, que la automatización de los puestos de trabajo puede liberar a las personas de tareas manuales monótonas y permitirles que se dediquen a otras más creativas y significativas, y que la automatización obliga a los Gobiernos a invertir en educación y a acometer otras reformas con el fin de mejorar la redistribución en los tipos de capacidades que necesitarán los trabajadores en el futuro.

El Parlamento advierte, no obstante, que, a la vista de las crecientes fracturas sociales y el declive de la clase media, el progreso de la robótica podría traducirse en una elevada concentración de la riqueza y el poder en manos de una minoría. No cabe duda, en su opinión, de que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial incidirá en el panorama del empleo, lo que puede crear nuevas preocupaciones relativas a la responsabilidad y eliminar otras. Deberá aclararse, pues, la responsabilidad jurídica desde los puntos de vista del modelo de empresa y de la definición de las tareas de los trabajadores en caso de que se produzca una emergencia o surjan problemas.

Por lo demás, existe un enorme potencial en la robótica a la hora de mejorar la seguridad en el entorno laboral mediante la transferencia a los robots de una serie de tareas peligrosas y perjudiciales que desempeñan actualmente los seres humanos. A la vez, advierte el Parlamento del peligro que podría entrañar la robotización en el sentido de crear una serie de nuevos riesgos como consecuencia del creciente número de interacciones entre los seres humanos y los robots en el lugar de trabajo. En este sentido, convendrá aplicar estrictas normas que regulen las interacciones entre los seres humanos y los robots a fin de garantizar la salud, la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo.

2. Para circunscribir este análisis, se tienen en cuenta las propias previsiones de la Comisión en virtud de las cuales Europa podría tener que hacer frente hasta el año 2020 a una escasez de hasta 825 000 profesionales en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a la vez que el 90 % de los puestos de trabajo requerirá al menos unas capacidades digitales básicas. De ahí que acoja con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer un plan de trabajo para la posible utilización y revisión del marco de competencias digitales y de los descriptores de dichas competencias para todos los niveles de aprendizaje. Insta, a tal fin, a que la Comisión preste un apoyo significativo al desarrollo de estas competencias digitales en todos los grupos de edad, con independencia de la categoría profesional, como un primer paso hacia una mejor adaptación de la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Asimismo, la Comisión deberá analizar y supervisar más estrechamente la evolución a medio y largo plazo del empleo, con especial énfasis en la creación, la deslocalización y la pérdida de puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de calificación, con el fin de determinar en qué sectores se está creando empleo y en cuáles se está perdiendo como consecuencia de la mayor utilización de los robots. Se considera, de este modo, que la industria digital, las propias mujeres y la economía europea saldrían ganando si se consiguiera que más mujeres jóvenes se decantaran por una carrera digital y se contrataran más mujeres en empleos digitales. Por esta razón, se recomienda que los Estados miembros emprendan iniciativas dirigidas a apoyar a las mujeres en el sector de las TIC y a mejorar su capacitación en el ámbito digital.

A tal fin, convendría que los Estados miembros comenzaran a desarrollar sistemas de formación y educación más flexibles para garantizar que las estrategias relativas al estímulo de las capacidades se ajusten a las necesidades de la economía de los robots. Destaca, por todo ello, la importancia que reviste la flexibilidad de las competencias y de las habilidades sociales, creativas y digitales en la educación. Por eso, además de los conocimientos académicos impartidos en los centros escolares, se impondrá, sin duda, el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

3. Pero existe un aspecto de gran interés que, sin embargo, no ha sido convenientemente desarrollado por esta resolución. Se trata del debate sobre el pago de impuestos por parte de los robots o, en su caso, de la contribución mediante cotizaciones sociales por el trabajo que realizan (aunque no generen, sino que destruyan —o, precisamente, porque lo destruyen—, empleo).

Sí admite la resolución el reto del envejecimiento poblacional europeo y las consecuencias que esta revolución digital puede tener sobre él. Se estima que en el 2025 más de un 20 % de los europeos habrá cumplido los sesenta y cinco años, con un aumento especialmente rápido de la población mayor de ochenta años. Y solicita, en esta línea, que la Comisión analice los diferentes escenarios posibles y sus consecuencias para la viabilidad de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros.

Sin embargo, en el proyecto remitido para su aprobación se añadía la necesidad de emprender «un debate integrador sobre los nuevos modelos de empleo y sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas tributarios y sociales tomando como base unos ingresos suficientes, incluida la posible introducción de una renta básica mínima». Este requerimiento ha desaparecido del texto final de la resolución aprobada. Incluso, de forma mucho más precisa, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicitaba, entre otras medidas no recogidas en esta resolución final, la necesidad de emprender «un estudio sobre las nuevas modalidades de financiación de los futuros sistemas de protección social». Debido al desarrollo y la utilización de robots colaborativos inteligentes y la inteligencia artificial, «el diferencial entre la creación y la pérdida de empleo podría repercutir en la sostenibilidad financiera de los regímenes de seguridad social, los regímenes de pensiones y los sistemas de seguro de desempleo de los Estados miembros».

Por eso, la citada Comisión de Empleo y Asuntos Sociales proponía —aunque el texto finalmente aprobado no lo recoja— que la mayor parte de los beneficios derivados de la automatización y la robotización en el empleo deberían proceder no sólo de la reducción de los costes laborales, sino también del aumento de la productividad, gracias a menos errores, mayor producción y una calidad, seguridad y velocidad mejoradas. En este sentido, los Estados miembros deberán consultar regularmente a los interlocutores sociales y asociarlos en el proceso de adaptación del marco regulador de la robótica y la economía digital para definir los riesgos potenciales en materia de salud y seguridad en el trabajo derivados de la innovación tecnológica, adoptar medidas apropiadas para mitigarlos y examinar «la posibilidad de introducir un sistema de notificación previa a la introducción de robots y su participación en la facturación de las empresas a efectos tributarios y de cotización a la Seguridad Social».

4. Parece ciencia ficción, pero no lo es. La creciente tecnificación está propiciando que, con menos esfuerzo productivo personal, se obtengan iguales o mayores beneficios. De ahí que irrumpa en el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones la posibilidad de incorporar en la cadena de cotización a la Seguridad Social estos mecanismos que suponen trabajo por cuenta ajena, pero con robots. También se valora la creación de impuestos o de ambos —impuestos y cotizaciones sociales— en función del trabajo productivo —sin empleo— de los robots. Quienes rechazan estas propuestas consideran que el coste ya se traslada a impuestos existentes (por ejemplo, el de sociedades); para sus defensores, sin embargo, se trata de contribuir por la cadena de producción, independientemente de cómo esté constituida. El debate está servido. Pero no es futuro, es presente.