El carácter “social” de los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno para el 2018, parece fuera de toda duda. La nota explicativa de los mismos insiste en que su principal prioridad es el gasto social. 

Se remarca la “clara vocación social” de los presupuestos (en sintonía, se dice, con lo que siempre ha sido la política presupuestaria del Gobierno desde el año 2012), y la apuesta por “seguir reforzando el gasto social”, hasta el punto de que se afirma que son los “presupuestos más sociales de la historia”. Sin entrar a discutir afirmaciones tan categóricas, sí que me parece que, desde el punto de vista del gasto social, difícilmente se podía llegar más allá en la actual situación económica. Y que el esfuerzo realizado, o proyectado, es significativo, de forma tal que se empieza, si no a revertir completamente, sí a suavizar la austeridad en el gasto y la contención de los aspectos del mismo más afectados por la crisis.

Buena prueba de ello, en ese sentido, es la subida de las pensiones más bajas, con mejora de las mínimas en un 3 por 100 (y con incrementos de entre el 1 y el 1,5 por 100 para otras pensiones de importe inferior a 12.000 euros brutos anuales), la mejora de las de viudedad (incrementando su base reguladora en dos puntos, desde el 52 por 100 al 54 por 100, para mayores de 65 años), la creación de nuevos “cheques sociales” (de natalidad, mediante el incremento, con carácter general, de la deducción de 1.200 euros anuales en 600 euros por cada hijo en las familias que tengan la consideración de numerosas, y de guardería, permitiendo la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años) y la ampliación de los familiares (incluyendo una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad).

Pero junto a esta mejora de las pensiones y de otras prestaciones sociales, hay que destacar, sobre todo, el tratamiento que se da a las relaciones laborales de los empleados públicos, en particular, los incrementos retributivos de los mismos, con una subida salarial del 1,75 por ciento para el año 2018. Esta subida, que se enmarca en el acuerdo suscrito con los sindicatos de la función pública para el periodo comprendido entre 2018 y 2020, se complementa con otros incrementos retributivos variables vinculados a la evolución del PIB y al cumplimiento, en el año 2020, del objetivo de estabilidad. De cumplirse todas las condiciones, la mejora retributiva en el empleo público alcanzaría, en el periodo contemplado, el 8,79 por ciento. El Gobierno parece pues querer pasar página de las políticas de moderación salarial, al menos en sus manifestaciones más incisivas, lo que representa, sin duda, un vuelco en las políticas retributivas del empleo público de los últimos años.

Pero el cambio de planteamiento no llega solo en el terreno retributivo. Al mismo tiempo que las retribuciones mejoran, el incremento del empleo también se contempla: se aprueba una tasa de reposición que puede llegar al 108 por 100. Dicha tasa será, como regla general del 100 por 100 siempre que las Administraciones cumplan con el objetivo de déficit, deuda y regla del gasto, y a ello se añade una bolsa adicional del 8 por 100 destinada a los ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Además, las corporaciones locales podrán contar con una tasa adicional del 10 por 100, siempre que tuvieran amortizada su deuda a 31 de diciembre del ejercicio anterior. De todas formas, en caso de incumplimiento por las Administraciones Públicas de alguno de los objetivos, la tasa de reposición del 100 por 100 se mantendrá exclusivamente para los sectores prioritarios, bajando al 75 por 100 en el resto de los sectores, con una bolsa adicional del 5 por 100 para los servicios que se considere necesario reforzar. La tasa de reposición, finalmente, será del 115 por 100 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local, y del 30 por ciento de las vacantes para funcionarios con habilitación de carácter nacional bajo determinadas circunstancias. En todos los municipios habrá una tasa adicional del 5 por 100 si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población. A pesar de los matices y de los márgenes de discrecionalidad abiertos, parece que también la contención del empleo público ha llegado a su fin.

Todos estos datos ponen de manifiesto la apuesta, tras una cierta consolidación del crecimiento económico y tras la mejora de los indicadores más significativos, por políticas de gasto, que pueden resultar cuanto menos discutibles en su oportunidad y alcance, pero que parecen inequívocas. Si a todo ello unimos la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas, la mejora en la dotación de las becas estudiantiles (con incremento de la partida en 50 millones de euros), el aumento (en 46 millones de euros) de los recursos destinados a la dependencia, la mayor dotación a las comunidades autónomas para los servicios públicos fundamentales (más de 4.000 millones de euros, con incremento superior al 4 por 100) y la permisión de inversiones municipales con cargo al superávit presupuestario (no acierto a descubrir el carácter social de otra de las medidas presentadas bajo esa etiqueta: la reducción del IVA del cine, sobre cuya oportunidad no me pronuncio, aunque su inclusión entre las medidas sociales forma parte de los juegos de máscaras a los que estamos acostumbrados), parece que el mensaje es claro: ha llegado el momento de suavizar los rigores de la ortodoxia presupuestaria y de permitirse algunas alegrías.

La recaudación tributaria va a crecer un 6% y el ajuste de otros capítulos del gasto, que sigue siendo imprescindible, ni aparece. Y por supuesto, revertir el hachazo fiscal que so pretexto de la urgencia de la crisis se propinó a los ciudadanos, ni pensarlo. Probablemente sí que sean unos de los Presupuestos más sociales de la historia y resultan encomiables las previsiones relativas al empleo, con la creación de 475.000 puestos de trabajo, reducción del paro en 339.000 personas (lo que llevaría la tasa de desempleo al 15 por ciento, todavía muy alejada de las tasas inferiores a los dos dígitos en las que llegamos a movernos) y la consecución de los 19,5 millones de empleados, cerca ya del objetivo de los veinte millones, necesario para la sostenibilidad del sistema de protección social. Pero no sé si el mensaje que se ha enviado al sector privado es precipitado. Si a las mejoras retributivas y del volumen del empleo en el sector público se añaden otros guiños (como la planteada recuperación, prometida aunque no contemplada en los presupuestos, de la jornada de 35 horas para los funcionarios y empleados públicos) el mensaje al sector privado apunta al abandono, al menos parcial, de la moderación salarial y al encarecimiento de los costos laborales (quinta semana de paternidad, reducción de jornada). Por lo demás, los sindicatos difícilmente van a resignarse, en el sector privado, a mejoras retributivas y del empleo inferiores a las planteadas para el sector público. La coyuntura económica ya es distinta y el margen para los incrementos retributivos se ha sin duda ampliado, pero estamos lejos de dejar atrás la crisis, y no sé si a medio y largo plazo la apuesta presupuestaria es la vía para garantizar el crecimiento económico sano y la estabilidad económica.