Ya es una realidad la muy esperada reforma legislativa anunciada el año pasado por el Ministerio de Justicia de Reino Unido por la que se aplicará una escala fija de honorarios legales a las reclamaciones de ciudadanos británicos por intoxicación alimentaria durante sus vacaciones.

En tal sentido, la semana pasada el Comité de Legislación de Procedimiento Civil de Reino Unido (Civil Procedure Rule Committee) aceptó la propuesta de incluir este tipo de reclamaciones dentro de la escala fija de honorarios legales que venía aplicándose a las reclamaciones de responsabilidad patronal y patrimonial. Dicha reforma entrará en vigor el 7 de mayo de 2018 y se aplicará a cualquier reclamación remitida después de esa fecha.

La medida ha sido largamente discutida y se plantea como un remedio eficaz para atajar, de una vez por todas, el fraude de las intoxicaciones alimentarias en Reino Unido que viene afectando a la industria turística en los últimos años. La cuestión no es baladí. En el caso de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en un informe de 2017, valoró en 60 millones de euros las pérdidas del sector hotelero español. En cuanto al volumen de las reclamaciones, según cifras barajadas por la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA), estas reclamaciones se incrementaron en un 434% desde 2013.

Ahora se espera que la reforma no solo desincentive aquellas reclamaciones fraudulentas o no acreditadas, sino que también tenga un impacto considerable en el coste final de aquellas que resulten fundadas.

Esta no ha sido la única acción tomada por la industria en los últimos años, que se ha visto precedida de una política de tolerancia cero por parte de hoteles, tour operadores y las aseguradoras de estos frente a aquellas reclamaciones sospechosas de ser fraudulentas. Así, se viene registrando un incremento de sentencias dictadas por tribunales británicos contra reclamantes en el que se les condena al pago de las costas calculadas en función de los gastos incurridos por los tour operadores para investigar el ánimo fraudulento en la reclamación.

Respecto al funcionamiento de la nueva escala fija de honorarios, únicamente se aplicará a las reclamaciones de baja cuantía, esto es, de hasta 25.000 £. En cuanto a su aplicabilidad, una de las cuestiones más debatidas durante la fase de consultas ha sido su efecto retroactivo frente a aquellas reclamaciones efectuadas antes de su aprobación. Sin duda, posponer la fecha de su aplicabilidad al 7 de mayo de 2018 puede tener un efecto llamada hasta entonces.

Asimismo, a estas reclamaciones también se les aplicará la escala fija de honorarios en su fase prejudicial (Pre Action Protocol) contemplada en la legislación británica. A modo de ejemplo, para reclamaciones que se encuentren en la fase de Pre Action Protocol en reclamaciones con cuantías de entre 1.000 £ y 10.000 £, se devengarían honorarios legales de £300 en la fase primera y de £600 en su fase segunda (en total, un máximo de £900).

Para reclamaciones por intoxicaciones alimentarias que se encuentren en una fase posterior al Pre Action Protocol se establecería una escala fija de honorarios que variaría en función de las circunstancias de cada caso, es decir, de la cuantía reclamada o del momento procesal.

Siendo así las cosas, no es de extrañar que la medida haya recibido una acogida general muy positiva. Aunque la demora en su implementación ha sido muy criticada, hay consenso en la industria turística sobre la necesidad de que el cambio a un régimen de costes fijos estuviera en vigor antes de la temporada de vacaciones del verano de 2018.

No obstante, parece que no todo se encuentra resuelto con esta modificación, ya que con el tiempo han surgido nuevas y creativas argumentaciones de cara a la obtención de compensaciones por este tipo de reclamaciones. Un ejemplo de ello es el reciente caso Worral v. Thomas Cook, en que el reclamante argumentó que el tour operador había incumplido el contrato que les unía únicamente por el hecho de haberse servido comida contaminada, independientemente de haber resultado de ello un daño para el Reclamante o no. El juez británico terminó aceptando la versión del demandante, disponiendo que la existencia de enfermedad no era necesaria de cara a conceder una indemnización por daños.

Aunque está por ver el impacto real de la escala fija, todo parece indicar que la reforma constituirá un remedio eficaz para controlar el potencial coste medio de las reclamaciones. No obstante, la reforma no garantiza necesariamente una reducción de los casos en una cultura de reclamación muy asentada. Sea como fuere, es indudable que el gobierno británico cree haber hallado la cura frente al síndrome de la gastroenteritis vacacional, una patología tan extraña que en los últimos años parece haber afectado únicamente a sus ciudadanos.