Mediante el Real Decreto Ley 8/2014, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas cuya urgencia legislativa viene justificada por la necesidad de “corregir equilibrios y mejorar la competitividad” con el fin de reforzar la recuperación económica. Muchas de las novedades normativas del Real Decreto Ley se aprueban en ejecución del “Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio pasado1. Así ocurre con las medidas de liberalización comercial adoptadas, cuyos aspectos más destacados pasamos a reseñar.

1.  Apertura de (grandes) establecimientos comerciales: autorización única, procedi- miento integrado, reducción de plazos y aplicación de la LGUM

Se modifican de nuevo los preceptos sobre la instalación de establecimientos comerciales de la Ley 1/2004, de Ordenación del Comercio Mi- norista, con el fin, fundamentalmente, de facili- tar la apertura de grandes centros, todavía muy limitada las barreras normativas de algunas Comunidades Autónomas.

  • El Real Decreto Ley reitera que, con carác- ter general, la apertura de establecimientos comerciales no estará sujeta a autorización, y añade expresamente que tampoco lo esta- rán su traslado o ampliación.
  • La norma permite, no obstante, que se re- quiera “una única autorización que se con- cederá por tiempo indefinido cuando las instalaciones o infraestructuras físicas nece- sarias para el ejercicio de la actividad sean susceptibles de generar daños sobre el me- dio ambiente, el entorno urbano y el patri- monio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presen- tación de una declaración responsable o de una comunicación previa”.
  • Como novedad importante, se someten ex- presamente los regímenes de autorización administrativa de establecimientos comercia- les a la Ley 20/2013, de Garantía de la Uni- dad de Mercado, con la consiguiente aplica- ción frente a los incumplimientos del sistema reforzado de protección administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de la Comisión Nacional de los Merca- dos y la Competencia, que esta Ley regula.
  • Se establece un “sistema integrado” de au- torización (como el que viene aplicado a de- terminadas autorizaciones ambientales), en virtud del cual el procedimiento administra- tivo “integrará todos los trámites necesarios para la apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales”.
  • Las solicitudes presentadas “deberán resolver- se y notificarse al interesado en un plazo máxi- mo de tres meses, transcurrido el cual, se en- tenderá estimada por silencio administrativo”.

2.  Ampliación de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT)

  • El Real Decreto Ley reduce los umbrales ne- cesarios para que sea obligatorio declarar una zona de gran afluencia turística en los municipios por cumplir los requisitos previs- tos en el art. 5.5 de la Ley1/2004, de Ho- rarios Comerciales, disponiendo en  estas áreas los comerciantes plena libertad para determinar los días y horas que permanecen abiertos al público2.
  • Además, el Real Decreto enuncia expre- samente, en su anexo I, cuáles son y por qué motivo los municipios que actualmente superan estos umbrales (Gijón, A Coruña, Oviedo, Jerez de la Frontera, Almería, Do- nostia/San Sebastián, Santander, Salaman- ca, Marbella y León).
  • El Real Decreto Ley contiene, por otro lado, varias previsiones para evitar la resistencia de algunas autonomías o ayuntamientos a aplicar esta liberalización de horarios comer- ciales:
  1. Se establece que “si en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, las comunidades autónomas competentes no hubiesen de- clarado ninguna zona de gran afluencia turística en los municipios recogidos en el anexo I, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comer- ciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos du- rante todo el año”. Lo mismo se aplicará, pero en el plazo de dos meses, para los municipios que reuniesen que reuniesen en 2011 los requisitos del artículo 5.5 de la Ley 1/2004 en su redacción anterior (contemplados en la disposición adicional undécima del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la com- petitividad).
  2. En lo sucesivo, para la determinación de las ZEAT se utilizarán, en cuanto a la ob- tención de datos estadísticos, las publi- caciones del Instituto Nacional de Esta- dística y de Puertos del Estado y, “si en el plazo de seis meses a partir de la pu- blicación de estos datos, las Comunida- des Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran afluencia turística en el municipio en el que con- curran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, se entenderá decla- rada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus estable- cimientos durante todo el año”.
  3. En relación a los Ayuntamientos, se dispone que, cuando concurran las cir- cunstancias enumeradas en el art. 5.5 de la Ley de Horarios Comerciales, y la propuesta que elaboren de declaración de ZGAT contenga alguna limitación tem- poral o espacial, deberán justificarla, “de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor”. En el caso de que la Comunidad Autóno- ma considerase que no está suficiente- mente justificada la restricción, se decla- rará ZGAT la totalidad del municipio de que se trate. Por otro lado, si en el plazo que determine la legislación o, en su de- fecto, el de seis meses, no se resuelve por la Comunidad Autónoma la solicitud del Ayuntamiento interesado, se enten- derá declarada como ZGAT la propuesta por el Ayuntamiento.

3. Límites a las comisiones aplicables a las tarjetas de crédito o débito (Capítulo III del Título I)

  • La tasa de intercambio por operación en operaciones realizadas con tarjetas no po- drá ser superior al 0,3% del valor de la ope- ración, en el caso de tarjetas de crédito, y al 0,2 si se trata de tarjetas de débito, con unos máximos en ambos casos3 (la media actual que se paga por operación está en el 0,66% para las de crédito y de 0,22% para las de débito4).
  • Estos límites no se aplicarán ni a las opera- ciones realizadas mediante tarjetas de em- presa ni a las retiradas de efectivo de caje- ros automáticos (resulta criticable que éstas últimas no se hayan regulado, a pesar de las comisiones más que abusivas que se aplican con frecuencia: parece que sólo se tomara en consideración lo que afecta al directa- mente al comercio y no lo que perjudica al consumidor).
  • Se prohíbe expresamente que los beneficia- rios de las operaciones de pago con tarjeta puedan repercutir cualquier gasto al orde- nante, en forma de gastos o cuotas adicio- nales por su utilización.
  • Estas prescripciones se refuerzan con: (i) obligaciones de información de los provee- dores de servicios de pago al Banco de Es- paña, que permitirá una comparativa de ta- sas en la web del Banco de España; (ii) el seguimiento de su aplicación por el Obser- vatorio de Pagos con Tarjeta electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad; (iii) la tipificación de los incumplimientos como infracciones graves de las normas de ordenación y disciplina de  las  entidades de crédito, sancionables de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2014.
  • Estos límites de las tasas  de  intercam- bio entrarán se aplicarán a partir del próximo 1 de septiembre, pero la “urgente necesidad” de su inclusión en el Real Decre- to Ley se justifica por el tiempo necesario para la adaptación de los sistemas de pago a estas modificaciones.