La condición o cláusula resolutoria que las partes han pactado carece de validez por desplazar la regulación específicamente establecida para el supuesto de despido por problemas organizativos, técnicos o productivos.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de noviembre de 2017 [JUR\2017\288358]

La empleada del presente caso trabajaba como operadora de periféricos en una multinacional. Tuvo un primer contrato de trabajo por obra o servicio determinado desde el 7 de diciembre de 2009 hasta el 1 de agosto de 2010. Posteriormente, el 2 de agosto de 2010 firmó un nuevo contrato por obra o servicio para tareas de monitorización del tráfico de plataformas de atención Las tareas incluidas en el mismo consistían en la monitorización de tráfico y gestión de usuarios–, en el que se añadía la expresión «según contrato firmado con nuestro cliente» y «salvo reducciones de volumen».  

Posteriormente, en fecha de 11 de julio de 2013, la empresa comunicó a la trabajadora la extinción de su contrato de trabajo con efectos de 31 de julio de 2013, alegando que la obra para la que fue contratada se había visto reducida en un porcentaje elevado, apoyándose en la cláusula del contrato que decía “salvo reducciones de volumen”.

Por tanto, en el presente caso se discute la validez de la cláusula incorporada al contrato de trabajo temporal en la que se contempla su terminación por reducción del volumen de trabajo de la empresa cliente. 

Según la jurisprudencia es válida la contratación para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo.

Sin embargo, la jurisprudencia viene sosteniendo que mientras el mismo contratista es titular de la contrata –sea por prórroga o nueva adjudicación– no puede entenderse que ha llegado a su término la relación laboral. Por tanto, ha de rechazarse que sea causa para la extinción, la decisión unilateral de la empresa, ni siquiera la resolución parcial del encargo de la empresa cliente. También se ha sentado el criterio de que la terminación anticipada de la contrata por acuerdo de las empresas implicadas no constituye válida causa de terminación del vínculo laboral, lo que nos sitúa entonces ante un despido improcedente.

El Tribunal Supremo establece la posibilidad de que el contrato de trabajo incorpore causas que actúen al modo de las condiciones resolutorias, pero ello no significa que toda la construcción civilista sobre esa figura sea directamente trasladable al ámbito laboral, sino que deben realizarse muy serias adaptaciones. Por cuanto aquí interesa, ha de resaltarse la imposibilidad de reconducir a esta categoría de extinciones los hechos que posean un encaje más claro en otras aperturas del Estatuto de los Trabajadores. 

Ejemplificativamente, no valdría la previsión extintiva para el caso de que la empresa sufriera pérdidas importantes, o la anudada a la desaparición de la persona jurídica empleadora, o la referida a la ineptitud del trabajador; pues en todos esos casos y en otros muchos, se refieren a extinciones establecidas en supuestos de problemas organizativos, técnicos o productivos, es decir, correspondientes a una esfera superior a la del trabajador; y por tanto, prevalece una tipicidad prioritaria, de modo que los acontecimientos de la realidad han de subsumirse en el apartado legal en que poseen un encaje más pertinente.

En el presente caso, el contrato temporal suscrito entre la empresa y la trabajadora tiene su causa natural de terminación en un acontecimiento que no se ha producido: la finalización del encargo que la empresa principal realiza a la citada empleadora. Por su lado, la condición o cláusula resolutoria que las partes han pactado carece de validez, puesto que viene a desplazar la regulación específicamente establecida para el supuesto de problemas organizativos, técnicos o productivos –principio de tipicidad prioritaria–. 

Así, al ser considerada nula la cláusula pactada que permite la extinción del contrato de la trabajadora con motivo en la reducción del volumen de actividad, la misma se tiene por no puesta. Por tanto, al ser inexistente la causa que motiva el despido de la trabajadora, nos encontramos ante un despido improcedente atípico.

Una vez firme la sentencia penal, el trabajador reclamó al promotor de la obra en la vía laboral el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, en este supuesto se debate si la sentencia del Juzgado de lo Penal absolutoria de la responsabilidad penal y de la civil al promotor, debe producir efectos de cosa juzgada en el posterior proceso que se siga, ante otra jurisdicción, reclamando responsabilidades civiles. 

Este supuesto debe resolverse en sentido positivo, cuando como aquí ocurre, en el proceso penal la sentencia penal condenatoria examinó la responsabilidad civil, declaró la misma, la cuantificó y condenó a otra persona con absolución de la demandada en el anterior proceso.

En efecto, la responsabilidad civil derivada del acto ilícito, al igual que la penal, es única y si se juzga sobre ella en un proceso penal, al no haber existido reserva de esas acciones civiles para un futuro proceso y haber recaído sentencia condenatoria, tal cuestión queda resuelta definitivamente por la cosa juzgada, lo que se impone en aras a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al prestigio de los tribunales que se pierde si recaen resoluciones contradictorias sobre el mismo asunto. 

Eso ocurrió en el presente caso en el que la existencia de la responsabilidad civil de la sociedad recurrente y de su administrador fue controvertida y declarada en la instancia, pero dejada sin efecto en apelación por la sentencia penal que absolvió a la recurrente y a la par confirmó la condena por responsabilidad civil a otra persona jurídica. 

Por tanto, por ese hecho, ya juzgado, no cabe volver a reclamar la responsabilidad civil.