Las plantas de generación de energía eléctrica son proyectos que requieren de altos niveles de inversión para su desarrollo efectivo. Con el objeto de brindar una idea, un proyecto fotovoltaico con capacidad de generación de 1.2 MW puede requerir una inversión total entre 4 a 4.2 millones de dólares, así como un proyecto de generación en base a gas natural puede requerir una inversión de 800 millones de dólares. En ese sentido, esta clase de proyectos generalmente son financiados por otros entes distintos al propio generador, negociándose en muchos casos créditos sindicados liderados por la banca multilateral, a efectos de poder financiar en su mayoría la inversión.

En ese contexto, al momento que el financista se encuentra estudiando la estructura del financiamiento, y tomando en cuenta la naturaleza de los contratos de abastecimiento de energía (PPA) suscritos a largo plazo (20 años generalmente), generalmente se opta por utilizar la estructura de un Project Finance, esperando que el financiamiento sea repagado con los flujos que generará el proyecto durante el plazo de vigencia del PPA. Ahora bien, al momento de estudiar el paquete de colaterales que garantizarán al Project Finance, un tema importante a analizar es la posibilidad de ceder los derechos derivados del PPA a favor del financista.

Actualmente, en la práctica se discute mucho sobre cuál debería ser el alcance que tenga la cesión de derechos de un PPA, con dos posturas muy marcadas:

- Por una parte, el acreedor del proyecto buscará que la cesión de derechos bajo el PPA sea una cesión de derechos “global”, en el sentido que la cesión no se limite solamente a los derechos económicos del contrato, sino que se le proporcione cierto grado de participación dentro del PPA en decisiones cruciales del mismo, tales como la terminación anticipada, alegación de la fuerza mayor o bien, el ejercicio de cualquier otra facultad contractual que implique que el proyecto no genere los flujos proyectados en un inicio, y por tanto, ponga en riesgo el repago del financiamiento.

- Por otra parte, la distribuidora buscará mantener la estructura del contrato de manera que el PPA sea un contrato estrictamente bilateral, en el sentido que todas las obligaciones y derechos se mantengan a cargo y en favor, respectivamente, de las partes que suscribieron el PPA originalmente, con la única excepción de efectuar el pago en la cuenta que el generador haya indicado con el objeto de repagar el financiamiento concedido.

En la práctica, hemos visto como la existencia de estas dos posiciones contradictorias ha conllevado negociaciones extensas entre generadores, distribuidores y acreedores, con el objeto de encontrar una solución que permita, en la mayor medida posible, tutelar los derechos de todas las partes involucradas dentro del proyecto. Si bien es cierto, el acreedor no es una parte contractual, es un elemento esencial para el desarrollo del proyecto, al punto que sin su intervención, la planta de generación de energía difícilmente pudiera ser financiada.

Por lo anterior, las bases de licitación de los procesos de libre concurrencia más recientes han tomado en cuenta la situación antes mencionada, incluyendo dentro de sus modelos de PPA procedimientos para garantizar los derechos de los acreedores, manteniendo la bilateralidad del contrato y sin menoscabar la posición de sus partes. Sin embargo, estas cláusulas incluidas dentro de los nuevos modelos de PPA generalmente establecen procedimientos que exigen el acuerdo entre todas las partes, es decir, generador, distribuidor y acreedor, por lo cual, será siempre importante que todas las partes involucradas cuenten con un equipo de asesores legales, financieros y técnicos que dominen ampliamente el tema y logren cumplir con el objetivo final, el cual es el desarrollo efectivo del proyecto.