Las certificaciones de los acuerdos sociales deberán ser expedidas, bajo su responsabilidad, por las personas indicadas en el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, precepto que ha de ser aplicado con rigor y desde una interpretación estricta. 

Se presentó a inscripción escritura por la que se elevaron a público determinados acuerdos de aumento del capital de una sociedad de responsabilidad limitada. Los acuerdos fueron adoptados por unanimidad en dos juntas generales de carácter universal. Dicha escritura fue subsanada por otra otorgada ante notario distinto por un apoderado que actuó en virtud de las facultades que le habían sido conferidas en las referidas juntas y que comprendían «la ejecución y desarrollo de tod[o]s y cada uno de los acuerdos adoptados por la junta, con las más amplias facultades legales, así como para la subsanación, en su caso, de las omisiones o errores de los referidos acuerdos, y su interpretación; también para realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos para su plena efectividad hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil». La subsanación se refería a diversos extremos de las certificaciones de los acuerdos de las mencionadas juntas universales.

El registrador mercantil resolvió no practicar la inscripción solicitada argumentado que, al consistir la subsanación en la rectificación del contenido de las certificaciones de acuerdos sociales unidas a la escritura subsanada, sólo puede efectuarla quien tenga facultad certificante, de la que carecía el apoderado que otorgó la escritura de subsanación. Mediante la Resolución de 24 de abril del 2019 (JUR 2019\147435) la Dirección General de los Registros y del Notariado confirmó la calificación impugnada. A estos efectos señaló lo siguiente:

1) Los efectos que anuda la ley a la inscripción registral de acuerdos sociales (singularmente, la presunción de su exactitud y validez: art. 20 del Código de Comercio —CCom—) exigen el establecimiento de garantías de la existencia y contenido de esos acuerdos. Tales cautelas se traducen, esencialmente, en la restricción del conjunto de personas legitimadas para acreditar la existencia de aquéllos y elevarlos, en su caso, a público y en la necesaria constancia registral de la identidad de tales personas.

2) A este propósito hay que distinguir entre la persona legitimada para exteriorizar la voluntad social formada en el órgano correspondiente (es decir, para acreditar su existencia y contenido) y la persona llamada, en su caso, a formalizarla en escritura pública. Esta última facultad competería, prima facie, al órgano de representación social (que podría actuar directamente o mediante apoderado con poder suficiente), por cuanto implica una manifestación de voluntad relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de la compañía. Ahora bien, como demuestra el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil (que, entre otros, atribuye tal facultad al secretario del consejo, quien puede no ser administrador), la referida facultad no queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad orgánica del poder de representación (RRDGRN de 28 de octubre 1998 [RJ 1998\8485] y de 14 de febrero del 2018 [RJ 2018\604]). Sin embargo, cuando se trata de acreditar la existencia y el contenido de los acuerdos sociales, se atribuye reglamentariamente competencia exclusiva al órgano de administración (o a personas que ocupan en él determinados cargos), sin posibilidad de encomendar la facultad certificante, ni siquiera para casos aislados, a un apoderado (cfr. art. 109 RRM y RDGRN de 15 de enero del 2004 [BOE núm. 59, de 9 de marzo]).

3) En este sentido debe recordarse que la certificación de los acuerdos sociales —siempre posterior a la adopción de éstos y mediante la cual se transcribe literalmente o se extracta el contenido del acta— deberá ser expedida, bajo su responsabilidad, por el órgano de administración (o por personas que ocupen determinados cargos en él). El artículo 109 del del Reglamento del Registro Mercantil, que establece los presupuestos subjetivos de la facultad de certificar, ha de ser aplicado con rigor y desde una interpretación estricta de tales requisitos (RDGRN de 28 de octubre de 1998 [RJ 1998\8485]), especialmente cuando se toma en consideración la particular trascendencia, erga omnes, de los asientos registrales, que gozan de la presunción de exactitud y validez (art. 20 CCom) y se hallan bajo la salvaguardia de los tribunales. Esto lleva a exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro (sobre todo, si la elevación a público se hace sobre la base de de meros documentos privados, como las certificaciones), no sólo  por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también en lo que respecta a la legitimación para expedirlos.

4) Finalmente, y atendiendo a la calificación del registrador y al objeto del recurso, la Dirección General de los Registros y del Notariado evita expresamente pronunciarse sobre la transcendencia de la circunstancia de que el apoderamiento concedido al otorgante de la escritura de subsanación hubiera sido conferido por la junta general y no por el órgano de administración.