Un ciudadano de la Unión Europea que, al cabo de más de un año, ha dejado de trabajar como autónomo en otro Estado miembro debido a la falta de trabajo por causas ajenas a su voluntad, conserva la condición de trabajador por cuenta propia y, en consecuencia, el derecho de residencia en dicho Estado miembro. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017

En el presente supuesto, el Sr. Gusa, nacional rumano, entró en el territorio de Irlanda en octubre de 2007 y trabajó como escayolista autónomo desde octubre de 2008 a octubre de 2012, abonando en dicho Estado los correspondientes impuestos, seguros sociales y demás tributos que gravan la renta. 

Posteriormente, el Sr. Gusa abandonó dicha actividad en octubre de 2012 alegando la falta de trabajo debido a la desaceleración económica y se inscribió ante las autoridades irlandesas competentes con el fin de encontrar un trabajo, presentando una solicitud al objeto de que se le concediera un subsidio para demandantes de empleo, la cual fue denegada porque el Sr. Gusa no había demostrado que siguiese ostentando en ese momento el derecho de residencia en Irlanda.

Ante dicha situación, el Tribunal de Apelación de Irlanda (Court of Appeal) plantea una cuestión prejudicial para resolver si pese a haber dejado de trabajar como escayolista autónomo el Sr. Gusa, debe considerarse que éste ha conservado la condición de trabajador por cuenta propia con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, o a otra disposición del Derecho de la Unión, de modo que sigue gozando del derecho de residencia en Irlanda, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva. En particular, el tribunal remitente se pregunta, en esencia, si el citado artículo 7, apartado 3, letra b), abarca únicamente a quienes han quedado en situación de paro involuntario tras haber ejercido una actividad por cuenta ajena durante más de un año o si esa disposición se aplica también a quienes se encuentran en una situación comparable tras haber trabajado como autónomos durante ese tiempo.

Así, el Tribunal entiende conforme al artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/38, que todo ciudadano de la Unión que sea un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en ese Estado miembro goza del derecho de residencia por un período superior a tres meses en el territorio del Estado miembro de acogida. No obstante, el apartado 3 del referido artículo dispone que el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en determinados supuestos.

Concretamente, dicho artículo establece que el ciudadano debe haber “quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo”. 

En este sentido, el Tribunal entiende que no cabe realizar diferencia alguna respecto de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, debiendo aplicar el precepto anterior indistintamente. Por ello, entiende que al igual que un trabajador por cuenta ajena, puede perder involuntariamente su trabajo a raíz de un despido, quien ha trabajado como autónomo puede verse obligado a dejar esa actividad.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que el nacional de un Estado miembro que, tras haber residido legalmente y ejercido una actividad como trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro alrededor de cuatro años, haya abandonado esa actividad como consecuencia de la falta de trabajo —debidamente acreditada— motivada por causas ajenas a su voluntad y se haya inscrito ante el servicio de empleo competente de este último Estado miembro con el fin de encontrar un trabajo, conserva la condición de trabajador por cuenta propia a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva.