El Abogado General Yves Bot considera en sus conclusiones, presentadas el 21 de noviembre de 2017 en el caso Romano Pisciotti1, que la extradición por el estado alemán de un ciudadano italiano a Estados Unidos por su participación en un cártel, no es contraria al Derecho de la Unión Europea siempre que esté justificada por el objetivo de evitar el riesgo de impunidad de las personas que han cometido una infracción penal del derecho de la competencia.

1. Antecedentes

El Sr. Romano Pisciotti, de nacionalidad italiana, fue objeto de una orden de extradición dictada por las autoridades estadounidenses en el marco de un proceso penal por su participación desde Italia en un cártel con efectos en Estados Unidos. En junio de 2013, el Sr. Pisciotti tenía previsto viajar desde Nigeria a Italia en un vuelo que fue cancelado, por lo que el Sr. Pisciotti decidió tomar otro vuelo que hacía escala en Fráncfort, donde fue detenido como consecuencia de la orden de detención emitida por las autoridades estadounidenses, dado que en Alemania, al igual que en Estados Unidos, la participación en un cártel es un delito.

Tras interponer varios recursos ante los tribunales alemanes, que fueron desestimados, y pasar 9 meses detenido en una prisión de Fráncfort, el Sr. Pisciotti fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a una pena de prisión de dos años, y a una multa de US$50.000. El Sr. Pisciotti cumplió el resto de su condena en Estados Unidos hasta que fue puesto en libertad en abril de 2015.

2. La opinión del abogado general

Las conclusiones del Abogado General Yves Bot se enmarcan en la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Regional Civil y Penal de Berlín al resolver el recurso interpuesto por el Sr. Pisciotti contra la decisión de su extradición, que consideraba que era contraria al Derecho de la UE.

El Abogado General Yves Bot manifiesta en sus conclusiones, sin embargo, que la extradición de ciudadanos europeos a terceros países por su participación en infracciones de competencia, pese a constituir una restricción de la libertad de circulación garantizada por el Derecho europeo, estaría justificada por el objetivo de evitar el riesgo de impunidad de las personas que, como el Sr. Pisciotti, hayan cometido una infracción penal en materia de competencia y no sea posible su enjuiciamiento en el Estado miembro requerido por los hechos cometidos en un tercer Estado.

3. Conclusión

Las conclusiones del Abogado General Yves Bot vienen a reconocer la aplicación extraterritorial del derecho de la competencia y, en consecuencia, la posibilidad de que a un sujeto infractor de las normas de competencia pueda aplicársele la normativa de un Estado distinto a aquel en el que reside o en el que desarrolla su actividad profesional.

A este respecto, es preciso recordar que en España, los directivos y representantes legales de las empresas que hayan intervenido en una infracción de las normas de defensa de la competencia pueden ser sancionados con multas de hasta 60.000 euros. Además, aunque en España no hay sanciones penales relacionadas directamente con la infracción de las normas de competencia, hay que tener en cuenta que el artículo 284.1 del Código Penal podría llegar a aplicarse a ciertas conductas de cártel en el caso de que, mediante violencia, amenaza o engaño, se traten de alterar los precios que resulten de la libre competencia.