La situación que está viviendo el turismo en España bien merece ser calificada como de contienda en cuanto a las medidas que están tomando las partes implicadas en la "cruzada" sobre las reclamaciones por intoxicación alimentaria.

En primer lugar, vemos como las firmas de abogados británicos o las empresas de gestión de reclamaciones ("Claims Management Companies" o "CMC") perfeccionan sus mecanismos, dificultando cada vez más la defensa de este tipo de reclamaciones ante los tribunales británicos.

Los Hoteles, por su parte, contratacan anunciando la potencial negación de la oferta del "todo incluido" a los turistas británicos de cara a la temporada vacacional del año 2018 o incluso antes, dada la inactividad legislativa.

Paralelamente y frente a la advertencia anterior, los Tour Operadores exploran nuevos mercados como los franceses, suizos y holandeses para suplir la potencial brecha que dejaría el abandonar el mercado inglés.

En medio del conflicto se encuentra el Gobierno Británico, quien ante la presión del sector turístico, actúa con cautela a través de varios de sus organismos, como detallaremos a continuación.

Por un lado, la Oficina de Relaciones exteriores del Reino Unido ("Foreign Office") ha publicado recientemente la siguiente advertencia a los turistas británicos en la sección dedicada a España:

"Se ha reportado un aumento de turistas a los que se anima a presentar una reclamación por lesiones personales si han experimentado una enfermedad gástrica durante su estancia […] Solo debe considerar la posibilidad de presentar una queja o reclamación si ha sufrido realmente una lesión o enfermedad; si usted hace una reclamación falsa o fraudulenta, puede enfrentarse a un proceso legal en el Reino Unido o España."

En cuanto a la Administración Reguladora de Reclamaciones ("Claims Management Regulator" o "CMR"), ésta se encuentra investigando a las CMC y ha reportado que está manteniendo reuniones con los Tour Operadores, representantes de hoteles españoles y la policía española, así como que ha intercambiado información con la Autoridad Reguladora de Abogados ("Solicitors"). Este hecho es especialmente interesante, puesto que la CMR ya ha impuesto multas a algunas CMC por incumplimientos normativos al utilizar tácticas de venta agresivas o declaraciones engañosas, entre otras cuestiones, con base en que las CMC tienen prohibida la comunicación de reclamaciones a los despachos de abogados en caso de que las hayan obtenido habiendo abordado – sin previa petición – a los potenciales reclamantes.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado la intención de aumentar el límite de las pequeñas reclamaciones ("Small Claims") en accidentes de tráfico de 1.000 a 5.000 libras y de 1.000 a 2.000 libras para el resto de reclamaciones por daños personales antes del 1 octubre de 2018.

No obstante lo anterior, la ABTA (Asociación Británica de Agentes Turísticos) sigue respaldando la posibilidad de que el aumento de la cuantía de las Small Claims a 5.000 libras lo sea respecto a todas las reclamaciones por daño personal. Además, podríamos considerar que esta asociación es quizás la entidad que más se está movilizando en el Reino Unido para solventar este conflicto, ya que:

  • Han lanzado un servicio de resolución alternativa de conflictos para reclamaciones por daños personales que no superen las 10.000 libras (conciliación). Con esto se pretende reducir el tiempo de resolución de los casos en no más de 8 meses y desvincularse de las CMC. Sin embargo, este servicio es voluntario y el acceso a éste debe acordarse por las dos partes.
  • Han respondido a la revisión de los gastos legales fijos realizada por Lord Justice Jackson – juez del tribunal de apelaciones del Reino Unido – proponiendo que las reclamaciones por vacaciones en el extranjero de hasta 25,000 libras entren dentro del mismo régimen que actualmente se aplica a las reclamaciones de daños personales sin el elementos extranjero.

En definitiva, no se puede negar que existe movimiento y que el servicio de resolución alternativa de conflictos creado por la ABTA, si bien voluntario, es una buena novedad que puede servir de argumento a la hora de negociar las cuantías de los gastos legales en los casos en los que no se acuda a éste. Además, que el Gobierno Británico esté estudiando qué medidas punitivas aplicar contra las demandas falsas es un avance frente a la oleada que se aproxima para la temporada de 2017. El problema, sin embargo, radica en el tiempo y en cómo éste puede perjudicar al sector turístico si no se implementan medidas con cierta inmediatez, más teniendo en cuenta que la media de pagos se encuentra en 6.000 euros por intoxicación y solo Benidorm registra 10.000 reclamaciones.