1. Finalidad primordial

Desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha optado por adoptar una serie de criterios que, al menos en principio, tratan de complementar las normas legales sobre admisión de los recursos que conforman su ámbito ordinario de actividad (casación y recurso extraordinario por infracción procesal). El acuerdo de 8 de febrero de 2017 sustituye al anterior, de 30 de diciembre de 2011 (que a su vez había sustituido al de 12 de diciembre de 2000).

En términos generales, el nuevo acuerdo supone una especie de "refundición" de los criterios expresados en el acuerdo anterior, a pesar de que la estructura y el enfoque son bastante diversos. No obstante, la Sala ha apostado también por establecer unos requisitos formales y de extensión muy precisos, tomando como modelo el nuevo régimen de la casación contencioso-administrativa.

Estos criterios han de tenerse en cuenta a la hora de interponer cualquier escrito de interposición, pues cabe deducir que se aplicarán desde que se haya dado difusión a la existencia y contenido del acuerdo (el 15 de febrero de 2017).

2. Estructura general y principales novedades

El acuerdo está estructurado en cuatro partes.

Motivos del recurso

Esta primera parte se dedica a recordar y a ejemplificar los motivos en que pueden fundarse un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

En este punto, resulta novedoso (y útil) que el TS ofrezca ejemplos (extraídos de su propia jurisprudencia) acerca del encaje que merecen determinadas infracciones procesales dentro de los motivos del art. 469.1 LEC. Llaman singularmente la atención varias previsiones:

  • Se admite expresamente fundar el recurso extraordinario por infracción procesal en la infracción de las normas de competencia territorial que tengan carácter imperativo (con lo que se aclara la antinomia existente entre los arts. 67 y 469.1.2º LEC).
  • Se aclara que las alegaciones de incongruencia o de falta de motivación han de hacerse al amparo del art. 469.1.2º LEC (vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia).
  • Se insiste en el carácter residual y restrictivo de la alegación de una incorrecta valoración de la prueba (sólo en caso de error fáctico patente), al amparo del art. 469.1.4º LEC.

Resoluciones recurribles

El nuevo acuerdo las trata de forma unitaria y deja claro que sólo acceden al TS las sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales de forma colegiada y que se pronuncien sobre el fondo del litigio.

De forma excepcional, se admiten ambos recursos frente a determinados autos, porque a ello obliga normativa supranacional (v.g., en procesos de ejecución o exequátur de resoluciones dictadas en otros Estados miembros de la UE al amparo del Reglamento Bruselas I bis o de los reglamentos sectoriales en materia matrimonial, de alimentos o sucesoria).

Por otra parte, el nuevo acuerdo aclara un extremo de clara incidencia práctica: la interposición aislada del recurso extraordinario por infracción procesal (sin recurso de casación), además de en los procesos para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, sólo procede en procesos de cuantía superior a 600.000 euros cuando el proceso se haya tramitado por razón de la cuantía. Se deduce de ello que cuando el proceso se haya tramitado como juicio ordinario o como juicio verbal por razón de la materia, el acceso a los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal queda supeditado a la concurrencia de interés casacional, aunque la cuantía del proceso sea superior a 600.000 euros.

Requisitos de los recursos

El nuevo acuerdo incide especialmente en este punto, estableciendo en positivo un régimen formal de estructura y extensión que resulta novedoso, que se ampara en una interpretación singular del art. 481.1 LEC –que establece la necesidad de exponer en el escrito de interposición los fundamentos del recurso de casación "con la necesaria extensión"-. A juicio del TS, la extensión del escrito deja de ser "la necesaria" no sólo por defecto (argumentación esquemática o demasiado escueta), sino también por exceso ("cuando sea tan extensa que impida conocer el verdadero fundamento del motivo").

Como pauta general, en el acuerdo se establece que debe ser suficiente una extensión de 25 páginas con interlineado 1,5 y fuente Times New Roman con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. La extensión excesiva, se advierte, puede dar lugar a la inadmisión del recurso. La indicación es equivalente a la establecida para la casación contencioso-administrativa, con la salvedad de que la LEC no ha habilitado a ningún órgano para llegar a este nivel de detalle (cosa que sí hace, en cambio, el art. 87 bis 3 LJCA). No obstante, conviene tratar de atenerse a las indicaciones, sin perjuicio de que, en casos excepcionales, debería poder justificarse una extensión superior (pero, en esos casos, sería prudente al inicio del propio escrito hacer una advertencia y ofrecer las explicaciones pertinentes). Resulta claro, pues, que el TS quiere recursos directos y concisos.

Además de esta novedad –la más significativa, sin duda- el acuerdo es muy detallado en cuanto a los requisitos formales de los escritos de interposición: obliga a distinguir entre el encabezamiento y el desarrollo de cada motivo, y ofrece pautas muy precisas acerca de lo que debe incluirse en cada uno de ellos, distinguiendo entre casación y recurso extraordinario por infracción procesal. Razones de elemental prudencia hacen más que aconsejable tenerlas presentes cuando se redacten escritos de interposición de estos recursos (v.g., no se permite la cita de un precepto seguido de fórmulas tales como "y siguientes" o "y concordantes"). Muchos de estos requisitos podían deducirse de una lectura a sensu contrario del Acuerdo de 2011: en el nuevo acuerdo se establecen de forma más directa. Es importante, sin embargo, subrayar dos extremos en los que se han introducido cambios:

  • Cuando se trata de un recurso de casación por interés casacional por contradicción entre Audiencias Provinciales: el nuevo acuerdo mantiene la necesidad de invocar al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una Audiencia en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de la misma sección de una Audiencia diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario, con la exigencia añadida de que la sentencia recurrida figure en uno de estos dos grupos. Ahora bien: (1) ya no se exige que las sentencias aportadas sean firmes (lo cual era problemático); (2) el requisito se flexibilizará cuando el elevado número de secciones de una Audiencia Provincial dificulte objetivamente su cumplimiento.
  • Cuando se trata de un recurso de casación por interés casacional por norma de vigencia inferior a cinco años: se produce un cambio en la forma de computar el plazo de cinco años. El dies a quo sigue siendo la fecha de entrada en vigor del precepto novedoso, pero el dies ad quem pasa a ser la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el proceso (normalmente en la demanda o en la contestación a la demanda) –y no, como hasta ahora, la fecha en que se dictó la sentencia recurrida-.

Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos

A modo de síntesis de todo lo anterior, el TS dedica la última parte del acuerdo a recapitular las causas que pueden determinar la inadmisión de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal. En este momento interesa destacar tres extremos:

  • Haciendo una interpretación muy amplia de los arts. 473.2 y 483.2 LEC, el TS asocia la inadmisión del recurso al incumplimiento de los requisitos formales establecidos en el propio acuerdo.
  • En relación con el recurso extraordinario por infracción procesal, se ofrece un listado de ejemplos de supuestos en los que procede aplicar la carencia manifiesta de fundamento como motivo de inadmisión, al amparo del art. 473.2 LEC.
  • En relación con el recurso de casación, se ofrecen igualmente unas pautas para la aplicación de la causa de inadmisión consistente en la carencia manifiesta de fundamento, que fue introducida en la reforma procesal de 2015 (art. 483.2.4º LEC): son, por ello, criterios orientadores de especial utilidad práctica, aunque no resulte fácil a priori precisar el contenido de algunos de ellos:
    • La alteración de la base fáctica de la sentencia.
    • El planteamiento de cuestiones nuevas.
    • Plantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida).
    • Impugnar la interpretación del contrato sin atenerse a los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el acceso al recurso de casación (ser la interpretación arbitraria, irrazonable, ilógica o contraria a un precepto legal).
    • La petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar.
    • La falta de efecto útil del motivo.
    • La falta de concreción en el desarrollo argumental.
    • La mezcla de cuestiones heterogéneas.
    • La falta de identificación de la infracción alegada.

3. Las claves del acuerdo

  • Refunde los criterios del acuerdo anterior.
  • Recuerda y ejemplifica los motivos en que pueden fundarse un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.
  • Clarifica que sólo acceden al TS, las sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales de forma colegiada y que se pronuncien sobre el fondo del litigio.
  • Establece un novedoso régimen formal de estructura y extensión que resulta novedoso.
  • Recapitula las causas que pueden determinar la inadmisión de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal.

Nota. El Acuerdo se encuentra disponible en la página del Poder Judicial.