El empleador que mantiene la remuneración de su trabajador durante el periodo de incapacidad temporal causada por un accidente de tráfico ocurrido en otro país puede reclamar en su país la responsabilidad civil derivada del accidente a la compañía aseguradora establecida en otro Estado miembro. La subrogación en los derechos del trabajador le confiere la condición de «persona perjudicada» siempre que sea posible una acción directa. En virtud de las normas especiales de determinación de la competencia judicial, el empleador subrogado en los derechos de indemnización de sus trabajadores puede considerarse más débil que el asegurador al que demanda, con independencia del tamaño de la empresa y de su forma jurídica. En consecuencia, debe tener la posibilidad de presentar dicha demanda ante los tribunales del Estado miembro en el que se halla domiciliado.

1. Aunque el litigio resuelto recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 20 de julio del 2017 (as. C‑340/16, KABEG) tiene como base jurídica una disputa sobre la interpretación de algunos preceptos del Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre del 2000 (DOUE de 16 de enero del 2001), hoy ya derogado y sustituido por el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre (DOUE de 20 de diciembre), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la solución alcanzada mantiene plena vigencia con la legislación actual.

El artículo 9.1b del Reglamento 44/2001 dispone que el asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado en otro Estado miembro ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario. En idénticos términos, el artículo 11.1b del Reglamento 1215/2012 reconoce esta misma posibilidad, si bien «ante el órgano jurisdiccional del lugar donde tenga su domicilio el demandante». Por su parte, el artículo 11.2 del Reglamento 44/2001 entiende que dicha disposición sólo será aplicable en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible, términos en los que se expresa igualmente el artículo 13.2 del Reglamento 1215/2012.

2. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de julio del 2017 (as. C‑340/16, KABEG) resuelve el conflicto planteado entre un organismo público con sede en Austria que gestiona centros hospitalarios y una compañía de seguros domiciliada en Francia. El litigio surge como consecuencia de una demanda de indemnización presentada por dicho organismo público que, como empleador, se vio obligado a mantener el abono de la remuneración de uno de sus trabajadores durante el periodo de incapacidad temporal. Esta última fue ocasionada por un accidente de tráfico ocurrido en Italia, en el que estuvieron implicados dicho trabajador y un vehículo automóvil cubierto por un seguro de responsabilidad civil contratado con la citada compañía aseguradora.

El organismo público defiende la competencia territorial de los tribunales austríacos, a lo que se opone la compañía aseguradora alegando un régimen propio de competencia en materia de seguros que le favorece (sección 3 del capítulo 2 del Reglamento 44/2001, ahora convertida en la sección 2 del capítulo 2 del Reglamento 1215/2012). De acuerdo con el considerando 13 del Reglamento 44/2001, en relación con los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, resulta oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales. En idénticos términos, el considerando 18 del Reglamento 1215/2012 señala la necesidad de proteger en tales casos a la parte más débil «mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las normas generales». Pero se entiende que el organismo público no puede prevalerse de esa protección por su sola condición de empleador.

Inicialmente, los tribunales austríacos aceptaron considerar que el empleador, con independencia del tamaño y de la forma jurídica de empresa, debía ser reconocido en este conflicto como la parte más débil del litigio frente a la compañía de seguros. Pero, con posterioridad y ante los diferentes recursos planteados, se optó por entender que, aunque el concepto de «persona perjudicada» comprende tanto a quienes lo son de modo inmediato como indirectamente, no todas las personas perjudicadas gozan de ese derecho. Podría ejercerlo la persona que fuera «económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada» que un asegurador de responsabilidad civil. Concluyen que, en este caso, dichas características no están presentes en un organismo público gestor de cinco hospitales como demandante. Finalmente, el Tribunal Supremo Civil y Penal austríaco decide plantear la cuestión prejudicial resuelta por la sentencia que se analiza. 

3. Procede recordar, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que la sección 3 del capítulo 2 del Reglamento 44/2001 establece un sistema autónomo de reparto de competencias jurisdiccionales en materia de seguros (STJUE de 12 de mayo del 2005, as. C‑112/03, Société financière et industrielle du Peloux). Al igual que en materia de tra‑ bajadores y de consumidores, del considerando 13 del Reglamento 44/2001 se desprende que la acción en el ámbito de los seguros se caracteriza por un cierto desequilibrio entre las partes (STJUE de 26 de mayo del 2005, as. C‑77/04, GIE Réunion européenne y otros). Para corregirlo se establecen reglas de determinación de la competencia judicial más favorables que las reglas generales persiguiendo beneficiar los intereses de la parte más débil (STJUE de 17 de septiembre del 2009, as. C‑347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse).

Las dudas del tribunal remitente se centran en la calificación como «parte más débil» de este organismo público subrogado ex lege en los derechos de su trabajador, considerando que sí se admite tal supuesto en los causahabientes de la persona directamente lesionada, por ejemplo, sus herederos (STJUE de 17 de septiembre del 2009, as. C‑347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse). A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente expone que, en circunstancias como las del litigio principal, la posibilidad de que un empleador subrogado en los derechos de un trabajador suyo demande al asegurador de la responsabilidad civil del autor del daño ante los tribunales del Estado miembro en que está domiciliado el empleador garantizaría la concordancia de las normas de determinación de la competencia judicial y su previsibilidad, así como una buena administración de la justicia.

Atendiendo a estas circunstancias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, en el marco del Reglamento 44/2001, el concepto de «parte más débil» tiene en materia de seguros una acepción más amplia que en materia de contratos celebrados por los consumidores o en el ámbito de los contratos individuales de trabajo. De ahí que la remisión que efectúa el artículo 11.2 del Reglamento 44/2001 tenga por objeto añadir a la lista de demandantes establecida en el artículo 9.1b a quienes han resultado perjudicados, sin que las personas incluidas en este concepto se limiten a las que lo hayan sido directamente (SSTJUE de 13 de diciembre del 2007, as. C‑463/06, FBTO Schadeverzekeringen, y de 17 de septiembre del 2009, as. C‑347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse). Además, una apreciación casuísti‑ ca de si el empleador que continúa pagando la remuneración puede considerarse «parte más débil» para poder estar comprendido en el concepto de ‘persona perjudicada’ generaría un riesgo de inseguridad jurídica y sería contrario al objetivo de dicho reglamento, según el cual las normas de determinación de la competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad.  

4. Razones como las expuestas conducen al tribunal a concluir que, en virtud del artículo 11.2 del Reglamento 44/2001, los empleadores subrogados en los derechos a indemnización de sus trabajadores pueden, como personas que han sufrido un daño y, al margen de su tamaño y de su forma jurídica, prevalerse de las normas especiales de determinación de la competencia judicial establecidas en los artículos 8 a 10 de dicho reglamento. En segundo término y en consecuencia, entiende que el empleador subrogado en los derechos de su trabajador por haberle abonado la remuneración mientras se encontraba en situación de incapacidad (empleador que, sólo en esa condición, interpone una demanda por el perjuicio sufrido por su trabajador) puede considerarse más débil que el asegurador al que demanda, debiendo tener la posibilidad de presentar dicha demanda ante los tribunales del Estado miembro en el que se halle domiciliado. Y, en tercer lugar, que, todo ello será posible cuando exista acción directa, admitiendo (en aplicación del art. 18 de la Directiva 2009/103, de 16 de septiembre, sobre seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos automóviles —DOUE de 7 de octubre—) que los Estados miembros deberán garantizar que las partes perjudicadas en un accidente causado por un vehículo cubierto por el seguro de responsabilidad civil tienen derecho a interponer una acción directa contra la empresa de seguros que cubre a la persona responsable en lo que respecta a la responsabilidad civil (considerandos 35, 36 y 37 de la sentencia analizada).

5. En conclusión, y atendiendo a lo resuelto por esta sentencia, el empleador establecido en un Estado miembro que mantiene la remuneración de su trabajador durante el periodo de incapacidad temporal provocado por un accidente de tráfico y que se haya subrogado en los derechos de este último puede, en calidad de «persona perjudicada», demandar a la compañía aseguradora ante los tribunales de su Estado y no en el país de esta última.