El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza cuándo ha de entenderse producido el cese de actividad de una entidad en el caso de que ésta venga realizando diferentes actividades económicas que, aunque pertenecientes a la misma rama, estén clasificadas en epígrafes independientes a efectos del impuesto sobre actividades económicas, existiendo constancia de que la baja en cada una de tales actividades se ha producido en fechas diferentes. La concreción de tal elemento temporal será relevante para determinar el alcance de la responsabilidad tributaria exigible a su administrador.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de abril del 2018 (2414/2016), resuelve un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio cuya cuestión nuclear tiene por objeto determinar cuál es el momento en el que ha de entenderse producido el cese de actividad de una entidad cuando ésta venía realizando varias actividades pertenecientes a la misma rama, aunque clasificadas en epígrafes distintos del impuesto sobre actividades económicas y desarrolladas en locales diferentes, teniendo cada una de ellas una fecha de baja distinta a efectos del tal impuesto. Tal y como se analizará, la concreción de tal aspecto en estos casos incidirá sobre el alcance de la responsabilidad tributaria exigible a los administradores de ese tipo de entidades.

Como es sabido, el artículo 43.1de la Ley General Tributaria establece la responsabilidad subsidiaria de los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que hayan «cesado en sus actividades», responsabilidad que alcanza a las obligaciones tributarias devengadas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que aquéllas no hubieren hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

Pues bien, en el caso objeto de controversia no se cuestionan ni los elementos objetivos ni los subjetivos sobre los cuales fundamentó la Administración el acuerdo de derivación de responsabilidad notificado. Por ello, el tribunal no repara en tales aspectos, circunscribiendo el objeto central de su análisis a la determinación del alcance de dicha responsabilidad en el supuesto planteado.

A esos efectos, la cuestión por dirimir pasa por determinar si es correcto entender —como lo hizo el Tribunal Económico-Administrativo Regional en la resolución ahora recurrida— que, en el caso de que existan varias fechas de baja a efectos del impuesto sobre actividades económicas para cada una de las actividades desarrolladas por una entidad, es la primera de ellas la que fija el momento a partir del cual se entiende que ha cesado totalmente la actividad de aquélla y, por lo tanto, cualquier deuda devengada con posterioridad a ese momento debe considerarse excluida del ámbito de la responsabilidad de su administrador.

Pues bien, el Tribunal Económico-Administrativo Central, en la resolución que nos ocupa, no comparte tal criterio, apoyándose para ello en la doctrina del Tribunal Supremo que, a su vez, ha seguido la Audiencia Nacional.

Es sobre todo la Sentencia del Tribunal Supremo de 9  de mayo del  2013  (Rec.  6329/2010) la que ha conducido al Tribunal Central a estimar el recurso interpuesto en este caso por la Administración, concluyendo que, a efectos de la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 43.1.b de la Ley General Tributaria, el cese de actividades ha de ser completo, definitivo e irreversible, no bastando una cesación meramente parcial o la suspensión temporal de las actividades. Ahora bien, advierte de la necesidad, en algunos casos, de matizar la exigencia de paralización de la actividad mercantil, y ello con el objetivo de evitar posibles conductas fraudulentas con las que, por ejemplo, pudiera simularse la existencia de cierta actividad o mantenerse un nivel mínimo de actuaciones derivado de la simple inercia del tráfico comercial.

Al margen de lo anterior, el tribunal central recuerda, como ya señaló en resoluciones anteriores, que el cese de las actividades de una entidad mercantil, sin perjuicio de que pudiera ser un cese jurídico es, en la mayoría de la ocasiones, un cese de hecho, es decir, un elemento fáctico deducido de indicios que hacen presumir una inactividad, los cuales, entre otros, pueden ser la falta de actividad en las instalaciones, el abandono del domicilio social, la disminución significativa de compras y ventas, la baja de trabajadores, la falta de presentación de autoliquidaciones, la presentación con resultados negativos o con una importante disminución de sus importes, la cancelación de cuentas bancarias, la baja a efectos del impuesto sobre actividades económicas, etcétera. 

Ahora bien, de lo anterior no cabe deducir que en todos los casos pueda identificarse el cese de la actividad con un momento temporal concreto. De hecho, continúa señalando el tribunal, muchas son las sentencias que sitúan este cese no en una fecha determinada, sino a lo largo de un ejercicio (véase, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero del 2017 (Rec. 3034/2015).

Pues bien, siendo varias las actividades en las que una entidad figura dada de alta en el impuesto de actividades económicas y aunque cursar la baja a esos efectos es uno de los indicios de los que se desprende el cese de hecho de la actividad de la entidad, lo cierto es que en estos casos pueden llegar a existir varias fechas de cese respecto de cada una de las actividades, extremo por el cual el tribunal central se aparta en esos casos del criterio sostenido por el tribunal regional.