De régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general declarado contrario al Derecho comunitario (N.º de expediente 959/2012)

Por una determinada entidad se solicitó que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de no haberse beneficiado del régimen de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias contempladas en los artículos 24.5 y 27.1, 2 y 4 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contrario al Derecho comunitario mediante la Sentencia de 4 de febrero de 2010.

Los requisitos fijados por la jurisprudencia comunitaria para que la responsabilidad de un Estado miembro por las vulneraciones del Derecho comunitario que le sean imputables generen un derecho a la indemnización, dependen de la naturaleza de la violación del Derecho comunitario que origine el perjuicio causado, resumiéndose en los siguientes: a) que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares; b) que la vulneración del Derecho comunitario esté suficientemente caracterizada; c) que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas; d) que la lesión sea evaluable económicamente e individualizada.

El Consejo de Estado considera que, si bien cabe constatar una violación del Derecho comunitario derivada de la aprobación y mantenimiento en vigor del sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias, no cabe apreciar en la pretensión ejercitada por la reclamante la existencia de un daño indemnizable, pues no parece factible invocar los daños derivados de la imposibilidad de haber disfrutado de un sistema de bonificaciones declarado contrario a Derecho. Y es que no cabe entender que el restablecimiento del equilibrio empresarial en plena competencia pueda consistir en hacer efectivo un régimen de bonificaciones declarado contrario a esas reglas de competencia.

Estima el Consejo de Estado que al solicitarse el resarcimiento de tales perjuicios por la reclamante, se está presuponiendo un derecho del que carecía, puesto que dichas bonificaciones se referían a tráficos marítimos distintos a los desarrollados por aquélla. La reclamante no tenía derecho a disfrutar de las bonificaciones contempladas para los tráficos marítimos internos e intracomunitarios, en la medida en que su actividad estaba referida al transporte marítimo desde puertos españoles y hasta puertos de países terceros, de tal suerte que no es dable inferir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia un perjuicio indemnizable en este sentido. Por otra parte, en ningún momento se prueba que el tráfico de pasajeros y mercancías objeto de aquellas bonificaciones pudiese haber supuesto una desviación del volumen de actividad en el tráfico marítimo de la reclamante.

Consistiendo el objeto de la reclamación en obtener un beneficio económico igual al que afectaba a un tráfico marítimo distinto y que fue precisamente declarado contrario al Derecho europeo, haciendo aplicación a favor de la reclamante de la norma española expulsada del ordenamiento jurídico por contraria al Derecho europeo, resulta en todo punto rechazable.

Se hace constar también que el importe de las tasas portuarias satisfechas por la reclamante en razón de la actividad de transporte marítimo desarrollada debió ser trasladado a los usuarios de dichos servicios en los precios o tarifas cobrados por el transporte realizado, pues el análisis de la viabilidad económica-financiera del negocio presupone la toma en consideración de la totalidad de los costes en que ha de incurrir la empresa naviera para el desarrollo de la actividad de transporte marítimo, entre ellos, también el derivado de los tributos que, como las tasas portuarias, gravan dicha actividad. De este modo, la estimación de la pretensión de la reclamante supondría para ésta la obtención de un beneficio adicional al que se hubiere obtenido por el desarrollo ordinario de su actividad, lo que constituiría un enriquecimiento injusto.

Por todo ello, debe concluirse que no cabe apreciar la existencia de una lesión o perjuicio efectivo y real a los efectos de la pretendida declaración de responsabilidad patrimonial, razón por la cual se desestima la reclamación a que se refiere la presente consulta.