El Comité Europeo de las Regiones ha emitido, el pasado mes de octubre, un dictamen relativo a la situación actual de la contratación pública en el marco de la Unión Europea, que pone de relieve las dificultades que sigue enfrentando esta materia en la práctica. La extraordinaria producción normativa de los Estados miembros (derivada a su vez de la actividad legislativa de las instituciones europeas), la subsistencia de diferencias entre ellas y la ausencia de documentos normalizados, entre otras causas, siguen dificultando la creación del mercado único de la contratación.

El dictamen, basado entre otros documentos – que cita – en la Comunicación sobre “Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa”, la Comunicación sobre “Apoyar la inversión mediante una evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura” y la “Recomendación de la Comisión sobre la profesionalización de la contratación pública”, pide a la Comisión una “evaluación exhaustiva” acerca de la manera de transposición y la forma de aplicación de las directivas de 2014.

Solicita que ésta determine en qué medida las nuevas normas han simplificado o complicado la regulación en la materia incorporando o no de forma adecuada las Directivas, mejorado el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones, reducido las trabas burocráticas e incrementado la tasa de recurso a la contratación pública estratégica. Solicita que además se evalúe si han contribuido y con qué intensidad al incremento de la eficiencia del gasto público y a la mejora del empleo.

Constata que varios Estados miembros han tardado mucho tiempo en transponer las directivas y que todavía hoy siguen tratando de adaptarse a ellas, recurriendo a servicios de formación y consultoría; y considera que la “contratación pública estratégica ” ha añadido un “alto grado de complejidad a los procedimientos de licitación”. Lamenta que las normas sobre ayudas estatales y las normas europeas de contabilidad ejercen una presión de hecho para recurrir a la contratación pública como una manera “más sencilla” de atenerse a las normas de la Unión Europea en materia de competencia y de evitar los riesgos conexos de “sobrecompensación”, que limita la libertad de los Estados miembros en cuanto a la organización de los servicios públicos .

Por otro lado, manifiesta su preocupación por que la Comisión sugiera que las administraciones públicas están prácticamente obligadas a participar en licitaciones estratégicas para obtener mejores resultados en el ámbito social, incluso en materia de desarrollo sostenible e innovación, y que para ellas interactuar con los contratistas constituye un imperativo fundamental de naturaleza pública. Añade al respecto que la toma en consideración de los criterios ecológicos, sociales y relacionados con la innovación previstos en la reforma de 2014 debería dejarse a la apreciación de las autoridades públicas competentes, conforme al principio de autonomía local en la organización de los servicios públicos y atendiendo a criterios de oportunidad y a un análisis equilibrado de su impacto por lo que respecta a los costes y los resultados de la inversión. 

Destaca que, cuando los poderes públicos europeos hacen uso de su poder adquisitivo para elegir productos, servicios y obras respetuosos con el medio ambiente, pueden contribuir de manera considerable al consumo y la producción sostenibles, a una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por lo tanto, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a través del instrumento voluntario de la contratación pública ecológica; y pide por ello a la Comisión que ultime rápidamente las orientaciones sobre contratación pública en materia de innovación y la guía sobre una contratación pública socialmente responsable.

1.- Respecto de la Comunicación “Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa”, comparte la idea de que una gobernanza eficaz en materia de mercados públicos, en tanto que parte integrante de la calidad de la administración pública en el conjunto de la Unión Europea - función administrativa transversa- se incluya en el programa «Legislar mejor» de la Unión Europea.

Advierte sobre las consecuencias de la introducción de nuevas normas de contratación pública relativas al uso de herramientas digitales; sobre la insistencia en la transparencia y su uso estratégico, aspecto que “puede llegar a socavar la eficacia de los procedimientos”; y sobre el aumento de costes administrativos derivados de la falta de documentos normalizados y el incremento de procedimientos complejos. En relación con esto recuerda que la incorporación de las directivas no debería aumentar la complejidad de la regulación, circunstancia que sin embargo sí tiene lugar. No comparte la afirmación relativa a que el 55 % de las licitaciones se basa todavía en el criterio del precio más bajo, pues considera que no ha habido tiempo para evaluar el impacto de la trasposición de las directivas al respecto, además de que la adjudicación de un contrato basándose en el criterio del precio más bajo no significa necesariamente que en una licitación determinada no se hayan tenido en cuenta los objetivos sociales o medioambientales.

Pone de relieve que a consecuencia de la flexibilidad de que disponen los Estados miembros en cuanto a la manera de transponer las directivas, existen objetivos en los que no se avanza. Así ocurre con el acceso de las pymes a los contratos públicos y con las compras transfronterizas. En cuanto a las pymes y aunque su promoción fue considerada uno de los cinco ejes principales de la reforma acometida, se ha evidenciado que la simplificación de procedimientos no ha alcanzado un calado suficiente.

2.- En cuanto a la “Recomendación de la Comisión sobre la profesionalización de la contratación pública” acoge con satisfacción el texto en el que se preconiza que las administraciones públicas mejoren la eficacia y accesibilidad de las licitaciones y las aprovechen para impulsar la innovación y la digitalización. Comparte la necesidad de que los Estados miembros se esfuercen en favor de una rápida transformación digital de los procedimientos y la introducción de procesos electrónicos para la totalidad de las etapas principales.

Considera que determinadas iniciativas de la Comisión Europea son fundamentales para lograr una aplicación satisfactoria del marco normativo sobre contratación pública, pero considera necesario evaluar su eficacia, añadiendo que “las nuevas acciones deben estar plenamente justificadas, si se quiere evitar imponer cargas administrativas no necesarias a los entes locales y regionales, y lamenta que no insista en la necesidad de un proceso de profesionalización de la contratación pública que sin embargo considera indisoluble de la buena gobernanza.

Valora de forma positiva la Propuesta de Reglamento por el que se establece el programa sobre el mercado único, en la que se prevé la posibilidad de apoyar medidas para avanzar en la contratación pública estratégica, la profesionalización de los compradores del sector público, la mejora del acceso de las pymes a los mercados de contratación pública, la mayor transparencia, integridad y mejora de los datos, el impulso de la transformación digital de la contratación pública y el fomento de la contratación pública conjunta, pero considera necesario ofrecer más orientación sobre los formularios electrónicos y los procedimientos de contratación pública electrónica para evitar que los planteamientos nacionales entren en conflicto con el planteamiento de la Unión Europea y que los entes locales y regionales carezcan de certeza sobre cuándo y cómo utilizar los distintos formularios y procedimientos.

3.- En lo concerniente al documento “Apoyar la inversión mediante una evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura”, el informe se congratula por el carácter voluntario del mecanismo ex ante y se muestra convencido de que desempeñará un papel decisivo para reducir el riesgo de retrasos y rebasamientos presupuestarios como consecuencia de las dificultades surgidas en el marco de los procedimientos de licitación relativos a proyectos transfronterizos de gran envergadura.

Pide a la Comisión que, en el momento de la publicación de información en la página web dedicada al mecanismo ex ante o de la divulgación de datos a través del mecanismo de notificación y del mecanismo de intercambio de información, garantice la protección de la información comercial confidencial y haga respetar la confidencialidad de los datos que podrían utilizar los proveedores para distorsionar la competencia. Solicita de aquélla, por lo demás, que especifique cómo podría el mecanismo ex ante tratar determinados problemas generados por el incremento en el número de demandas interpuestas en virtud de la Directiva sobre procedimientos de recurso.

En definitiva, el dictamen evidencia que a pesar de las muchas novedades incorporadas por las nuevas directivas, siguen existiendo dificultades notables para la consecución del mercado único en materia de contratación pública, así como que en ocasiones, tanta producción normativa dificulta, en lugar de facilitar, la comprensión y aplicación del derecho que disciplina un sector complejo y cambiante como éste.