No debe confundirse la titularidad de la competencia portuaria por parte de las Comunidades Autónomas con la del dominio público portuario. La adscripción no es equiparable a ninguno de los derechos que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. Sentencia de la Audiencia Nacional (sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª) de 13 de noviembre de 2013.

En el presente recurso contencioso-administrativo, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía impugnó una Resolución del Tribunal Económico-administrativo Central desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del Tribunal Económico-administrativo Regional de Andalucía mediante la que se desestimó la reclamación interpuesta contra el acuerdo adoptado por la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz desestimatorio del recurso de reposición promovido contra la titularidad catastral de un inmueble solicitando la baja de la titularidad catastral atribuida a la Agencia Pública sobre el inmueble en cuestión.

Sobre la cuestión planteada se pronunció con anterioridad el Tribunal Supremo manifestando que todo el dominio público portuario forma parte del dominio público marítimo terrestre, considerando con ello que todo el dominio portuario pertenece al dominio público marítimo terrestre estatal y que los puertos de competencia de las Comunidades Autónomas siguen conservando la titularidad estatal y se encuentran meramente adscritos a aquéllas, habiéndose producido simplemente una transferencia de las competencias sobre los puertos.

En este sentido se citan los artículos 132.2 de la Constitución, que establece que el dominio marítimo terrestre, del que es una subespecie el dominio público portuario, es de titularidad estatal; el artículo 14 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del Estado, de acuerdo con el que el dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a dicha Comunidad; el artículo 16 de la citada ley, según el que los espacios del dominio público marítimo-terrestre que sean necesarios para el ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que les correspondan estatutariamente en materia de puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración del Estado; y el artículo 15.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, que establece que se integrarán en el dominio público portuario los bienes de dominio público marítimo terrestre adscritos por la Administración del Estado, sin perjuicio de la titularidad dominical del mismo.

Considera por todo lo anterior el Tribunal Supremo que no debe confundirse la titularidad de la competencia portuaria por parte de las Comunidades Autónomas con la del dominio público portuario, indicando que la adscripción no es equiparable a ninguno de los derechos que constituyen el hecho imponible sobre los bienes inmuebles y señalando que no concurre con el título de adscripción de las instalaciones por el Estado el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecido legalmente, no siendo la Agencia Pública Puertos de Andalucía, en consecuencia, sujeto pasivo del mismo.

Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: a) concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, b) derecho real de superficie, c) derecho real de usufructo, d) derecho de propiedad.

Sostiene la Audiencia Nacional que ni la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni por tanto su ente gestor en materia portuaria -la Agencia Pública de Puertos de Andalucía- ostentan sobre el Puerto en cuestión ninguno de los mencionados derechos, debiendo concluirse de todo lo anterior que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la persona de su ente gestor en materia portuaria, no es sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes inmuebles, pues ni la titularidad de la competencia portuaria, ni la adscripción demanial que el Estado para su ejercicio le realiza, constituyen hecho imponible del referido impuesto.

Por las razones expuestas, la Audiencia Nacional estimó el recurso al no ser la Agencia Pública de Puertos de Andalucía titular catastral del bien inmueble litigioso sobre la base de una propiedad plena del mismo.