Caducidad de concesión demanial para la ocupación de una nave industrial en el Puerto de Vigo como consecuencia del incumplimiento por la entidad concesionaria de la obligación de reponer la garantía de explotación y considerarse tal incumplimiento de carácter esencial que perjudica gravemente al interés público inmanente en las concesiones demaniales (N.º de expediente 249/2013)

Se plantea la procedencia de la declaración de caducidad de una concesión para la ocupación de una nave industrial en el Puerto de Vigo como consecuencia de la falta de reposición de la garantía de explotación por la concesionaria, ascendiendo el importe adeudado a la Autoridad Portuaria a una cuantía 2,8 veces superior al importe de la fianza de explotación que debía haberse constituido.

Manifiesta el Consejo de Estado que es criterio consolidado de dicho órgano consultivo que al constituir la caducidad la sanción máxima que puede afectar a la relación concesional, sólo los incumplimientos de carácter esencial que perjudican gravemente al interés público inmanente en las concesiones demaniales pueden motivar la declaración de caducidad.

En el supuesto concreto, del análisis de las actuaciones realizadas resulta que la concesionaria incumplió la obligación esencial de la concesión consistente en la reposición de la garantía de explotación, a pesar de haber sido requerida a tal fin hasta en tres ocasiones por la Autoridad Portuaria. En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.j) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la falta de reposición de la garantía de explotación previo requerimiento de la Autoridad Portuaria constituye causa de caducidad de la concesión.

Se expone además que, de lo actuado, se infiere que la concesionaria no cumplió con la obligación de abonar las tasas establecidas, desprendiéndose del expediente que el impago se extiende a un plazo superior a los doce meses que el artículo 98.1b) del citado texto fija como determinante para la incoación del correspondiente expediente de caducidad de la concesión.

Por todo lo anterior, el Consejo de Estado dictamina que procede declarar la caducidad de la concesión.