Con el objetivo de aumentar los niveles de inserción financiera y frenar operaciones como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, el BCP reguló el uso del dinero electrónico, dotándolo de gran seguridad, a través de la creación de la figura de las EMPES.

Desde que el año pasado una compañía registrara dos millones de transacciones por valor de USD 1300 millones de dólares, el Banco Central del Paraguay (BCP) puso énfasis al proyecto que pretende regular los giros en efectivo y transacciones de compras que se gestionan a través de la telefonía móvil y establecer lineamientos para las entidades de medios de pagos electrónicos (EMPES), en este caso las compañías telefónicas que realizan dichos servicios, cada vez con mayor aceptación por parte del público.

Las compañías de telefonía que realicen giros y pagos utilizando como medio el teléfono celular, quedarán sujetas al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB), que pasará a ser el órgano regulador de las entidades identificadas como EMPES.

El BCP dotó de la seguridad necesaria al dinero electrónico, gracias a la Resolución N° 6, aprobada por el Directorio del BCP, según Acta 18 del 13 de marzo de 2014. Las operaciones con dinero electrónico serán: conversión y reconversión; pagos y transferencias electrónicas no bancarias.

A modo de facilitar la inserción de mayor cantidad de personas en el sistema bancario, a través de la gestión remota y con requisitos mínimos, el tope de 40 jornales mínimos para las transacciones, no limita a las personas a realizar giros de mayor monto, sino que a partir de esa cifra el cliente deberá solicitar una cuenta de ahorro a través de una entidad financiera desde su propio celular, sin necesidad de ir hasta una entidad bancaria a realizar los trámites.

La normativa pretende, entre otros puntos, aumentar los niveles de inserción financiera y frenar operaciones que puedan financiar LD/FT/FP (lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva).