Tanto la OCDE como la Unión Europea han mostrado un creciente interés por las posibilidades que ofrece la fiscalidad ambiental. Una tributación bien diseñada puede proporcionar oportunidades para animar a ciudadanos e inversores a optar por recursos menos contaminantes.

Existe un amplio consenso científico en relación con la influencia humana sobre el clima, en particular como consecuencia del incremento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Por ello, como indica el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), actualmente en proceso de revisión, son necesarias medidas de adaptación y mitigación para reducir y gestionar los riegos del cambio climático y, a tal efecto, se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos que han de actuar de forma coordinada para incrementar su efectividad.

En este contexto, existe también en la actualidad un amplio consenso sobre el papel que puede jugar la fiscalidad, cuyas raíces están cerca de cumplir 100 años. En efecto, se suele mencionar al economista inglés Pigou como el precursor de la fiscalidad ambiental, cuando en 1920 apuntó la necesidad de compensar los daños en los bosques resultantes de los incendios provocados por las chispas del ferrocarril o los perjuicios producidos a la sociedad cuando el propietario de unas tierras situadas en un lugar de la ciudad donde había villas y jardines edificaba una fábrica y destruía gran parte de las ventajas que se obtenían de la belleza del lugar y pureza del aire. Pero Pigou no solo propuso el establecimiento de impuestos en estos supuestos, sino también la posibilidad de otorgar incentivos a los propietarios que invertían recursos en jardines privados mejorando la calidad del aire, a los recursos dedicados a la repoblación forestal por sus efectos beneficiosos sobre el clima o a los recursos aplicados a evitar que se extendiera el humo procedente de las chimeneas de las fábricas. Partiendo de este planteamiento, como advirtió Coase en 1960, la solución no siempre se encontrará en el establecimiento de un impuesto, sino que podrían existir otros instrumentos económicos más adecuados, siendo su aportación muy relevante para el desarrollo teórico de los mercados de derecho de emisión de gases de efecto invernadero.

La preocupación por el efecto del hombre sobre el medio ambiente se acrecentó a partir de los años 70 del siglo pasado. En 1972 la OCDE formuló el principio "quien contamina paga". En 1987, el Acta Única Europea introdujo un nuevo título sobre medio ambiente, que constituyó la primera base jurídica para una política común en materia de medio ambiente en la que se ha venido profundizando en los siguientes tratados con los objetivos de promover el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático.

En los sueños sucesivos, la teoría económica ha continuado realizando aportaciones adicionales de sumo interés. Cabe destacar los trabajos de Pearce publicados en 1991, quien, analizando el papel de los impuestos sobre el carbono para luchar contra el calentamiento global, enunció la teoría del doble dividendo de los impuestos ambientales. Conforme a esta teoría, la imposición ambiental reduciría los problemas ambientales (primer dividendo) y además permitiría obtener unos ingresos fiscales adicionales que podrían destinarse a reducir impuestos distorsionantes, como los que gravan la renta (doble dividendo). A partir de ahí, mucho se ha discutido sobre la posibilidad de modificar los sistemas tributarios mediante la introducción de una reforma fiscal verde neutral en términos recaudatorios, modificando la proporción en la que cada tributo contribuye en la recaudación total, de tal forma que sin incrementar la presión fiscal global se obtengan resultados positivos tanto para el medio ambiente como para la creación de empleo.

Estos sugerentes estudios no han pasado desapercibidos en el ámbito internacional. Tanto la OCDE como la Unión Europea han mostrado un creciente interés por las posibilidades que ofrece la fiscalidad ambiental, alentando que los Estados profundicen en esta materia.

Así, por ejemplo, podemos citar el reciente estudio de la OCDE Taxing Energy Use 2019. Using Taxes for Climate Action. Constatando el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 relacionadas con la energía establecidos en el Acuerdo de París, resalta las oportunidades que, bien diseñada, ofrece la fiscalidad energética para animar a los ciudadanos e inversores a optar por fuentes de energía menos contaminantes. Frente a otros instrumentos, los impuestos sobre los carburantes y el carbono pueden ser herramientas sencillas y rentables para limitar el cambio climático. No obstante, también destaca que los impuestos no son los únicos instrumentos políticos para fijar el precio del carbono, haciendo una especial referencia a los sistemas de comercio de emisiones que se vienen ampliamente utilizando en la Unión Europea, los cuales pueden ser tan eficaces y eficientes como los impuestos al carbono. Por otra parte, señala que la mayoría de los países fomentan el cambio a fuentes más limpias gravando más los combustibles que las fuentes de energía menos contaminantes, pero también advierte la existencia de ciertas inconsistencias en otros países que no diferencian entre las distintas fuentes de energía, lo que conlleva obstáculos para la promoción de las fuentes de energía más limpias y desalienta una reducción más fuerte de las emisiones mediante la electrificación. Por ello, concluye que la adopción de reformas fiscales en el sector de la electricidad con un carácter neutral desde el punto de vista recaudatorio podrían reforzar los incentivos destinados a reducir las emisiones.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la fiscalidad, tanto en su vertiente negativa (creación de nuevos tributos) como en su vertiente positiva (reducción de tributos y establecimiento de incentivos fiscales), ofrece múltiples oportunidades siempre que las medidas adoptadas se encuentren correctamente definidas, integradas en el conjunto del sistema tributario y coordinadas con las políticas ambientales.