El pasado miércoles 3 de julio, el Parlamento Europeo apoyó por un margen muy ajustado, la propuesta de la Comisión de retrasar de la subasta 900 millones de derechos de emisión (EUA) entre 2013 y 2015 a fin de encarecer su precio (backloading). El excedente, cada vez mayor, de derechos de emisión desde el inicio del tercer periodo 2012-2020, causado por una oferta inicial excesiva y por la recesión económica, ha provocado que el precio del carbono haya ido cayendo hasta situarse por debajo de los niveles de eficacia previstos en el momento de la creación del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS, en sus siglas en inglés) como instrumento de reducción de emisiones de CO2.

Se recuerda que esta reforma del mercado había sido rechazada en la votación de la Eurocámara el pasado 16 de abril, debido, en parte, a la presión ejercida, entre otros, por los sectores industriales altamente dependientes energéticamente o por el sector del carbón español, lo que provocó una caída de los precios de los derechos. De nuevo, la propuesta volvió a la Comisión de Medio Ambiente de PE que adoptó, el 19 de junio, por 334 votos a favor frente 315 en contray 63 abstenciones, una nueva versión de backloading, no tan intervencionista como la propuesta original, ya que limita la injerencia de la Comisión a una única vez y a un máximo de 900 millones.

En tales términos y a pesar de la campaña en contra llevada a cabo por determinados sectores industriales, finalmente la Comisión Europea y sus políticas de lucha contra el cambio climático, junto con los intereses de los lobbies gasistas y de las energías renovables han tenido más peso, aprobándose no subastar hasta 900 millones de EUA, por 344 votos a favor, 311 en contra y 46 abstenciones, sin necesidad, como correctivo, de reintroducir esas cantidades progresivamente, ni de crear un fondo para compensar el incremento de los costes energéticos, tal y como planteaban algunas de las propuestas de los populares europeos.

Las reacciones ante esta noticia no se han hecho esperar. Por un lado, organizaciones ecologistas como Greenpeace expresaron su satisfacción en la medida que considera que animará a las empresas a invertir en tecnologías de bajo consumo de carbono y fomentará la innovación en fuentes de energía alternativas. Por otro lado, sectores industriales altamente dependientes energéticamente, como la Asociación Europea del Acero y la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (integrada por Anfac, Aop, Aspapel, Feique, Oficeme y Unesid) han criticado, oficialmente, la propuesta aprobada por entender que aumentará el precio de la energía, perjudicando a la industria en un contexto económico de crisis como el actual y creando un desequilibrio competitivo entre las industrias intensivas en energía de la UE y otras zonas geográficas.  

Con todo, si se acude al mercado, antes y después de la votación de backloading, el precio del EUA, durante lo que llevamos de periodo, ha llegado a un mínimo de 2,85 €/tco2 y a un máximo de 4,86 €/tco2, manteniéndose desde el día 4 de julio en unos 4 €/tco2 frente a las estimaciones de entre 25-30€/tco2 que se calcularon al poner en marcha el EU ETS.  

En definitiva, dudamos de que realmente la propuesta tenga, en los próximos años, los efectos anunciados primeramente sobre el precio de la tonelada de CO2 y, ulterior y consiguientemente sobre la inversión e innovación. Más bien, tenemos la sensación de que la misma despista no entrando a valorar el problema (la eficacia del sistema) sino más bien respondiendo a la práctica <<cambiar todo para que nada cambie>>.  

En cualquier caso, el hecho de que la propuesta deba ser aceptada por los Estados Miembros en el Climate Change Comittee del Consejo de la UE, que podría tener lugar en octubre, implica que no entrará en vigor, al menos, hasta mediados de 2014.