A apenas unos días de que la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) celebre su 9ª sesión anual, en la que analizará las novedades del Reglamento General de Protección de Datos (“RPGD”), la autoridad de control española continúa publicando documentos para facilitar el cumplimiento de la nueva norma europea, que, recordemos, será plenamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

Así, el pasado 19 de mayo, la AEPD publicó dos nuevos documentos con los que pretende concienciar a las Administraciones Públicas sobre la importancia del RGPD y fomentar su cumplimiento en este ámbito.

En el documento titulado “El impacto del RGPD sobre la actividad de las AAPP”, la AEPD resume en 15 puntos los aspectos más relevantes a cumplir una vez el RGPD sea aplicable; entre ellos, identifica las siguientes necesidades: la de identificar con precisión las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que llevan a cabo (teniendo en cuenta que en muchos casos esa base jurídica será el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos), la de obtener el consentimiento mediante una clara acción afirmativa (recordando que el consentimiento tácito dejará de ser válido incluso para los tratamientos iniciados con anterioridad), la de adecuar la información sobre el tratamiento de datos a las exigencias del RGPD, la de establecer mecanismos para dar respuesta al ejercicio de derechos, la de adecuación de los contratos de encargo de tratamiento a los requisitos del RGPD, la de establecer un registro de actividades de tratamiento, la de establecer mecanismos para identificar y reaccionar ante violaciones de seguridad, la de valorar qué tratamientos requieren una evaluación de impacto y la de designar un delegado de protección de datos.

Sobre este último punto, la AEPD ha publicado también el documento “El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas”, en el que sistematiza la posición, funciones y cualidades profesionales de esta figura, y realizar algunas precisiones respecto de su papel en el ámbito de las Administraciones Públicas, ya que su designación para autoridades y organismos públicos es obligatoria.