La acumulación de procesos por extinción del contrato por voluntad del trabajador, por incumplimientos graves de empresario, ex artículo 50 del ET y despido, legitima al trabajador a percibir los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido y hasta la fecha en que se dicte sentencia estimatoria de las pretensiones del trabajador.

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de marzo de 2018 [JUR\2018\98206]

El trabajador fue cesado por su empleador como consecuencia del cambio en la titularidad de la contrata. Sin embargo, antes de ello, con fundamento en la falta de ocupación efectiva y, por ende, incumplimientos empresariales graves, el empleado había instado la resolución de la relación laboral ex artículo 50 del ET.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, previa estimación del recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, condena a la empresa, además de al pago de la indemnización legal por despido ya reconocida por la sentencia de instancia, al abono de los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de efectos del despido hasta la fecha de la sentencia del Juzgado de lo Social.

Frente a la sentencia anterior, la empresa interpuso recurso de casación en unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El objeto de dicho recurso estriba en determinar si en aquellos supuestos en los que se produce una acumulación de procesos relativos a la extinción del contrato de trabajo, la sentencia de instancia que declara resuelta la relación laboral por voluntad del trabajador, así como la improcedencia de despido, además de condenar a la empresa al pago de la indemnización correspondiente, debe o no imponer la obligación de abonar al trabajador los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del despido hasta aquella fecha en que se dicta la resolución judicial declarando la improcedencia de la extinción.

Con respecto a esta cuestión, nuestro Alto Tribunal concluye que en los supuestos que el Juzgado de lo Social conozca de las acciones acumuladas (i) de demanda por extinción del contrato, ex artículo 50 del ET y (ii) demanda por despido, y después de estimar la demanda relativa a la extinción del contrato (art. 50 del ET), el Juzgado, ulteriormente, declare la improcedencia del despido con respecto a la segunda de las acciones acumuladas, ha de observar las siguientes exigencias para la adecuada efectividad de ambos pronunciamientos: 

- En primer lugar, la estimación de la demanda por extinción del contrato por incumplimientos empresariales, al amparo de la regulación prevista en el art. 50 del ET, debe conllevar la obligación de pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador hasta que el órgano judicial estime dicha demanda, sin que a ello sea óbice que en dicho período no haya existido prestación de servicios por una decisión empresarial calificada como no ajustada a derecho. 

- Y, en segundo lugar, la declaración de extinción del contrato por tal causa impone que la calificación del despido como improcedente no permita el ejercicio del derecho de opción por parte de la empresa (imposibilidad de optar por la reincorporación).

El Tribunal Supremo concluye que esta solución no entra en contradicción con la obligación del pago de los salarios de tramitación derivados de la declaración de improcedencia del despido al supuesto en que el empresario opte por la readmisión, pues en este caso no cabe esa alternativa de readmisión como consecuencia de la estimación de la demanda por extinción del contrato de trabajo por graves incumplimientos del empresario, todo ello de conformidad con la regulación preceptuada en el artículo 50 del ET.