El BOE del día 10 de mayo publica la Ley 9/2014, de Telecomunicaciones. Las medidas orientadas a facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida, la simplificación de trámites administrativos y los cambios respecto a los obligados a financiar el servicio universal son algunas de las novedades más significativas. 

El día 11 de mayo  ha  entrado  en  vigor  la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicacio- nes que deroga a sus predecesoras la Ley 11/1998 y 32/2003, General de Telecomunicaciones y modifica numerosas normas del  ordenamiento (la Ley 13/2011, del juego; la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de  la  información;  la Ley 38/1999, de  ordenación  de  la  edificación; la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas; el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestruc- turas comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación; la Ley 59/2003, de firma electrónica y la Ley 7/2010, general de la comunicación audiovisual). De forma muy sintéti- ca, se exponen a continuación las cinco principales novedades introducidas por la Ley, posponiendo para sucesivos trabajos el análisis y exposición pausada del resto de su contenido.

  1. .º Reconocimiento  de  amplios  derechos de  ocupación  del  dominio  público,  de la propiedad privada y de uso com- partido    de infraestructuras para el despliegue de redes y proscripción de los derechos preferentes o exclusivos. Con el propósito de incentivar la inversión en nuevas redes (especialmente las de banda ancha rápida y ultrarrápida) y evitar los con- flictos que históricamente han enfrentado a operadores y administraciones territoriales e incluso a éstas entre sí, la nueva Ley esta- blece diversas medidas encaminadas a con- solidar un derecho de todos los operadores a la ocupación de la propiedad y al uso com- partido de infraestructuras para el despliegue de redes y prestación de servicios de teleco- municaciones, independientemente de quien sea su titular y siempre que no haya razones (de salud pública, preservación del patrimo- nio o del medio ambiente, prestación de otros servicios de interés general) que aconsejen la no duplicación de las redes. Así, se obliga a los titulares del dominio público a garanti- zar el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discrimina- torias, sin que en ningún caso pueda esta- blecerse derecho preferente o exclusivo de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones elec- trónicas y quedando excluida expresamente la asignación de derechos de ocupación o de uso del dominio público para la instalación o explotación de una red mediante procedi- mientos de licitación (art. 30); en simila- res términos, se reconoce a los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones  electrónicas  el   derecho de acceso a cualquier infraestructura de titu- laridad pública o privada,  susceptible de ser utilizada para el despliegue de redes (ej. tubos, postes, conductos, cajas, cámaras, armarios y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar y alber- gar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos…), previo acuerdo entre las partes, que en caso de conflicto podrán acudir a la Comisión Nacional de los Merca- dos y la Competencia, y mediante el pago de las correspondientes compensaciones. (cfr. arts. 36, 37 y 38). En particular, este acceso se reconoce en relación con las infraestruc- turas viarias, ferroviarias, puertos, aeropuer- tos, abastecimiento de agua, saneamiento, y del transporte y la distribución de gas y electricidad. 

Por otra parte, se incentiva la instalación de los tramos finales de las redes fijas de comunica- ciones electrónicas de acceso ultrarrápido en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban acogerse, al ré- gimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean ob- jeto de arrendamiento por plazo superior a un año bien mediante el uso de las infraestructu- ras comunes de comunicaciones electrónicas o bien mediante el despliegue de infraestructu- ras por cada operador, previa comunicación a la comunidad de propietarios (art. 45).

  1. .ª Intervención del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planificación urbanística. Especialmente conflictivo desde el punto de vista competen- cial se presenta el artículo 38 que regula me- canismos de colaboración entre el MINETUR y las administraciones públicas territoriales para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esta colabora- ción se concreta en la exigencia de informe preceptivo y vinculante emitido por el Minis- terio en todo procedimiento de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse  el  correspondiente  instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones. Incluso se insta al MINETUR a aprobar reco- mendaciones, que podrán contener modelos de ordenanzas municipales, para la elabora- ción de las normas o instrumentos que afec- ten al despliegue de redes e infraestructuras por parte de las administraciones públicas competentes. 
  1. .ª Simplificación de trámites administrati- vos. Las autorizaciones y licencias (de obra, instalaciones, de funcionamiento o de acti- vidad, o de carácter medioambiental u otras similares) para el despliegue de ciertas ins- talaciones e infraestructuras, incluidas las estaciones o infraestructuras radioeléctricas, se sustituyen por declaraciones  responsa- bles (art. 37.6) y se excluye cualquier tipo de autorización o declaración  responsable para la realización de mejoras de innovación tecnológica o adaptación técnica que supon- gan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil (art. 37.7).

En este contexto, también se prevé la susti- tución por una declaración responsable y por una certificación expedida por técnico com- petente de la aprobación del proyecto técnico y de la inspección o del reconocimiento fa- vorable de las instalaciones por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, requeridas con carácter previo a la utilización del dominio público radioeléctrico (art. 62.9).

Las solicitudes de licencias o autorizaciones, necesarias con arreglo a la normativa ante- rior, en tramitación podrán resolverse confor- me a la nueva normativa, si el solicitante opta por esta alternativa antes de la resolución final (DT 7ª y DT 12ª).

  1. .ª  No todos los operadores están obligados a financiar el servicio universal. La nue- va Ley sólo obliga contribuir a la financiación del servicio universal a aquellos operadores cuyos ingresos brutos globales anuales exce- dan de los cien millones de euros, cifra que podrá ser actualizada o modificada mediante real decreto, en función de la evolución del mercado (arts. 27.2 y 3 Ley 9/2014 ).
  1. .ª Las administraciones públicas sólo po- drán explotar redes y prestar servicios de telecomunicaciones a terceros a tra- vés de operadores controlados, directa o indirectamente, por dicha administra- ción y sometidos al principio de inversor privado. Estos  operadores deberán facilitar a los demás operadores el acceso y el uso compartido a las infraestructuras y recursos asociados utilizados por ellos para la insta- lación y explotación de redes de comunica- ciones electrónicas en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no dis- criminatorias (art. 9) y tendrán que adaptar- se a las nuevas exigencias en el plazo de un año (DT 2ª).

Además de estos cinco cambios principales, me- recen ser destacadas otras novedades de menor trascendencia: 

  • En relación a los derechos de los usuarios, junto a los clásicos (derecho a la información, a la baja anticipada, a la factura desglosa- da…), constituye una novedad el reconoci- miento expreso de  los  siguientes  derechos de los usuarios finales: a) resolución auto- mática de contratos tras el fin del proceso de cambio de operador con conservación del nú- mero (art. 47.1,c); b) derecho a compensa- ción, incluso automática, en caso de retrasos o abusos en la conservación de los números (art. 47.1,c); c) derecho a la desconexión de ciertos servicios y  al  acceso  a  “servicios de distinta consideración” sólo previa petición expresa del usuario (art. 47.1,e); d) la expresa constatación de que la aprobación administra- tiva de los contratos tipo “no excluye el control ni administrativo ni judicial de las condiciones generales de la contratación contenidas en los citados contratos, conforme a la normativa vi- gente” (art. 47,g); e) derecho a recibir justi- ficante del contrato celebrado por escrito o en cualquier otro soporte duradero (art. 53.4).
  • Se modifican las reglas del cálculo de las tasasadministrativas (anexo I, DT 6ª)
  • Se habilita a la SETSI para efectuar, en cualquier momento, una protección activa del dominio público radioeléctrico mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados (artículo 65).