Tal como informamos a través de la Alerta Informativa Concursal del pasado 21 de marzo, en fecha de 8 de marzo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (en adelante el RDL 4/2014).

Esta norma introduce importantes modificaciones en la Ley Concursal y en otras normas de ámbito mercantil, con la finalidad principal de mejorar la posición patrimonial del deudor en la fase preconcursal, mediante la facilitación de acuerdos de refinanciación y de capitalización entre el deudor y los acreedores.

Las modificaciones en el ámbito concursal y mercantil vienen acompañadas de unas medidas fiscales que obedecen a la misma finalidad, y que son objeto de comentario a través de esta Alerta Informativa Fiscal.

Las modificaciones fiscales introducidas por el RDL 4/2014 tienen como propósito:

  • Reducir la tributación directa en el Impuesto sobre Sociedades (IS) del deudor por las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos;
  • Diferir la tributación directa (IS) del deudor derivada del registro contable de los acuerdos de quitas y esperas como consecuencia de la aplicación de la Ley Concursal;
  • Eliminar la tributación indirecta (ITPAJD) del deudor por las escrituras que se otorguen para documentar quitas o esperas, cuando estén incluidas en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos por la Ley Concursal.
  1. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    1. Modificación del criterio de valoración de las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos

Se modifican a tal efecto los apartados 1, 2 y 3 del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS).

 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2014, el RDL 4/2014 introduce una excepción a la regla general regulada en el artículo 15 del TRLIS por la que los elementos patrimoniales aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación deben valorarse fiscalmente por su valor de mercado.

Dicha excepción se ha establecido para las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos, y consiste en que estas se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea su valoración contable.

De esta manera se evita que el deudor que capitaliza la deuda deba tributar por el resultado contable que en su caso pudiera resultar de la capitalización, por la diferencia entre el valor mercantil de la ampliación de capital y el valor de mercado del crédito (previsiblemente inferior).

Por su parte, el acreedor tampoco verá alterada su situación patrimonial, salvo en aquellos casos en que hubiera adquirido la deuda a un tercero con carácter derivativo por un precio inferior a su valor nominal, y en tal caso reconocerá un ingreso tributable en su declaración del IS.

Aunque la postura del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en relación con el tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de créditos, es la de reconocer cualquier diferencia que pudiera existir entre el valor en libros de la deuda/crédito que se capitaliza y su valor de mercado, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, tanto en sede del deudor como del acreedor -Consultas n.º 5 del BOICAC 79/2009 y n.º 4 del BOICAC 89/2012-, la Dirección General de Tributos en su consulta V2220-13 de 05/07/2013, sobre la condonación o capitalización de un crédito que posee una entidad frente a otra, ya venía estableciendo que, en el ámbito fiscal, el valor de mercado de la capitalización o condonación se corresponde con la obligación contractual de la deuda entre las partes, sin que se tenga en cuenta el deterioro de valor contabilizado de la misma, de forma que no se genera ningún ingreso tributable en el deudor ni un gasto fiscal para el acreedor como consecuencia de la condonación o capitalización de un crédito.

En consecuencia, tal y como se indica en la Exposición de motivos del RDL 4/2014, “se recoge así, expresamente en la ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas”.

La modificación del artículo 15 del TRLIS ofrece una mayor garantía sobre la no tributación del deudor por estas operaciones, especialmente también en la medida en que la V2220-13 contemplaba una operación en la que el prestamista aportante era socio 100% de la entidad prestataria y la nueva modificación no establece distinción, aplicándose el criterio fiscal de valoración aunque la capitalización de los créditos provenga de un acreedor no socio.

Sin embargo, debemos notar que el nuevo régimen establecido puede ser fiscalmente perjudicial para aquel acreedor no socio que decide aportar su crédito, pues, a diferencia de antes, la aportación no le permitirá generar una pérdida fiscal y, si hubiera deteriorado previamente el crédito, deberá revertir la dotación fiscalmente al efectuar la ampliación de capital. Recordemos que el deterioro de cartera tampoco es ya fiscalmente deducible, por lo que, como ya se ha indicado, el acreedor no vinculado puede encontrar ahora cierta penalización fiscal por la capitalización de sus créditos.

Asimismo queda sin aclarar el tratamiento fiscal de estas operaciones cuando la aportación o condonación del crédito se lleva a cabo como aportación a fondos propios, es decir, sin ampliación de capital.

  1. Modificación del criterio de imputación temporal en relación con los acuerdos de quitas y esperas.

Los acuerdos de quitas y esperas que se puedan producir entre deudor y acreedor darán lugar al reconocimiento de una renta gravable por el ingreso contable que surja de esos acuerdos, en la medida en que la reducción del importe del pasivo genera un ingreso en la cuenta de resultados.

A fin de evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, el RDL 4/2014 introduce, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2014, un nuevo apartado al artículo 19 del TRLIS según el cual, para los supuestos de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley Concursal:

  • El ingreso contable que se registre se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad a la contabilización de dicho ingreso los gastos financieros derivados de esa deuda y hasta el límite del citado ingreso. (La modificación introducida no especifica cómo deben imputarse fiscalmente los gastos financieros anuales que excedan del importe del ingreso, en dicho caso).
  • Cuando el importe del ingreso contable sea superior al de los gastos financieros pendientes de registrar derivados de la misma deuda, su imputación en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.

Con relación a la tributación ocasionada por las quitas de los créditos, ya se había producido una modificación en la norma para reducir su impacto, estableciéndose que los ingresos generados por las quitas fueran compensables con bases imponibles negativas previas sin ninguna limitación, cuando los acreedores fueran no vinculados con el sujeto pasivo, sin necesidad de que las quitas procedieran de acuerdos en un procedimiento Concursal. (Ver Alerta Informativa Fiscal de 30 de octubre 2013).

  1. Limitación del supuesto de causa de exclusión/extinción del grupo fiscal.

Tal como se informó en la Alerta Informativa Concursal de 21 de marzo, la nueva modificación de la Ley Concursal introducida por el RDL 4/2014 ha prorrogado temporalmente para las sociedades cuyo ejercicio social cierre en el año 2014 el régimen excepcional que excluye el cómputo de las pérdidas por deterioro de Inmovilizado Material, Inversiones Inmobiliarias, Existencias y Préstamos y partidas a cobrar, a los efectos de determinar la existencia de causa de reducción de capital, de disolución obligatoria o de presupuesto objetivo de concurso.

Desde el punto de vista fiscal, esta modificación limita el supuesto de causa de exclusión o extinción (en caso de tratarse de la sociedad dominante) del grupo fiscal, regulada en el artículo 67.4.b) del TRLIS, en el que se prevé que no podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades que, al cierre del período impositivo, se encuentren en situación de concurso o incursas en la situación patrimonial de causa de disolución obligatoria.

  1. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOSALERTA INFORMATIVA

En el ámbito de la tributación indirecta, y para facilitar los acuerdos de refinanciación o de pago, se introduce un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que deja sin tributación a las escrituras que se otorguen para documentar quitas o esperas, cuando estén incluidas en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos por la Ley Concursal, siempre que la condición del sujeto pasivo recaiga en el deudor. La modificación se introduce con efectos desde el 9 de marzo de 2014.

  1. OTRAS MODIFICACIONES
    1. Modificación de la DT 1.ª de la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las CCAA

Se suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en la  que se establecía que en las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación correspondientes a cada año se deducirían, en su caso, los pagos realizados en ese año a cada Comunidad Autónoma por las recaudaciones de ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio.