Se interpuso recurso contencioso-administrativo por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 24 de septiembre de 2009 mediante la que se estimaba acreditada la comisión de la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 81 del Tratado CE llevada a cabo por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), y los sindicatos Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), CIG y LAB, mediante la firma y puesta en funcionamiento del IV Acuerdo para la regulación de las Relaciones Laborales del Sector de la Estiba Portuaria.

En dicha resolución se estima que el referido Acuerdo contiene disposiciones por las que extiende su aplicación a empresas y trabajadores distintos de la estiba, es decir, a empresas y trabajadores susceptibles de prestar servicios comerciales no reservados por Ley a ninguna empresa ni colectivo particular, además de incluir como actividades portuarias de servicio público actividades excluidas de esa consideración por la entonces vigente Ley 48/2003 y, por tanto, no asignadas en exclusiva a empresas de estiba ni a ser prestadas por estibadores, vulnerándose así el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia al tener aptitud para poner trabas a la entrada en la prestación de servicios comerciales o complementarios prestados en los recintos portuarios a empresas competidoras distintas de las de estiba. Añade, además, que tal Acuerdo ha originado un cierre del mercado de los servicios portuarios complementarios de todos los puertos de interés general de España en beneficio de las empresas que conforman ANESCO, contrarrestando desde una apariencia de acuerdo colectivo legal, las previsiones de liberación que se buscan en la Ley de Puertos

La Audiencia Nacional desestima el recurso entendiendo que queda sometido a la normativa de Defensa de la Competencia cualquier agente económico, con referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, incluso, las propias Administraciones Públicas, y que la Comisión Nacional de la Competencia distinguió para sancionar a las entidades firmantes entre los aspectos del Acuerdo que atañen a la negociación colectiva entre los representantes de los estibadores y las empresas de estiba en el ámbito que la Ley les reserva, es decir la prestación del Servicio de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías, y los que exceden tal ámbito, siendo lo sometido al análisis de las normas de competencia aquella parte del Acuerdo que, en contradicción con lo previsto en la Ley de Puertos, se extiende más allá del ámbito reservado a los interlocutores que lo firman con el objeto de erigirse en la norma de negociación colectiva de aplicación a todos los servicios prestados en los puertos y vincular a agentes empresariales y sociales ajenos a la estiba, imponiéndoles sus acuerdos y excluyendo de hecho a empresas y trabajadores distintos de los firmantes del mercado de los servicios complementarios.