Representantes de las principales redes sociales, plataformas en línea y de la industria publicitaria, incluyendo marcas como Google, Facebook, Twitter y YouTube, han unido fuerzas por primera vez bajo los auspicios de la Comisión Europea para acordar un Código de Buenas Prácticas de autorregulación voluntaria que lucha contra la propagación de las conocidas como “fake news” en Internet. Este tipo de noticias, de acuerdo con la definición de la Comisión, son aquellas cuya falsedad ha sido verificada y que se diseminan con el objetivo de confundir al público, para obtener alguna ganancia económica o influir en sus opiniones.

La Comisión ha reiterado que son un importante desafío para la Unión Europea, dado que “nuestras sociedades democráticas abiertas dependen de debates públicos que permitan a los ciudadanos bien informados expresar su voluntad a través de procesos políticos libres y justos”. Este peligro se ve exacerbado por el hecho de que Internet es actualmente la principal fuente de noticias para muchos sectores de la población, con 3.300 millones de usuarios a nivel mundial que pasan una media de 200 minutos diarios en línea.

El Código de Buenas Prácticas pretende alcanzar los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión “Abordando la desinformación en línea: un enfoque europeo”, presentada en abril de 2018, mediante el establecimiento de una amplia gama de compromisos, desde la transparencia en la publicidad política hasta el cierre de cuentas falsas y la desmonetización de proveedores de desinformación. Entre otras iniciativas, se propone utilizar tecnología en las plataformas mediante la cual los usuarios puedan valorar distintas páginas de acuerdo con su fiabilidad.

La iniciativa ha sido, por lo general, bien recibida, aunque hay críticos que apuntan a que en la era de las “fake news”, lo esencial no es sólo discernir lo verdadero de lo falso, sino determinar quién decide acerca de la veracidad de cada noticia. Por ello, defienden que la protección de los ciudadanos requiere que sean los Parlamentos nacionales quienes lo determinen tras un debate donde se pondere por un lado la libertad de expresión e información, y por otro el derecho a una información veraz, sin que resulte suficiente la autorregulación voluntaria.

En este sentido, hay países que ya han creado unidades gubernamentales para controlar la desinformación, como Reino Unido y la República Checa. En Francia está en marcha la tramitación de una ley específica contra las fake news, y en Alemania existe la obligación de eliminar discursos de odio de las plataformas en menos de 24 horas. En España ha sido también motivo de debate parlamentario, pero aún no se ha materializado en un Proyecto de Ley.

Todas estas iniciativas resultarán claves para garantizar la confiabilidad de las actividades de campaña en línea de cara a las elecciones europeas en la primavera de 2019.