La aprobación del decreto autonómico de protección y control ambiental industrial es inminente

El borrador de decreto autonómico de protección y control ambiental industrial fue remitido al Consejo Consultivo el pasado 30 de enero. Se une al Plan de inspección para el período 2018-2020, aprobado la pasada primavera, formando así una política autonómica en materia de control de la calidad ambiental que endurece la vigilancia de la actividad empresarial.

Este decreto tiene su origen en la atribución de competencias a las comunidades autónomas para adoptar las medidas de control e inspección de las instalaciones industriales incluidas en su ámbito de aplicación, así como para ejercer la potestad sancionadora, que contiene el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Sus principales objetivos pasan por aumentar la protección del medio ambiente a través del control de aquellas actividades económicas potencialmente contaminadoras, independientemente del tamaño de las empresas que desarrollen tales actividades; satisfacer la demanda social para que se estreche la vigilancia a las compañías potencialmente contaminantes; así como dotar de seguridad jurídica a estas empresas frente a la actuación inspectora de la Administración, puesto que aspira a ser un cuerpo normativo que integre y adapte toda la normativa, tanto estatal como autonómica, a las peculiaridades del territorio regional.

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El Consejo de Gobierno de Asturias aprueba un convenio para el desarrollo del área metropolitana

El pasado 13 de febrero, el Consejo de Gobierno de Asturias aprobó un convenio con Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo dirigido al desarrollo del área metropolitana.

Las próximas semanas serán decisivas, en la medida en que se prevé la inminente suscripción de un acuerdo marco de colaboración, que dará paso al inicio de la creación de una conferencia metropolitana integrada por el Gobierno de Asturias, los ayuntamientos que han aprobado el convenio, la Administración General del Estado y una representación de los municipios de oriente y occidente.

Por otro lado, el convenio prevé la constitución de un comité técnico y un consejo estratégico para el asesoramiento y participación de los agentes sociales públicos y privados (organizaciones empresariales, sindicales y colegios profesionales).

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