Hace apenas dos meses se ha resuelto de manera novedosa un significativo caso en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios que merece un análisis y alguna conclusión. Transcurridos 5 años desde que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) iniciara un proceso judicial por vulneración de su honor contra Julio Alonso, titular y gestor del blog “merodeando.com”, por haber lanzado a la red el post SGAE = ladrones, el Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia (nº 742/2012 de 4 de diciembre de 2012) en la que, en contra de lo establecido en anteriores instancias, se establece que no existe tal infracción contra el honor de la entidad.

Como es sabido, el blog objeto de litigio constituyó el punto de partida de numerosos posts en los que se criticaba sin reservas la labor recaudatoria de la entidad de gestión. Todo ello fue acompañado de una intencionada acción de google bomb que permitió alzar este eslogan a los primeros puestos de las búsquedas de Google en el breve plazo de 4 días cuando el usuario usaba los términos SGAE y ladrones. Como era de esperar, lo expuesto desató la ira de SGAE quien envió el correspondiente requerimiento al titular del blog solicitando la retirada del post generador de tales resultados. Tras la negativa del bloguero a su retirada ocurrió lo que era de esperar: SGAE inició un proceso judicial por vulneración de su ya entonces maltrecho derecho al honor.

Con ello, SGAE propició la recuperación de una discusión de interesante actualidad y calado conceptual, a saber, la determinación de la responsabilidad de los titulares de blogs y otros instrumentos participativos propios de la ciber-cultura en relación con los contenidos y opiniones propios y de terceros alojados en sus páginas con la consiguiente pregunta de si tales contenidos suponen o no una vulneración del derecho al honor.

El Juzgado de Primera Instancia estimó en su integridad las pretensiones de la actora, haciendo responsable al demandado de las opiniones vertidas por los usuarios en respuesta a su post y ello en su calidad de intermediario cualificado o, en términos literales, por constituir “una suerte de colaborador necesario”.

Asimismo, el Juzgador consideró responsable al actor del contenido almacenado en su blog por haber tenido éste conocimiento efectivo a través del requerimiento extra-judicial de SGAE de una posible vulneración de derechos y no haber retirado los datos imposibilitando nuevos accesos al espacio abierto por su primer post.

Lo expuesto tenía su razón de ser en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y en la interpretación extensiva que de su contenido realizó el TS en anteriores procedimientos, según la cual la Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico establece que para tener conocimiento efectivo de una presunta actividad ilícita, no es necesario ser informado por un órgano competente, pudiendo obtenerse “a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque meditadamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad que se trate”. En consecuencia, el Juzgador condenaba al demandado a retirar tales contenidos concretados en diversos posts y a indemnizar a SGAE con la cantidad de 9.000 €.

Interpuesto recurso de apelación por el demandado, la Audiencia Provincial de Madrid, en línea de lo establecido previamente, confirmó que no sólo era responsable de las opiniones aparecidas en el blog, sino que a su través instaba a terceros a ofrecer su criterio en la línea crítica iniciada, razón por la que el demandado corrió la misma suerte que en Primera Instancia.

Además de por la estimación de las pretensiones de la actora, ambas instancias se caracterizaron por analizar la primera de las cuestiones debatidas, la responsabilidad del demandado como titular del blog, sin entrar en un análisis lo suficientemente profundo sobre si la violación al honor había tenido efectivamente lugar. Tal extremo no pasó desapercibido al demandado quien interpuso dos recursos ante el TS: (a) extraordinario de infracción procesal por incongruencia de la sentencia y falta de motivación suficiente y (b) casación basado en la infracción del artículos 16 de la LSSI, 14 y 15 de la Directiva de Comercio Electrónico y 18 y 20 de la Constitución Española.

Admitido el recurso, el TS alcanza las siguientes conclusiones:

  • Solo cuando se cumplen los requisitos exigidos para determinar la responsabilidad del prestador de servicios puede imponérsele la obligación de indemnizar a las personas lesionadas en su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Es decir, no existe una aplicación directa de tal legislación si antes no se ha determinado la responsabilidad del prestador del servicio.
  • Tal como se estableció en anteriores instancias, el infractor es responsable de los contenidos depositados por él y por terceros en su blog y ello por ostentar el conocimiento efectivo de que aquellos pueden vulnerar el honor ajeno. La importancia del conocimiento efectivo en lo relativo a contenidos incluidos en el blog ya se había reconocido en procesos judiciales anteriores, es sin embargo en este proceso cuando el TS parece dar un paso más allá, extendiendo la interpretación extensiva del concepto conocimiento efectivo al art. 17 LSSI. Así, se abriría la puerta a una eventual responsabilidad del demandado por los enlaces incluidos en su página, ya que a través de los mismos se indica cómo acceder a otras webs en las que se proporciona una información explícita sobre la actividad comercial desempeñada por la SGAE y la condición de ladrones atribuida. Lo expuesto constituye una novedad de relevancia en el entorno de la LSSI pues ni la Directiva de Comercio Electrónico, de la que trae su origen la citada norma, ni la evolución jurisprudencial del TS contienen un pronunciamiento anterior en esta línea.
  • En cuanto a la infracción al honor propiamente dicha, admite el TS que efectivamente la respuesta de la sentencia de apelación a este punto es insuficiente. Para determinar si existe la invocada infracción, se parte de un punto de origen ya conocido, esto es que, ante un conflicto de derechos como el que acontece -derecho a la libertad de expresión/información y al honor- debe utilizarse una técnica de ponderación que exige valorar el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar, en primer lugar, la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor y, a continuación, tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza “comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige”.

La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva, por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia pública o interés general.

Tras realizar la ponderación objeto de cita, el TS alcanza la conclusión de que la crítica se proyecta sobre un aspecto de indudable interés público que no es otro que el malestar social que genera el cobro de un canon por copia para uso privado por la actora y que si bien las expresiones utilizadas son de cierta gravedad, están en relación directa o indirecta con los hechos denunciados y con las críticas sociales existentes en relación al comportamiento mercantil de la entidad demandante.

La escena final aboga pues por la prevalencia del ejercicio de la libertad de expresión frente el derecho al honor del demandante, en lo que constituye un nuevo varapalo judicial para la entidad de gestión. Interesante final de un proceso que nos deja un nuevo análisis de la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de un conflicto entre derechos fundamentales. Cabe lamentar, sin embargo, que la sentencia insista en la responsabilidad de los alojadores de enlaces en tanto puede producir una ampliación desmedida de la responsabilidad de aquellos que alojan o almacenan información en internet.