El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la posibilidad de que un trabajador titular de stock options pueda aplicar reducciones sobre las rentas derivadas de la venta de esos derechos a la empresa antes de que venza el plazo inicialmente previsto para su ejecución.

1. El criterio del Tribunal

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en la Resolución de 11 de septiembre del 2017 (R. G. 187/2014), resuelve un recurso de alzada planteado al hilo de un supuesto en el que un contribuyente del impuesto de la renta de las personas físicas solicita la rectificación de su declaración-liquidación previamente presentada al entender que omitió consignar una reducción sobre sus rendimientos del trabajo.

En su análisis, el tribunal comenzó examinando las circunstancias de las que traía causa tal pretensión, cuyo origen ha de situarse en la entrega que la empresa para la que trabajaba el obligado tributario le hizo, durante varios años, de una serie de derechos de contenido económico, fundamentalmente stock options. Después, y con carácter previo a una inminente operación de fusión y a su salida a Bolsa, la empresa realizó una oferta de compra de todos esos derechos al empleado, el cual la aceptó. Así las cosas, se formalizó una operación de compraventa cuando aún no había vencido el plazo para ejecutar los aludidos derechos, de tal modo que el empleado recibió unas cantidades cuyo fin último era compensar o indemnizar a los titulares de esos instrumentos, ya que la rentabilidad de éstos, en principio asociada a la evolución de la cotización de las acciones de la empresa, terminó sustituyéndose por una cantidad fija de dinero. 

En ese contexto, el contribuyente, tras presentar una autoliquidación del impuesto de la renta de las personas físicas en la que declaró las cantidades percibidas fruto de la aludida venta de derechos a la empresa como rendimientos del trabajo, consideró que había dejado de aplicar sobre ellos una reducción del 40 %, que en su opinión procedía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 35/2006, aplicable ratione temporis.

Sin embargo, el tribunal, después de recordar las condiciones que en términos generales acompañaban a la reducción del 40 % —rendimientos del trabajo con un «periodo de generación superior a dos años» u «obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo»—, así como las previsiones específicas que tanto el citado artículo 18 como el artículo 11 del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del 2007 hacían de las rentas derivadas de los derechos de opciones de compra sobre acciones, consideró erróneo en el caso analizado que el debate debiera centrase en torno al tratamiento fiscal de las stock options.

Y es que, a su juicio, en este supuesto concreto no estamos ante rendimientos que «deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores» —asociados aquéllos a la fluctuación, positiva o negativa, de la cotización de las acciones, pudiendo incluso resultar nulos si el valor de cotización de las acciones en la fecha de los correspondientes vencimientos no supera el valor de referencia que se hubiera pactado— ni de rentas que puedan relacionarse con un «periodo de generación» —como sucede con los rendimientos derivados de las stock options cuando éstas son ejecutadas—. Por el contrario, las cantidades cuya tributación se debatió en este caso son fijas y determinadas en función de un contrato de compraventa pactado entre el empleado y la empresa, que las satisface en sustitución, compensación, reparación o indemnización de las opciones de compra no vencidas.

Por eso, a juicio del tribunal, en la fecha en la que se formalizó el contrato entre la empresa y el empleado, éste percibió un «derecho ex novo» cuyo fin es sustituir o compensar los eventuales rendimientos futuros (de cuantía indeterminada) de los instrumentos retributivos basados en stock options con una cantidad cierta. Por ese motivo el tribunal considera que no puede predicarse que el periodo de generación del que fiscalmente se hubiera beneficiado el ejercicio de las stock options pueda trasladarse, sin más, al derecho del contribuyente a percibir aquella cantidad fija.

2. Comentario final

Tal y como hemos señalado, sobre la base de las consideraciones apuntadas, el Tribunal Económico‑Administrativo Central desestimó la pretensión del contribuyente afectado. Ahora bien, pese a ello, es interesante dejar constancia de algunos de los matices que la resolución incorpora sobre la cuestión analizada. 

Así, por una parte, no puede dejar de significarse que su criterio —que se advierte en la resolución que aún no es reiterado, por lo que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 de la Ley General Tributaria— se sustenta fundamentalmente en la ausencia de pruebas por parte del recurrente en orden a acreditar la existencia de un periodo de generación asociado a la compensación o indemnización percibida. En ese sentido, apunta el tribunal que el interesado únicamente aportó los sucesivos y correspondientes acuerdos individuales de concesión de las stock options, pero ningún documento que permitiera demostrar cuál era el régimen jurídico al que se sometía su concesión y ejecución. Y es que, como sostuvo el Tribunal Supremo en una sentencia invocada por el propio Tribunal Económico‑Administrativo Central, «cada plan de opciones sobre acciones está sometido al régimen jurídico instaurado unilateral o contractualmente en el propio ámbito empresarial en el que haya de ser aplicado», de donde cabe deducir la enorme relevancia que en la práctica tendrá la aclaración de estos aspectos en los documentos que reflejen la entrega de stock options por parte de las empresas a sus empleados. En ese sentido, todo parece apuntar a que una hipotética previsión de aspectos tales como el que ha centrado la resolución comentada podría conducir a conclusiones totalmente diferentes y, por tanto, más favorables para los perceptores de los citados derechos.

Por otra parte, el tribunal puntualiza que, aun cuando pudiera admitirse que estuviésemos ante un «rendimiento obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo», por concurrir alguna de las circunstancias previstas en el artículo 11.1 del Reglamento, la cuantía del rendimiento sobre la que aplicar la discutida reducción estaría tasada o limitada al umbral que se desprende tanto de ese precepto como de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en virtud del cual la aplicación de la reducción del 40 % no podría superar «el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por el número de años de generación del rendimiento. A estos efectos, cuando se trate de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se tomarán cinco años».