El pasado 20 de diciembre la "Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal" fue publicada en el diario oficial La Gaceta, No. 244. Mediante esta ley, el Gobierno de Costa Rica pretende reforzar los controles legales existentes para el cobro de impuestos, con el fin de evitar prácticas evasivas. Dentro de las principales reformas introducidas por esta ley, se encuentran:

  • La ley permite a la Administración Tributaria acceder a la información general de los clientes de entidades financieras, como: datos relativos a la identidad de las personas, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social. Sin embargo, se establece la imposibilidad de tener acceso a la información financiera, salvo autorización judicial emitida por un juez competente.
  • Se plantea la posibilidad de devolverle al consumidor final hasta 1 punto porcentual del impuesto de ventas, siempre y cuando el pago se haya realizado por medios de pago electrónicos.
  • Específicamente se grava con el Impuesto General sobre las Ventas el arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional por periodos menores a un mes.
  • Se establece la obligación a todos los contribuyentes que presten servicios al público de aceptar como medio de pago cualquier medio electrónico, como: depósitos o transferencias bancarias así como también tarjetas de crédito o débito.
  • Se obliga a los representantes legales de cualquier entidad jurídica, a suministrar anualmente al Banco Central, un detalle de los accionistas o beneficiarios finales de la persona jurídica.
  • La obligación de proveer información al Banco Central se extiende a los fideicomisos privados, a los administradores de recursos de terceros, así como también a entidades sin fines de lucro destinadas a propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales o fraternales.
  • Se introduce la obligación de todas las personas físicas o jurídicas que requieran obtener o tramitar: exoneraciones, incentivos fiscales, contrataciones públicas, concesiones, permisos, autorizaciones para explotación de bienes o servicios públicos, de estar al día en las obligaciones tributarias formales y materiales, incluyendo la presentación de declaraciones tributarias. La Administración Tributaria verificará este cumplimiento mediante un acceso de consulta pública de morosos y omisos.
  • Se establece la creación de un sistema automatizado de Buzón Electrónico para agilizar los trámites de notificaciones y reducir los costos de Administración Tributaria en estos procesos.
  • Se introduce una sanción de hasta 3 salarios base a los asesores tributarios que recomienden maniobras tendientes a la omisión total o parcial del pago de impuestos, o que colaboren en la alteración de cuentas, asientos o datos falsos de la contabilidad.
  • Se introduce una nueva forma para calcular el periodo del plazo de prescripción. De ahora en adelante, el período de prescripción empezará a correr desde el 1 día del mes siguiente en que debió pagarse el tributo. Anterior a la reforma, la prescripción empezaba a correr el 1 de enero del año siguiente en que debió pagarse el tributo, lo que generaba un plazo mayor para la prescripción de la obligación. De igual forma se introducen nuevas causales para la interrupción del cómputo de la prescripción.
  • Se permite recibir en calidad de pago de una obligación tributaria, bienes muebles o inmuebles, previo avalúo realizado por esta Dirección, y previa recomendación de la Dirección General de Hacienda de un plan para el aprovechamiento de dichos bienes.
  • Se establece la posibilidad de efectuar un remate electrónico de los bienes recibidos en dación de pago, mediante una plataforma electrónica creado para estos efectos.

Si bien la mayoría de las reformas entraron a regir desde el 20 de diciembre, aquellas medidas que implican la implementación de mecanismos informáticos y electrónicos por parte de la Administración Tributaria, no entrarán a regir hasta que se creen dichos mecanismos. La Administración Tributaria deberá comunicar a los contribuyentes con un mínimo de 3 meses, la fecha en que empezarán a regir estas reformas.