La causalidad de los contratos temporales vinculados a la ejecución de «planes» supeditados a un convenio de colaboración con la correspondiente Administración Pública siempre genera reservas. Sin embargo, cuando consta que el encargo justifica sobradamente los contratos de trabajo para esa obra o servicio en cuestión dotándolos de autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa y que los trabajadores, conociendo y aceptando esa razonable y justificada temporalidad, siempre han estado ocupados en tareas propias del encargo y no de otro tipo, la causalidad se ajusta a lo establecido en la norma laboral.

1. Dada la litigiosidad que provoca la causalidad en la contratación temporal, resulta de interés el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio del 2017, Ar. 229324. En ella se cuestiona la naturaleza real de los contratos laborales temporales por obra o servicio determinados suscritos por un consorcio autonómico con objeto de prestar servicios laborales en la obra o servicio identificada como «Ejecución del Plan de Inclusión Social». El desarrollo del plan, aprobado por la comunidad autónoma, había sido encargado por ésta al citado consorcio en virtud del oportuno convenio de colaboración.

La sentencia recurrida revocó la dictada por el Juzgado de lo Social que había declarado el carácter indefinido no fijo de los trabajadores por entender que sus contratos no se ajustaban a la causa de temporalidad (obra o servicio determinados) prevista en el artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores (LET). Por su parte, la sentencia dictada en suplicación estima el recurso y declara ajustada a Derecho la contratación temporal. En su argumentación utiliza las conclusiones alcanzadas en la instancia (que en los contratos se había identificado claramente la obra o servicio en el que se desarrollarían los trabajados pactados, que éstos siempre fueron los propios de la actividad contratada y que dicha actividad consistía en el desarrollo de un Plan de Inclusión Social). Todo ello le permitirá entender que los trabajos incluidos en el objeto del acuerdo entre la comunidad autónoma y el consorcio tienen autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad del consorcio contratante, por lo que los contratos temporales suscritos para tal finalidad cumplen las exigencias del artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores. 

Finalmente, en la sentencia de contraste no se discute que el objeto del contrato de los trabajadores esté correctamente establecido al referirse a la ejecución por parte del consorcio empleador del Plan de Inclusión Social ni tampoco que los trabajadores hubiesen trabajado siempre en tal proyecto. Pero se califica el contrato de indefinido porque la obra o servicio determinados se refiere a una necesidad permanente de la empresa, pues, al margen de la dotación presupuestaria, no hay singularidad en la obra o servicio a que tal dotación económica se refiere.

2. En una materia tan sensible como la de la contratación temporal, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo mantiene ya una jurisprudencia consolidada. En concreto y en relación con los requisitos para la validez del contrato para obra o servicio determinados —aplicables tanto a las empresas privadas como a la Administración o a las empresas públicas—, ha venido señalando lo siguiente: a) la obra o servicio que constituya su objeto deberá presentar autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) su ejecución, aunque limitada en el tiempo, habrá de ser en principio de duración incierta; c) se especificará e identificará en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto, y d) en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador estará normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas (SSTS de 14 de julio del 2009, Ar. 6093, y de 21 de abril del 2010, Ar. 4674). Además, la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos los requisitos enumerados para que la contratación temporal por obra o servicio determinados pueda considerarse ajustada a Derecho (entre otras, las SSTS de 31 de marzo del 2000, Ar. 5138, y de 15 de noviembre del 2000, Ar. 10291).

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre del 2016, Ar. 5884, insiste en delimitar, de alguna manera, los servicios concertados que pueden justificar esta modalidad contractual. Y para ello ha establecido la necesidad de que aquéllos reúnan consistencia, individualidad y sustantividad propias (SSTS de 5 de abril del 2003, Ar. 4973, y de 21 de febrero del 2008, Ar. 3477), considerando adecuada la utilización del contrato para una obra o servicio determinados, precisamente, para la ejecución de un programa específico —de ayuda para el fomento del empleo— pactado por un Ayuntamiento que había obtenido una subvención de una Administración autonómica (STS de 9 de diciembre del 2009, Ar. 1174/10). Por el contrario y tratándose también de una Administración Pública, no resulta idónea la contratación si su objeto es el desarrollo de una actividad normal o permanente de aquélla, aunque los trabajadores afectados no puedan considerarse fijos de plantilla (por todas, las SSTS de 20 de octubre del 2010, Ar. 7826, y de 20 de enero del 2011, Ar. 2106), siendo siempre necesario que el objeto del propio contrato, además de intrínsecamente temporal (STS de 18 de octubre de 1993, Ar. 7838), se encuentre suficientemente identificado y que, en su ejecución, exista concordancia con lo pactado (SSTS de 5 de diciembre de 1996, Ar. 9133, y de 21 de abril del 2010, Ar. 4674, entre otras). 

3. La doctrina jurisprudencial viene admitiendo, como es sabido, recurrir al contrato temporal de obra o servicio determinados para efectuar trabajos de carácter permanente cuando éstos sean objeto de una contrata mercantil de obra o servicio, de una encomienda concreta o de una concesión administrativa (SSTS de 22 de octubre del 2003, Ar. 8390, y de 18 de julio del 2007, Ar. 6738). Se acepta así la posibilidad de que un contratista o concesionario utilice el contrato de obra o servicio determinados vinculando su duración a la de la contrata o concesión de la obra o servicio, pese a que las actividades contratadas respondan a necesidades permanentes de las empresas contratantes y también de las empresas contratistas o concesionarias cuya actividad normal sea precisamente la de atender a las obras o servicios contratados o gestionados en régimen de contrata mercantil o de concesión administrativa.

Por esta razón, se viene admitiendo que cada contrata o concesión administrativa posee la suficiente «autonomía y sustantividad propia» exigida por la ley para este tipo de contratos. Ahora bien, si la duración del contrato se vincula a una contrata de obra o servicio, no se reputa válida su extinción por finalización de la contrata si va seguida de otra contrata con la misma empresa cliente y con el mismo objeto (SSTS de 17 de junio del 2008, Ar. 4229, y de 23 de septiembre del 2008, Ar. 5534, entre otras) o si en un Convenio Colectivo, contrato o pliego de condiciones se hubiese incluido una cláusula de subrogación empresarial. Además, nada ha impedido aceptar como lícita la posibilidad de contratación para sucesivas obras o servicios, siempre y cuando éstas queden convenientemente especificadas en el contrato inicial o en los sucesivos acuerdos para cada una de ellas  (STS de 30 de junio del 2005, Ar. 7791).

Con estos precedentes, la sentencia analizada concluye que el programa en cuestión (el desarrollo del Plan de Inclusión Social) justificaba plenamente el encargo de su ejecución al consorcio autonómico, responsable de la realización de muchas otras actividades distintas. El encargo justifica sobradamente los contratos de trabajo para esa obra o servicio en cuestión, dotándolos de autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa; el desarrollo y ejecución del programa tiene duración incierta, aunque limitada en el tiempo, y así se refleja con claridad y precisión suficientes en todos los contratos suscritos por los trabajadores, los cuales conocían y aceptaban esa razonable y justificada temporalidad, y, en fin, consta claramente que los trabajadores, a lo largo del periodo de prestación de servicios, siempre estuvieron ocupados en tareas propias del objeto de los contratos y del encargo de la comunidad autónoma, sin que aparezca el más mínimo indicio de que los trabajadores hayan desempeñado tareas distintas a las que constituían el objeto de su contrato. 

4. La solución puede sorprender, pues el Tribunal Supremo, en una cadena de asuntos referidos al Servicio Andaluz de Empleo en relación con la condición de indefinidos de los promotores o asesores nombrados en virtud de un Plan Extraordinario de Empleo, se mostró partidario de consignar el fraude de ley y la conversión de los contratos temporales en indefinidos (entre otras muchas, las SSTS de 23 de abril del 2015, Ar. 5377; de 21 de abril del 2015, Ar. 2179, y de 12 de mayo del 2015, Ar. 5375). Esta misma sentencia reconoce que la diferencia con aquellos supuestos es que, en este caso, no consta que los trabajadores desempeñaran cometidos comunes y propios del servicio público —allí— ni del consorcio autonómico —aquí— ni que, como allí sucedía, las tareas constituyeran «la actividad normal de la empleadora». En el supuesto resuelto por la sentencia analizada, el hecho de haber identificado con suficiente precisión y claridad el objeto del contrato y haber acreditado que los trabajadores prestaron servicios únicamente para las tareas propias del objeto del contrato evita cualquier sanción por fraude de ley y elude así la conversión en indefinida de la contratación temporal por obra o servicio.