Se avala la procedencia del despido por estimarse otras pruebas, pero se condena al Estado español a indemnizar a las cajeras despedidas por vulneración de su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada al no haber sido previamente informadas de la grabación de imágenes con cámaras ocultas.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 9 de enero de 2018 [asunto López Ribalda y otros]

En el caso que se debate debe analizarse si es lícita la validez de la prueba obtenida mediante cámaras de vídeo vigilancia instaladas en una tienda de un supermercado donde trabajaban los empleados con la finalidad de investigar unos robos que habían venido produciéndose en el establecimiento.

Al advertir numerosos descuadres en la tienda, el empresario instaló cámaras visibles y cámaras ocultas en cada caja, informando a los trabajadores únicamente de las primeras.

Algunas trabajadoras fueron grabadas robando junto a otros trabajadores y actuando en connivencia con clientes. La empresa comentó los hechos descubiertos a las trabajadoras en una reunión privada en presencia del representante sindical y éstas reconocieron su responsabilidad en los hechos, siendo finalmente despedidas por razones disciplinarias. 

Como consecuencia de la reunión, se llegó a un acuerdo entre las trabajadoras y el empresario en el que se reconocía, por un lado, la participación de las trabajadoras en el robo y se acordaba que éstas no presentarían demanda impugnando su despido y, por otro lado, que el empleador no iniciaría un proceso penal contra ellas. No obstante, las trabajadoras impugnaron la legalidad de los despidos, siendo declarados procedentes en primera instancia y confirmados posteriormente en suplicación. Ante los citados hechos, y tras la inadmisión de los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, las trabajadoras solicitaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la declaración de la vulneración del artículo 8 –derecho al respeto de la vida privada– y del artículo 6.1 –derecho a un proceso justo o equitativo– del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En efecto, las trabajadoras consideraron por un lado, que la toma de imágenes sin previa comunicación por las cámaras ocultas había violado su derecho a la vida privada e intimidad por lo que no podían ser aceptadas como pruebas válidas. Por otro lado, las trabajadoras consideran que los acuerdos a los que habían llegado con la empresa en presencia del representante sindical, no tendrían validez por haberse concluido bajo coacciones.

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó lo siguiente:

(i) efectivamente, se ha producido una vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –derecho al respeto de la vida privada–, en tanto que la legislación española de protección de datos exige al empresario informar de manera exhaustiva a los trabajadores previamente a la colocación de las cámaras.

(ii) respecto de las alegaciones del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humano –derecho a un juicio justo–, el Tribunal declara que no ha habido vulneración del mismo, pues no sólo se les ha permitido a las demandantes cuestionar judicialmente la autenticidad de las grabaciones, sino que las decisiones judiciales se fundamentaron en pruebas adicionales a dichas grabaciones, como en las declaraciones testificales, avalando la procedencia del despido. 

(iii) finalmente, concluye que los finiquitos o acuerdos alcanzados entre las trabajadoras y la empresa no se suscribieron bajo coacción alguna por parte del empresario.