En este documento se comenta el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que se ha publicado recientemente junto con el correspondiente al impuesto sobre determinados servicios digitales y al de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

De acuerdo con el preámbulo del Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), el objetivo de éste no es otro que contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, así como al reforzamiento del principio de equidad del sistema tributario, toda vez que las operaciones sujetas a este impuesto no se encuentran sometidas a ningún otro en el ámbito de la imposición indirecta.

Como antecedente, cabe señalar que desde el 2013 se viene tramitando, por la vía de la cooperación reforzada, una propuesta de directiva con análogo objeto al de este anteproyecto, si bien, al no haberse llegado a un acuerdo entre los distintos Estados, sigue sin aprobarse. A partir de aquí, el anteproyecto opta por configurar el impuesto sobre las transacciones financieras siguiendo el modelo de los impuestos existentes en Francia e Italia, en aras —dice el preámbulo— de promover una mayor coordinación de dicho gravamen en el marco europeo.

En lo que concierne a este impuesto sobre las transacciones financieras, el anteproyecto, en su artículo primero, lo define como un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de determinadas acciones. Concretamente, el hecho imponible queda configurado como la adquisición onerosa de acciones de sociedades «de nacionalidad española», con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, así como los certificados de depósito de las mencionadas acciones. De esta forma, según el preámbulo, al establecer como principio de imposición el criterio de emisión, se minimiza el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros en comparación con el principio de residencia.

El anteproyecto, de forma más precisa, limita la aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras a la adquisición onerosa de acciones de sociedades de nacionalidad española cuando se cumplan los dos requisitos siguientes: 

— Que las acciones estén admitidas a negociación en un mercado español o de otro Estado de la Unión Europea que tengan la consideración de regulados o en un mercado considerado equivalente de un tercer país.

— Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1000 millones de euros (por tanto, en la actualidad, treinta y cuatro de las treinta y cinco empresas que conforman el IBEX estarían dentro del ámbito subjetivo del impuesto sobre las transacciones financieras). Para una adecuada seguridad, el Ministerio de Hacienda publicará, antes del 31 de diciembre de cada año, la relación de las sociedades españolas cuyo valor de capitalización bursátil supere dicho importe a 1 de diciembre.

El artículo tercero del anteproyecto de ley recoge una amplia lista de adquisiciones de acciones exentas de dicho gravamen. En términos generales, las operaciones exentas se corresponden con las propias del mercado primario, con las necesarias para el cumplimiento de las funciones de entidades que gestionan los mercados, con las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte de un mismo grupo a los efectos del artículo 42 del Código de Comercio, así como con aquellas a las que les sea susceptible de aplicación el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Por lo que respecta a la base imponible, está constituida por el importe de la contraprestación sin incluir los gastos correspondientes a la transacción. No obstante, se establecen determinadas especialidades en relación con las adquisiciones de valores derivadas de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, etcétera. En cuanto al tipo de gravamen, el anteproyecto de ley lo fija en el 0,2 %.

En relación con el sujeto pasivo, el anteproyecto establece que será, con carácter general, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, actúe éste, bien en nombre o por cuenta propia, bien de terceros. Además, en aquellos supuestos en los que intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del adquirente en la transmisión de la orden al miembro del mercado, actuando al menos uno en nombre propio, tendrá la condición de sujeto pasivo el primer intermediario financiero más cercano al adquirente que haya transmitido la orden de este último en nombre propio.

En cuanto a la declaración e ingreso del impuesto, se contemplan dos vías. La primera, respecto de la que será preciso un ulterior desarrollo reglamentario, se refiere a las operaciones cuya liquidación y registro se realice a través de un depositario central de valores, siendo éste el que lleve a cabo la declaración y el ingreso de la deuda tributaria en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. En aquellos supuestos en los que no resulte de aplicación lo anterior, el sujeto pasivo deberá autoliquidar el impuesto sobre las transacciones financieras. Además, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración anual de este impuesto, en la que también se incluirán las operaciones exentas.

Finalmente, la entrada en vigor tendrá lugar a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.