Desde que el pasado mes de marzo saliera a la luz el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no han parado de surgir duras críticas a un texto que, lejos de alcanzar las expectativas de modificación que el texto vigente necesita, se aparta de la senda que en esta materia se está adoptando a nivel europeo.

Como la propia exposición de motivos del Anteproyecto recogía, las medidas que introduce se agrupan en tres bloques:

  1. Revisión del sistema de copia privada, para su adaptación al nuevo mecanismo de financiación de la compensación equitativa introducido por la Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Igualmente se incorpora una nueva restricción al límite de copia privada excluyendo expresamente las reproducciones para uso profesional o empresarial (Sentencia Padawan) y las reproducciones obtenidas de soportes que no sean propiedad del usuario.
  2. Creación de mecanismos de supervisión de las Entidades de Gestión, respecto a las que la propia exposición de motivos ya anuncia una futura revisión en profundidad. En este sentido, con el fin de aumentar la eficiencia y transparencia del sistema, se introduce un detallado catálogo de obligaciones de las entidades de gestión; un cuadro de infracciones y sanciones para exigir responsabilidades administrativas a las entidades de gestión en caso de incumplimiento de sus obligaciones; y amplía las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en materia de determinación y control de las tarifas de dichas  entidades. Adicionalmente, limita la acreditación de la legitimación de las mismas, mediante la copia de sus estatutos y la certificación del Ministerio, al ejercicio de la gestión colectiva obligatoria.
  3. Y el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos, intentando dotar de mecanismos de reacción más eficaces a la Comisión encaminados a la adopción de medidas para la interrupción del servicio en caso de no atender los requerimientos de la Comisión. Se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de los servicios de pagos electrónicos y publicidad para que suspendan el servicio, o la posibilidad de imponer multas de entre 30.000 a 300.000 euros. 

Desde el inicio, han sido numerosas las críticas al Anteproyecto provenientes de todos los sectores implicados, seguidas del informe que hizo público el pasado mes de septiembre la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) relativo al Anteproyecto. Este informe puso de nuevo de manifiesto la excesiva parcialidad de la modificación de una materia que durante los últimos años viene necesitando una integra modificación. El marco legal actual no es suficientemente claro ni garantista del mantenimiento de la competencia efectiva, sobre todo en lo referente al modelo de entidades de gestión.

Así, la CNC defiende en su informe, como modelo más favorable a la competencia, la eliminación de las barreras de entrada a nuevos operadores, lo que no sólo vendría a aumentar la presión competitiva, sino que también reduciría las posibilidades de que ejerzan su poder de mercado en el ámbito tarifario.

Igualmente, deja claro que el Anteproyecto resulta cuanto menos insuficiente dado el actual desarrollo de las tecnologías de la información, obviando modelos de negocios alternativos, como los servicios de música on line, recordando que la UE pretende lanzar una Directiva sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, que incluye la libertad de los titulares de derechos para seleccionar la entidad de gestión que estimen conveniente.

Por su parte, el Consejo de Estado tampoco se queda atrás en su valoración del Anteproyecto y en su informe que hizo público hace poco más de un mes, insta al Gobierno a la modificación del mismo. Además, recuerda que ha de tenerse en cuenta la previsible aprobación de nuevas directivas europeas en las materias que pretenden modificarse a fin de garantizar la adecuada transposición del Derecho comunitario y evitar eventuales discrepancias. El Consejo de Estado llega incluso a afirmar que el régimen sancionador recogido en el anteproyecto es “disfuncional, defectuoso y carente de coherencia interna”, o que “el Anteproyecto no parece el instrumento que pueda articular un procedimiento administrativo de tutela de los derechos de propiedad intelectual ágil, eficaz y realmente protector de tales derechos”, sin olvidar que el sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado difícilmente encaja en el Derecho comunitario.

En cualquier caso, parece que el aluvión de críticas ha surtido efecto y que en las próximas semanas verá la luz un nuevo texto, modificado con las recomendaciones del Consejo de Estado, y que tras su aprobación por el Consejo de Ministros iniciaría su tramitación Parlamentaria. Habrá que esperar para ver el alcance y medida de las ya anunciadas modificaciones introducidas a su redacción original.