La Dirección General de Tributación, a través de Resolución con referencia DGT-R-60.2017, de fecha 20 de diciembre de 2017, estableció con claridad los requisitos exigibles para la inscripción, modificación o desinscripción ante el Registro Único Tributario de Costa Rica. Tiene la obligación de inscribirse toda persona física o jurídica al iniciar cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo (venta de mercancías o prestación de servicios), sujeta a algún tributo bajo la administración de la Dirección General de Tributación. 

De igual forma, en los casos de cese de la actividad o de modificación de algunos de los datos consignados, deberá comunicar a la Administración Tributaria dicho cambio en los plazos que establece el Reglamento de Procedimiento Tributario, Decreto N° 38277-H, publicado en el Alcance Digital N° 10, Gaceta N° 65, del 2 de abril del 2014.

Tal y como detalla la norma Nº DGT-R-060-2017, la inscripción en el Registro Único Tributario se debe realizar al iniciar cualquier actividad económica sujeta a tributos bajo la administración de la Dirección General de Tributación o cuando lo establezca una ley, reglamento o resolución general, dentro del plazo que la normativa defina. Se aclara que inscribirse en el Registro Único Tributario constituye una obligación legal que deben cumplir los obligados tributarios al realizar actividades económicas o estar sujetos a determinados impuestos, y no una autorización, licencia o permiso para realizar dichas actividades, lo cual depende del cumplimiento de requisitos específicos, según sea el tipo de actividad.

En este marco de implementación digital de la Administración Tributaria, se ha hecho público recientemente que el uso de la factura electrónica se generalizará a final del presente año 2018 tanto para personas físicas como jurídicas, conforme a un calendario que será emitido por parte del Ministerio de Hacienda a finales del mes de marzo. Este tipo de facturación ya es obligatoria para profesionales, servicios de salud, servicios contables y administrativos; y para servicios legales (que comprenden abogados y notarios). A estos colectivos se unirán próximamente los de ingeniería, arquitectura, informática, meteorología, mantenimiento industrial y mecánico, construcciones e ingeniería civil, químicos, geólogos, geógrafos, biólogos, tecnología de alimentos, publicidad, bibliotecología, enseñanza, salud ocupacional, educación especial y periodismo. En el calendario que se publicará a finales de marzo, se generalizará este tipo de factura para todos los contribuyentes, antes de finalizar el año, ya sean persona física o jurídica.

En lo que respecta a las actividades económicas, la Administración Tributaria ha adoptado la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), cuyos formularios están disponibles en la web de la Administración Tributaria Virtual (ATV). Para aquellos agentes económicos que no dispongan de equipos informáticos o carezcan de las destrezas necesarias, tendrán la asistencia oportuna a través de las plataformas de servicio, en los quioscos tributarios de las Administraciones Tributarias, en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y en los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF).

Hay muchas ventajas en aplicar un servicio de gobierno electrónico. La principal ventaja de esto será mejorar la eficiencia del sistema actual. Lograr reducciones de costos mediante una combinación de ahorros directos en personal de empresas y del Estado encargados de este tipo de trámites, más eficiencia a nivel de tiempo y optimización de los procesos internos y estatales cierran el círculo colaborativo de los agentes económicos y la Administración Tributaria. La capacidad de un servicio de gobierno electrónico para ser accesible a los ciudadanos, independientemente de su ubicación en todo el país, trae el siguiente y potencialmente mayor beneficio de un servicio de gobierno electrónico.

A pesar de las posibilidades que brinda la Administración, se mantiene la posibilidad de llevar a cabo dichos trámites de forma presencial acudiendo a las oficinas tributarias con la presentación de un formulario en papel que se debe acompañar de los correspondientes métodos de identificación tanto en caso de personas físicas como de personas jurídicas. En este segundo caso, se requerirá la personería jurídica y el número de medidor o número de identificación del servicio eléctrico (NISE) para registrar el domicilio o bien realizar un cambio del mismo. Desde el presente mes de marzo, las Sociedades Anónimas con cédula jurídica que termine con la cifra 3 han de poner al día o modificar, en su caso, los datos que conciernen al domicilio fiscal y representante legal ante la Dirección General de Tributación, según lo establecido en la resolución Nº DGT-R-51-2017.