El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas en el marco de un procedimiento de despido colectivo, siempre que los motivos del despido no estén relacionados con su embarazo, sean admitidos por la normativa nacional, y se comuniquen por escrito a la trabajadora.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de fecha 22 de febrero de 2018

La empresa inició un despido colectivo que, tras el oportuno período de consultas, finalizó con acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Entre otros aspectos, en dicho acuerdo se establecían los criterios que debían aplicarse por la empresa para la designación de los trabajadores afectados por el despido colectivo, así como las prioridades de permanencia.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa entrega a la trabajadora la oportuna carta de despido para la extinción de su contrato de trabajo en el marco del despido colectivo. 

La trabajadora en cuestión estaba embarazada en el momento en que se produjo su despido y había informado a sus compañeros de trabajo y a su superior jerárquico de dicha situación.

El despido fue impugnado por la trabajadora ante la jurisdicción social que, tras desestimar la demanda en instancia, planteó en fase de recurso al TJUE diferentes cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 92/85/ CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Comienza el TJUE indicando que el despido de una trabajadora embarazada forma parte del ámbito de aplicación y protección de la citada Directiva. En efecto, el legislador europeo ha previsto una protección particular para la mujer, estableciendo la prohibición de despido durante el período comprendido entre el inicio del embarazo y el término del permiso de maternidad, salvo en casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por la legislación nacional.

Por lo tanto, en caso de que la decisión de despido se haya tomado por razones esencialmente relacionadas con el embarazo de la interesada, tal decisión será incompatible con la prohibición de despido. En cambio, una decisión de despido por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no será contraria a la normativa europea, siempre que el empresario comunique por escrito los motivos que justifican la extinción y que el despido de la interesada esté admitido por la legislación o práctica nacional en cuestión, lo que ocurre con los despidos colectivos cuando la extinción se sustenta en causas objetivas no inherentes al estado de la trabajadora. 

Más concretamente, para afectar a una trabajadora embarazada en el despido colectivo el empresario debe exponer por escrito los motivos por los que efectúa la extinción, pudiendo ser estos motivos, entre otros, económicos, técnicos, organizativos o de producción de la empresa. 

Por otra parte, para el TJUE, en la citada Directiva opera una distinción expresa entre, por un lado, la protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por otro, la protección contra las consecuencias del despido, en concepto de reparación. A este respecto, el Tribunal considera que la protección en concepto de reparación, aun cuando dé lugar a la readmisión de la trabajadora despedida y al abono de la retribución dejada de percibir a causa del despido, no puede sustituir a la protección de carácter preventivo. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden limitarse a establecer únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando no esté justificado.

Por último, en el marco de un despido colectivo, la normativa europea no establece ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo para las trabajadoras embarazadas. En efecto, la Directiva no obliga a los Estados miembros a establecer tales prioridades, recordándose que la citada normativa solo contiene disposiciones mínimas, teniendo los Estados facultad de garantizar una mayor protección.