El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca, en su sentencia 00157/2015 de fecha 14 de abril de 2015 reitera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en su resolución del caso en el que Cerveza Isleña S.L. representada procesalmente por los abogados del despacho Ibidem Abogados, que presentaron recurso contencioso-administrativo, impugnando la resolución de 26 de marzo de 2014 por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Directora General de Agricultura de las Islas Baleares, de 3 de septiembre, por la que se sancionaba a la entidad recurrente con una multa de 3.305 euros como responsable de dos infracciones por fraude tipificadas en la Ley 1/1999 de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios delas Islas Baleares.

La resolución impugnada sancionaba a la empresa, entre otros motivos, por el uso en la botella y en la caja de las menciones “isleña”, “The beer of the Ibiza”, “La cerveza de Ibiza”, junto con un dibujo de una imagen típica de Ibiza y un mapa de la isla, cuando el producto no es originario de Ibiza.

Este hecho, señalaba la Directora General de Agricultura de las Islas Baleares, infringía el artículo 4.1 del Real Decreto 1334/1999 que aprueba la Norma General del Etiquetado, se tipifica en el artículo 30.4 c) de la Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios de las Islas Baleares, en materia de defensa de la calidad de la producción agroalimentaria, y su incumplimiento se encuentra tipificado como infracción grave en el artículo 32.3 b de la Ley 1/1999.

Ibidem Abogados alegó la inaplicabilidad de la Ley 1/1999 de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios de las Islas Baleares ya que las denominaciones “Isleña”, “Isleña flower power”, “Isleña the beer of Ibiza la cerveza de Ibiza”, “Isleña the beer of Ibiza” e “isleña” figurativa con la imagen de una isla y la leyenda “the taste of Ibiza”, son marcas de la UE registradas propiedad de Cerveza Isleña S.L.

En este sentido, se argumentó que el uso de las citadas marcas se encontraba en dicho momento del procedimiento amparado por el Reglamento 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (ahora derogado por el Reglamento de la UE no 2017/1001) reuniendo dichas marcas los requisitos exigidos por el Reglamento de Marca Comunitaria y habiendo sido objeto de revisión por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

Además, la recurrente manifestó que la aplicación de una norma autonómica, como es la Ley 1/1999, con el fin de sancionar el ejercicio de un derecho concedido legalmente en virtud de un Reglamento Comunitario suponía un fraude y una vulneración del principio de especialidad y de la primacía del Derecho Comunitario.

Igualmente, se alegó también que la utilización de normativa autonómica para sancionar el uso del derecho de marca reconocido en el conjunto de la Comunidad supondría una contravención de los principios de coherencia y seguridad jurídica al no poder confiar los operadores comunitarios en la eficacia de los derechos de marca concedidos. Además, supondría una compartimentación de la legislación sobre marcas en oposición a lo expresado en el artículo 1 del Reglamento de Marca Comunitario y un obstáculo al comercio de los productos amparados por dicha legislación atentando contra el principio de libertad de circulación de mercancías.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca en su sentencia dio la razón a la argumentación esgrimida por el equipo de Ibidem Abogados y declaró en su sentencia que si la Administración considera que la concesión de una marca de la UE es contraria a la normativa aplicable, cabría alegar la concurrencia de algunas de las causas de nulidad absoluta o relativa previstas en el Reglamento Europeo de Marcas a través del procedimiento preceptivo. Ahora bien, lo que de ningún modo puede hacer la Administración es ignorar el registro y los efectos jurídicos que el mismo conlleva e imponer una sanción, precisamente, por un hecho que, de haber concurrido, hubiera supuesto la denegación del registro por parte de la EUIPO.

En consecuencia, la sentencia concluyó que la Administración, al dictar la resolución sancionadora, vulneró la normativa de la UE en materia de marcas, por lo que procedió a estimar el recurso interpuesto, anulando la resolución impugnada al no ser ajustada a derecho.

Aplicación del principio de primacía

El Derecho de la Unión Europea, así como la jurisprudencia seguida por los Tribunales Europeos, han demostrado, a través del principio de primacía, ser el paradigma de interpretación de la norma nacional, ya que la norma interna no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión.

Los principales actos jurídicos en el Derecho de la Unión Europea son los Reglamentos y las Directivas, los primeros, generan derechos y obligaciones por sí mismo y no precisan de intervención ulterior de las instituciones comunitarias ni de las de cada Estado miembro para que sea aplicable con carácter general, mientras que las Directivas tienen por finalidad la fijación de objetivos concretos, lo que supone que los Estados miembros deben adaptar su legislación interna para la consecución de dichos objetivos, adaptación o trasposición que debe realizarse por cada Estado por el sistema o medio legal que estime más adecuado.

En numerosas ocasiones existe un conflicto de normas que resuelve el principio de primacía del derecho comunitario. Por lo que en aquellos casos en que la norma nacional resulta contradictoria con la comunitaria, la falta de trasposición, o la deficiente o insuficiente trasposición, hace que la norma nacional se interprete de conformidad con las del ordenamiento de la UE directamente aplicable o no, como manifestación del principio de primacía del derecho comunitario sobre el nacional. La Administración, los Juzgados y los Tribunales, y demás órganos del Estado, vienen también obligados a respetar el principio de primacía.

Este principio se pone de relieve cuando el particular puede invocar una Directiva, y la Administración del Estado no puede excusar el cumplimiento de la reglamentación comunitaria.

La LO 7/2015 de 21 de julio modificó la LOPJ añadiendo el art. 4 bis, según el cual “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Por su parte el Tribunal Constitucional se pronunció acerca del principio de primacía, en la STC 215/2014 de 18 de diciembre, reitera que la supremacía de la Constitución es compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro ordenamiento diferente del nacional, lo cual se prevé en el art. 93 CE.