Las autoridades aduaneras están obligadas a "reevaluar" antes del próximo mes de mayo de 2019 todas las autorizaciones aduaneras concedidas en el pasado (de garantías, simplificaciones aduaneras, regímenes aduaneros, estatus de operador económico autorizado, etc) . Las autorizaciones que no pasen la reevaluación serán revocadas.

Por este motivo, en los últimos meses, las empresas han recibido diversas notificaciones de los órganos de la Administración aduanera para iniciar los trámites de esta reevaluación. La primera de ellas viene de la mano del Departamento de Gestión aduanera que, a título informativo, comunica a las empresas la obligación de reevaluación y los plazos. La segunda corresponde a los órganos encargados de esta revisión, Dependencias regionales o Dependencia de Control Tributario y Aduanero, según el caso.

En primer lugar, los operadores deben definir si quieren mantener estas autorizaciones para, en caso contrario, solicitar la revocación. En este último caso, podrán retirarse todas las garantías que en el pasado se aportaron para obtener estas autorizaciones.

En segundo lugar, los operadores deben preparase para la "reevaluación". En función del tipo de autorización, la reevaluación puede consistir en una mera revisión de los datos solicitados a los contribuyentes en el marco de las notificaciones que se reciban o bien en el inicio de una comprobación de alcance mayor.

En el primero de los casos -mera revisión de los datos solicitados- destaca por su uso generalizado la "garantía global", fianza con cobertura global de todas las operaciones de comercio exterior que puedan conllevar una deuda aduanera. La "reevaluación" decidirá si el operador puede mantener o no esta autorización de garantía global y si el nivel de garantía constituida es válida o debe ser incrementado o minorado.

En el segundo de los casos -actuaciones de comprobación de alcance mayor- destacan por su especial complejidad todas aquellas autorizaciones asociadas a regímenes aduaneros (depósito aduanero, perfeccionamiento, etc) y el estatus de operador económico autorizado (OEA) como operador de confianza de la Aduana.

Una de las novedades en relación con el OEA es la necesidad de que los operadores justifiquen su "historial de cumplimiento" en los últimos tres años, no sólo en relación con su práctica aduanera sino también con su política tributaria.

Esta circunstancia obliga a las empresas a revisar las infracciones tributarias que hayan podido cometer en los tres últimos años para justificar, como exige la normativa aduanera, no sólo que revisten escasa importancia, por su naturaleza o cuantía, sino también la política implantada por la compañía para su corrección y prevención.

Es por lo tanto el momento para que cualquier operador que realice operaciones de comercio exterior revise sus autorizaciones aduaneras y el cumplimiento de los requisitos actualmente exigidos para afrontar las comprobaciones a efectuar por la Administración con objeto de solventar con éxito este proceso y evitar cualquier revocación de autorizaciones no deseada.