Cualquier actividad comercial puede estar en riesgo de ser usada por las redes de lavado de dinero para cumplir sus fines ilícitos, aún sin el conocimiento pleno de las víctimas. Sin embargo, existen formas eficaces de evitar que esto suceda y que las empresas terminen siendo colaboradoras involuntarias de estas actividades criminales. En este artículo, entenderemos y analizaremos hasta dónde llega la responsabilidad de las personas y empresas en el combate de este delito.

¿Qué es el lavado de dinero?

Entendida como delito, la actividad de lavar dinero, es toda acción que se realice para intentar ocultar el origen ilícito de un bien a través de cualquier medio, o cualquier acción que disponga del mismo ya sea administrándolo, trasladándolo o resguardándolo. Es decir, lavar dinero es una forma de encubrir la actividad delictiva que lo produjo, fingiendo legalidad.

Con el surgimiento del crimen organizado transnacional, surgieron dos preocupaciones principales en los países que participan de la Asamblea de las Naciones Unidas: la primera de ella, erradicar por completo la actividad criminal de estas redes y, la segunda, evitar por todos los medios que el dinero que produzcan las actividades ilícitas ingrese a la economía de los países a través del sistema financiero y comercial. Para ello, se requiere un esfuerzo no solo gubernamental, sino también, que exista cooperación de los particulares y especialmente las empresas hacia las agencias gubernamentales encargadas de la prevención y sanción del lavado de dinero u otros activos.

En el año dos mil uno, Guatemala impulsó la legislación antilavado de dinero, creándose una Ley y un reglamento que definen y desarrollan el tema. El delito de lavado de dinero exige que quien lo cometa tenga conocimiento pleno del origen ilícito del bien cuyo origen está intentando ocultar, es decir que proviene de la comisión de un delito. Por ello, quienes principalmente están en riesgo, son todas aquellas empresas que proveen servicios o productos que sean lujosos y de interés para quien se dedica a la actividad criminal organizada.

Con el transcurso del tiempo, la autoridad en esta materia - la Superintendencia de Bancos, a través de Intendencia de Verificación Especial- ha identificado otras actividades empresariales o industriales, así como otro tipo de personas jurídicas, que también son susceptibles de ser utilizadas para fines ilícitos de lavado de dinero u otros activos y que presentan nuevos retos para las empresas y sociedades sin fines de lucro, como se describe más adelante.

¿Cómo suele ocurrir el lavado de dinero?

La compra de bienes inmuebles, los automóviles, las joyas, los yates, y, sobre todo, los productos financieros, están en un alto riesgo de ser utilizados por las organizaciones criminales para invertir el dinero mal habido. Por tal razón, la ley de lavado de dinero considera como obligación de los proveedores de este tipo de servicio o producto, el informar de toda actividad que realicen con sus clientes, para que, la agencia gubernamental encargada del tema pueda hacer un análisis preciso y detectar redes de lavado de dinero y promover su enjuiciamiento.

¿Quiénes son las personas obligadas a prevenir el lavado de dinero?

El reglamento de la Ley de Lavado de Dinero define quiénes son las personas que se consideran obligadas a prevenir el lavado de dinero ante la Superintendencia de Bancos (SIB), a través de su Intendencia de Verificación Especial (IVE). Éstas incluyen dos grupos, el primero integrado por entidades financieras y bancarias; y, el segundo requiere el siguiente detalle de empresas que se dediquen, entre otras, a:

1. La transferencia de bienes,

2. Aseguradoras,

3. Empresas que se dediquen al arrendamiento financiero,

4. Empresas que se dediquen a la promoción inmobiliaria o compraventa de Inmuebles,

5. Compraventa de vehículos automotores, marítimos o aéreos,

6. Venta de joyas, piedras y metales preciosos,

7. Servicios de blindaje,

8. Contadores y auditores públicos,

9. Personas individuales o jurídicas dedicadas a actuar a través de sí mismos o de terceros como titulares de acciones nominativas, socio, asociado o fundador de personas jurídicas.

10. Personas individuales o jurídicas dedicadas a actuar a través de sí mismos o de terceros como miembros del consejo de administración o junta directiva, administrador, apoderado o representante legal de personas jurídicas,

11. El servicio de provisión de dirección física para que figure como domicilio fiscal o sede de personas jurídicas, y,

12. Personas jurídicas sin fines de lucro, sin importar su denominación que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado y/o reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero.

¿Qué acciones deben cumplir las personas obligadas ante la IVE para evitar ser responsabilizadas de este delito?

Las personas obligadas ante la IVE deben estar inscritas formalmente a través de un procedimiento sencillo que requiere nombrar a una persona como enlace con esa Intendencia. Esta persona será el oficial de cumplimiento y a través suyo deberá ser requerida y enviada toda la información necesaria para obedecer las leyes antilavado de dinero.

Estas obligaciones inician desde el primer contacto con el cliente, a través de formularios destinados para el efecto, en los que la persona que desea adquirir bienes o servicios declara cuál es el origen de sus fondos y todos sus datos de identificación. Luego, también debe informarse de las actividades comerciales realizadas en la empresa detallando los clientes que adquirieron servicios o bienes. Además, es obligación reportar todas las transacciones en efectivo que superan el umbral de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00), o su equivalente en quetzales.

Otras obligaciones son elegir de manera adecuada al personal de la empresa, filtrando aquellas personas que puedan tener un récord que lleve a pensar que puedan estar relacionadas con actividades criminales. Asimismo, deben realizarse capacitaciones periódicas relacionadas con el tema de lavado de dinero, cuya constancia debe quedar patente para que el oficial de cumplimiento lo informe a las instituciones gubernamentales.

La importancia de cumplir estas obligaciones es vital para las empresas, pues, la misma Ley de Lavado de Dinero, exime de cualquier responsabilidad, incluyendo la penal, a las entidades que informaron a su debido tiempo de las operaciones realizadas o a realizar, no importando si más adelante las agencias de gobierno determinen que el dinero tenía un origen ilícito, ya que, resulta imposible para las empresas tener acceso a las redes de información que sirvan para verificar lo declarado por el cliente ante la Superintendencia de Bancos sobre el origen de su dinero.