Se interpuso recurso de casación frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Las Palmas, de 3 de abril de 2009, por la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 1 de marzo de 2007 del Consejo de Administración de la Autoridad de Las Palmas, anulándola y reconociendo el derecho de la solicitante a la concesión de la licencia de servicios básicos de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías en el Puerto de Arinaga. El recurso de casación se interpuso por entender vulnerado el artículo 67.1 de la entonces vigente Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, de acuerdo con el que, transcurrido el plazo máximo de tres meses sin que se notifique la resolución se entenderá estimada la solicitud, salvo que se oponga a lo establecido en el pliego regulador o en las prescripciones particulares del servicio.

Entiende la Autoridad Portuaria que no se ha producido la estimación de la solicitud de licencia por silencio positivo en tanto que no existe pliego que habilite el otorgamiento de la licencia que se solicita para el ámbito geográfico del Puerto de Arinaga. En cambio, el Tribunal Supremo estima que, si no existe pliego regulador, es axiomático que la solicitud no puede oponerse a lo establecido en el pliego; y si no se opone, ha de entenderse estimada, puesto que ésta es la tesis o consecuencia del citado artículo 67.1.

Se insiste por la Administración recurrente en que el pliego de cláusulas de explotación del servicio público de estiba y desestiba de buques para el puerto de Las Palmas (que incluye el puerto de La Luz, el de Salinetas y el de Arinaga) no admite solicitudes que se refieran exclusivamente al servicio del Puerto de Arinaga, ya que no existe para él un pliego específico, indicando que la prestación del servicio únicamente en ese ámbito territorial es contraria al Pliego del Puerto de Las Palmas, y por lo tanto, el reconocimiento del derecho a la prestación del servicio en ese concreto ámbito territorial, infringe el art. 67.1 de la Ley 48/2003. Sin embargo, el Tribunal Supremo destaca que no se concreta cuál de las cláusulas del pliego impone que sólo sean posibles licencias que abarquen la totalidad del Puerto de Las Palmas, y que el régimen jurídico de las licencias para prestar los servicios portuarios básicos relativos a la manipulación y transporte de mercancías admite dentro de los espacios portuarios actividades comerciales o de servicios que puedan realizarse en la totalidad de la zona de servicio del puerto o en parte de la misma, en sintonía con lo que las respectivas licencias han de precisar el ámbito geográfico a que se extiende la prestación del servicio, no existiendo obstáculo legal, por tanto, para que, aprobado un pliego de cláusulas administrativas de explotación de un puerto de interés general que a su vez comprenda diferentes espacios portuarios, las licencias singulares para prestar los servicios de manipulación y transporte de mercancías se limiten a uno sólo de dichos espacios y no a la totalidad de ellos, siendo la consecuencia que no se produce incompatibilidad de la licencia solicitada con el contenido del pliego regulador aplicable como causa que pudiese obstar a la producción del silencio positivo impuesta por el artículo 67.1 de la Ley 48/2003.