El Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) ha emitido un informe que, entre otras cuestiones, responde a una consulta en relación con el envío de comunicaciones comerciales con base en el interés legítimo al amparo del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), que, recordemos, será plenamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

A este respecto, la AEPD entiende que el envío de comunicaciones comerciales puede ampararse en el interés legítimo (artículo 6.1.f del RGPD) cuando:

  • se trate de comunicaciones por medios no electrónicos;
  • el interesado sea cliente de la entidad en el momento del envío;
  • y los productos o servicios ofertados sean propios y similares a los que previamente contrató el cliente, entendiendo por similares aquellos de la misma naturaleza respecto de los que pueda “aplicarse una identificación lógica basada en la expectativa razonable del cliente”.

En relación con las comunicaciones electrónicas, el informe recuerda que el interés legítimo no sería una base jurídica válida, ya que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que constituye norma especial, exige el consentimiento del destinatario. La propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, cuyo texto final podría variar, contiene restricciones similares en relación con este tipo de envíos.

¿Puede una empresa utilizar cámaras ocultas para grabar a sus empleados en el puesto de trabajo cuando existe una fundada sospecha de incumplimiento laboral?

Loewe comprobó que faltaba un número considerable de prendas en la empresa y, sospechando que la sustracción de las prendas podía haberse llevado a cabo por personal interno, decidió contratar a una agencia de detectives privados para instalar cámaras ocultas durante un breve periodo de tiempo (del 19 al 23 de agosto) en los puestos donde se creía que se había producido la sustracción. De ello se informó a la presidenta del comité de empresa, pero no con el comité, ya que uno de los sospechosos era miembro del mismo. De este modo, se comprobó que precisamente este empleado se había llevado diversos productos, y la empresa procedió a su despido disciplinario.

El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda por despido del trabajador, convalidando la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. La sentencia de 9 de febrero de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia.

Alegaba el empleado que la empresa debería haber inscrito un fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos, colocado carteles informativos en las zonas de grabación, facilitado formularios para el ejercicio de los derechos de protección de datos y notificado a los representantes de los trabajadores.

A la vista de los antecedentes de hecho arriba descritos y de que las imágenes captadas se utilizaron exclusivamente para su presentación en juicio, entiende el Tribunal que la grabación tiene base legal en la facultad de control que atribuye el Estatuto de los Trabajadores al empresario. Además, señala el Tribunal, la medida adoptada supera además el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que la ponderación entre el derecho fundamental del trabajador a la protección de sus datos y el derecho fundamental de la empresa a la tutela judicial efectiva debe resolverse a favor de este último.

Remarca también el Tribunal que sería absurdo exigir a la empresa que comunicase a los trabajadores la instalación de las cámaras y que colocase carteles dando publicidad a este hecho, porque con ello se frustraría la finalidad buscada, esto es, la averiguación del ilícito laboral, y considera, por tanto, admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la realizada a la presidenta del comité de empresa (no al comité, porque el trabajador despedido era miembro de este).