Prevalencia del interés público subyacente en el dominio público portuario consistente en la disponibilidad de la Autoridad Portuaria sobre los bienes inmuebles sujetos al dominio portuario frente al interés privado de ocupación. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 12 de abril de 2013.  

Constituye el objeto del recurso la denegación de la suspensión cautelar de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de desahucio administrativo de la vivienda, edificaciones e instalaciones adyacentes ubicadas en una parcela del Puerto de Mahón, por considerar la Administración que el plazo concesional había finalizado y el ocupante de dicha parcela carecía de título habilitante.  

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto al considerar que los perjuicios que la ejecución de la citada Resolución conllevarían para el recurrente no pueden ser calificados de irreparables, y ello puesto que, de obtener sentencia favorable, siempre podría recuperarse la ocupación material perdida si los bienes se encontrasen vacantes, o, en caso contrario, obtener indemnización económica sustitutoria, destacando que los intereses públicos, representados por la disponibilidad que ha de tener la Autoridad Portuaria sobre los bienes inmuebles sujetos al dominio portuario, son preferentes a los intereses particulares de ocupación del recurrente y además con grado máximo de intensidad.

Improcedencia del otorgamiento de títulos concesionales para la realización de obras de superestructura o instalaciones en espacios portuarios con carácter previo a la aprobación definitiva del correspondiente Plan de Utilización. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- -Administrativo, Sección 3ª) de 17 de abril de 2013.  

Se interpuso recurso de casación frente a la Sentencia de 23 de febrero de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a dos resoluciones de la Autoridad Portuaria de Vigo mediante las que se otorgaba una concesión administrativa por un plazo de treinta y cinco años para la construcción y explotación de un puerto deportivo dentro de la zona de servicio del Puerto de Vigo, y ello por entender infringidos, entre otros, los artículos 18 y 19 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en consonancia con los artículos 94.1 y 2, 95, 96.1 y 106.2 y 3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, además de los artículos 115.b de la Ley 22/1988, y 91, 146, 151 y 208.b del Reglamento de la Ley de Costas.  

Corresponde a la Administración del Estado delimitar las zonas de servicio necesarias para el desarrollo de los usos portuarios en los puertos de interés general a través del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, correspondiendo a la Autoridad Portuaria la elaboración del referido Plan y la definición en su propuesta de los usos previstos para las diferentes zonas del Puerto.  

Los Planes de Utilización de los Espacios Portuarios son los instrumentos específicos para planificar y delimitar las zonas de servicio, esto es, para incluir -con vistas al futuro- aquellos espacios en que se hará efectiva la explotación de las actividades portuarias, lo que implica que el propio Plan ha de concretar y determinar los usos previstos para los distintos espacios del puerto. Y a tales instrumentos deben atenerse las decisiones de la propia Autoridad Portuaria cuando pretenda otorgar títulos concesionales para la realización de obras de superestructura o instalaciones en los respectivos espacios, pues la aprobación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios condiciona la suerte de las concesiones tanto existentes como futuras. Así, las concesiones existentes pueden ser rescatadas si el desarrollo del Plan lo requiere y, en todo caso, cuando resulten incompatibles con las determinaciones del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, deben adaptarse a él.  

En conclusión, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación al considerar no conforme a Derecho que se impusiese a la futura aprobación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios como hecho consumado mediante un título concesional con una duración de treinta y cinco años la atribución exclusiva del uso deportivo a determinada zona del puerto, hasta el momento destinada a instalación industrial, cuando dicho Plan se encontraba en plena tramitación, y a pesar de que en su proyecto se apuntase a la conveniencia de permitir la ubicación de futuras zonas náutico-deportivas a lo largo de la zona de servicio.

Sujeción de actividades distintas de los servicios portuarios realizadas en el dominio público portuario a las limitaciones impuestas por la Autoridad Portuaria en atención a razones de eficacia administrativa y prevalencia del interés general. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- -Administrativo, Sección 3ª) de 1 de abril de 2013.

Se interpuso recurso de casación por una entidad dedicada a la realización de viajes turísticos a bordo de embarcaciones frente a la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que esa misma entidad interpuso contra el Pliego de Condiciones Particulares para el ejercicio de la actividad comercial de viajes turísticos y de transportes locales en la zona de servicio del Puerto de Sevilla, aprobado por la Autoridad Portuaria el 28 de junio de 2005, que preveía restricciones a la navegación en dicha zona durante cincuenta días al semestre con motivo de la celebración de eventos deportivos, entendiendo infringidos, entre otros, los apartados 1 y 2 del artículo 89 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.  

El Alto Tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto, manifestando que el dominio público portuario tiene evidentes limitaciones derivadas de sus características físicas y que por motivos de seguridad no pueden compatibilizarse en el mismo momento y lugar la realización de pruebas náutico-deportivas y la actividad de viajes turísticos a bordo de embarcaciones, correspondiendo a la Administración titular del dominio público, en esta caso la Autoridad Portuaria de Sevilla, en el ejercicio de sus competencias propias, fijar los parámetros para compatibilizar su existencia y ejercicio en condiciones de seguridad y en aplicación de los principios de eficacia administrativa y prestación de un servicio objetivo conforme a los intereses generales, como se contempla en el artículo 103.1 de la Constitución Española.  

La citada Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, distingue entre servicios portuarios -necesarios para el desenvolvimiento de los puertos en su actividad intrínseca de atención a las necesidades del tráfico marítimo y de servicios comerciales- y otras actividades -cualquier otra admisible que no constituya un servicio portuario- en las que se integra la actividad de viajes turísticos en embarcaciones desarrollada por la recurrente. En relación con el régimen de prestación de estos últimos servicios, el artículo 89 de la Ley 48/2003, determina la necesidad de obtención de autorización previa y la sujeción, en su caso, tanto a las condiciones generales emitidas por Puertos del Estado como a las condiciones particulares que determine cada Autoridad Portuaria, y ello con el objeto de garantizar su realización en forma compatible con los usos portuarios y el funcionamiento operativo del puerto en condiciones de seguridad y calidad ambiental y atendiendo a razones de eficacia administrativa y de prevalencia del interés general.  

Por otra parte, estima el Tribunal Supremo que la prohibición de navegación impuesta -que se basaba en informe emitido por el Jefe de Unidad de Navegación de la Autoridad Portuaria de Sevilla sobre el número máximo de días en que se podría cortar a la navegación comercial de viajes turísticos la dársena interior del puerto de Sevilla para la celebración de pruebas o eventos deportivos, por lo que no cabe apreciar que la Administración haya incurrido en arbitrariedad ni en desviación de poder- no supone la producción de un daño individualizado a la entidad recurrente, amén de que ésta viene obligada a soportar limitaciones inherentes al ejercicio de su actividad en el dominio público portuario, para el que se prevén limitaciones en su normativa específica de las que, además, la recurrente tenía constancia, pues al solicitar la preceptiva autorización conocía que debía compatibilizarse el uso comercial con la realización de eventos deportivos y demás limitaciones impuestas por la Autoridad Portuaria.