El Ejército venezolano anunció que comenzará a monitorear las redes sociales.

El Alto Mando Militar venezolano publicó los planes para este año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ejército de Venezuela. Entre los proyectos están el lograr el control de las empresas productivas del Estado y de los medios de comunicación, si continúa lo que identifican como “ataques a líderes militares revolucionarios”; y la creación de una fuerza especial “ciberguerra” si un supuesto escenario bélico contra el gobierno se trasladara a Internet.

Pero el punto que más llama le llama la atención a las democracias es el que insta a las FANS a prepararse para incluir el uso de todos los tipos de medios de comunicación, contra la “guerra de cuarta generación” que padecería el chavismo. Lo que implicaría una vigilancia de las redes sociales y el impacto de Internet contra la “revolución chavista”.

Para el abogado Rodrigo León, socio de la firma chilena Silva y Cía., especializada en propiedad intelectual e innovación, las medidas irían contra el derecho internacional y la misma Constitución venezolana.

—El Ejército venezolano podrá vigilar los medios y las redes sociales de todos los ciudadanos?

—Más allá de lo que puedan indicar las normativas del gobierno, es claro que la intrusión en redes sociales por parte del Ejército bolivariano, de particulares, a efectos de obtener información para afectar la libertad de expresión, de reunión u otras libertades, tiene consecuencias a nivel regional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en particular su Art. 13, expresamente ampara la no afectación, por medio directos o indirectos, de la libertad de expresión. Dado lo anterior, el que se puedan incautar computadores, que se puedan cancelar cuentas de correo, en redes sociales o similares, pone en jaque la libertad de expresión que es amparada aún por la misma Constitución venezolana. Por otro lado, y eso debe saberlo el gobierno venezolano, al espiar dichas redes, también puede estar afectando derechos de extranjeros. Un chileno, por ejemplo, que forma parte de las redes sociales y eventualmente sea objeto de intrusión por los servicios venezolanos. Esto implica que si extranjeros utilizaran o participaran en esas redes que serán vigiladas, se estaría violando sus derechos.

—¿Cómo afectará a la sociedad venezolana esta nueva vigilancia y control estatal?

—Claramente tendrá un efecto muy importante en la medida en que los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y periódicos, han sido limitados en su actuar en Venezuela, siendo reemplazados en forma muy importante por la libertad de las redes sociales que hoy están en jaque en ese país, con medidas como las indicadas.

—¿Existe alguna manera en la que los venezolanos podrán protegerse de las intrusiones y censuras de su Ejército?

—Existe la seguridad física, en el sentido de ser prudentes en la forma de mantener sus cuentas y cómo usarlas, pero también la jurídica, ante los tribunales venezolanos. A nivel regional se da el problema de que se ve difícil actuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de darse los supuestos, ya que lamentablemente, y era de esperar, Venezuela no es parte de la Corte desde 2013. Por otra parte, existen los términos y condiciones de contrato que cada proveedor de redes tiene con el usuario; los cuales es esperable que sean respetados por la autoridad gubernamental.