El 15 de diciembre de 2016, la CNMC sancionó a varias empresas/empresarios autónomos con una multa total de 13.029 euros al considerar probada la existencia de un cártel en el sector de actividades de fotografía, especialmente para la realización de orlas universitarias (Expte. S/DC/0538/14 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS).

La investigación fue iniciada por una solicitud de exención del pago de la multa, de acuerdo con el Programa de clemencia, presentada por el ESTUDIO CUM LAUDE, S.L. el 28 de febrero de 2014.

En su solicitud de clemencia, CUM LAUDE informó de la existencia de prácticas colusorias consistentes en el reparto y la fijación de precios en el mercado de los servicios y trabajos fotográficos a grupos de alumnos de diferentes centros educativos ubicados en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia y Andalucía, así como de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Por la revelación de esta información a la CNMC, CUM LAUDE se ha beneficiado de la exención del pago de la multa de 2.083 euros que le hubiera correspondido.

Tras su investigación, la CNMC ha concluido que, las empresas y autónomos participantes en el cártel mantenían contactos por correo electrónico, por teléfono, WhatsApp, y a través de las distintas reuniones que celebraban desde al menos septiembre de 2001 hasta febrero de 2015. En estas reuniones, celebradas sobre todo al principio de cada curso académico, se reajustaba el reparto de alumnos del año anterior e intercambiaban información sobre ofertas y alumnos. Además, a final de cada curso se evaluaba el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el cártel.

La mayor multa en este expediente ha recaído en D. Jorge García Sánchez (Orla Magna) con 3.129 euros, seguida por Foto Élite (FC Fotógrafos Torrejón S.L. y D. Carlos Ferández Pascual) con 2.794 euros, Dª. Amparo Guitíerrez Martín (ALPHAORLA) 1.744 euros, D. Juan Manuel Hernández Márquez (FOTORLA) 1.209 euros, EF Digital Orlas (D. José Manuel Moreno Corpa Y Dª Mª Esther Ferrero) 1.037 euros y AF BERINGOLA, S.L., de 1.033 euros.

Llama la atención la baja cuantía de las sanciones que, a pesar de que el tipo sancionador aplicado varía entre el 3,5% y el 4,8%, se debe al limitado volumen de negocios de las partes. De hecho, se trata de la multa total más baja que ha impuesto la CNMC en un caso de cártel desde su creación en 2013, únicamente comparable con la multa de 7.000 euros impuesta en 2012 por la extinta CNC a cinco empresas por la fijación de precios del juego de cartas “Magic 2011”.

Cabe resaltar que este expediente es un ejemplo “de libro” de la inaplicación de la exención de minimis cuando una práctica anticompetitiva es restrictiva por objeto, como es el caso del cártel. Conviene recordar que las restricciones per se o por su objeto, tampoco pueden justificarse mediante eficiencias en el mercado.

La resolución se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1488920_7.pdf

El pasado 4 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) emitió su sentencia en el asunto C-195/14 relativo a etiquetado de alimentos e inducción a error a consumidores sobre la composición de los mismos en relación con la Directiva 2000/13, de 20 de marzo de 2000, en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Mediante esta sentencia el TJUE responde a la cuestión prejudicial que le planteó el Bundesgerichtshof (tribunal federal de justicia alemán) en el marco de un litigio entre el Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucher-verbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unión federal de las centrales y asociaciones de consumidores) y Teekanne GmbH & Co. KG en relación con el carácter supuestamente engañoso del etiquetado de la infusión de frutas “Felix aventura frambuesa-vainilla” de Teekanne por entender que el mismo inducía a error al consumidor sobre la composición e ingredientes de la citada infusión.

En el caso enjuiciado y pese a las menciones que se incluían en listado de ingredientes del producto, el envase contenía imágenes de frambuesas y de flores de vainilla, y otras menciones las menciones “infusión de frutas con aromas naturales” e “infusión de frutas con aromas naturales – sabor frambuesa-vainilla”, así como un sello gráfico con la mención “sólo ingredientes naturales”.

El Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal regional superior de Düsseldorf) consideró que el listado de ingredientes del envase era suficiente para descartar todo tipo de confusión en el consumidor respecto a la composición del producto. Contra esta sentencia, el BVV interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof quien remitió una cuestión prejudicial sobre la licitud, en el sentido de los artículos 2(1)(a)(i) y 3(1)(2) de la Directiva 2000/13, del etiquetado cuya descripción o representación figurativa de la impresión de que cierto ingrediente está presente cuando, en realidad, tal y como se desprende del listado de ingredientes, no es el caso.

Por norma general, la jurisprudencia del TJUE tiene establecido que la existencia de información exacta y completa en el listado de ingredientes del envase basta para descartar el engaño al consumidor. Sin embargo, en este caso, señala el TJUE que, la circunstancia de que este listado figure en el envase del producto de Teekane no permite excluir que el etiquetado del mismo pueda inducir a error al comprador e insta al tribunal federal a verificar, examinando los diferentes elementos que componen el etiquetado, si un consumidor medio y razonable-mente perspicaz puede ser inducido a error en cuanto a la presencia o ausencia de ciertos componentes en esta infusión.

Autores: Paula Barnola y Jean-Yves Teindas

El pasado 29 de agosto de 2014, a propuesta del Ministerio de Justicia, fue aprobado por el Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Fundaciones. Héctor de Urrutia, abogado de nuestro despacho, analiza la conveniencia de esta reforma.

La intención del Ministerio de Justicia es que este anteproyecto sustituya a la actual Ley estatal 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para o con la intención de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad (a través de los fines que justifican su existencia), como de las administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.

El anteproyecto aprobado por el Gobierno trae muchas e importantes novedades, pero previamente y lo primero que cabe preguntarse es si dicho el anteproyecto era realmente necesario.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF), a través de una nota de prensa, ya se ha pronunciado al respecto, mostrando su total oposición al anteproyecto. Para la AEF estamos ante una reforma que propone un “modelo intervencionista por parte de los poderes públicos en el funcionamiento de las fundaciones, limitándolas en muchas áreas”.

La actual Ley de Fundaciones está cerca de cumplir doce años de vigencia, y si bien es cierto que algunos artículos requerían de una reforma, considero que habría sido suficiente con ciertas modificaciones, no siendo necesaria la aprobación de una nueva Ley. Medidas que fomenten la transparencia y las prácticas de buen gobierno son siempre bienvenidas, pero este Anteproyecto va más allá, modificando ciertos artículos clave, cuyo nuevo contenido ya está generando controversia en el tercer sector.

Obviamente no es un blog el medio para hacer una explicación pormenorizada de un Anteproyecto, pero sí que cabe destacar cinco novedades importantes para comprender la anterior reflexión:

  • En primer lugar, se prevé un único Protectorado en el ámbito de la Administración General del Estado, lo cual supondrá acabar con la dispersión actual existente de los distintos Protectorados (v.g. Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o Protectorado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y sus respectivos Protectorados.

  • En segundo lugar, el Anteproyecto crea un Registro único de Fundaciones dependiente del Ministerio de Justicia, encomendándose la llevanza del mismo al Registro Mercantil en los términos que se determinen reglamentariamente.

Esto supondrá que las fundaciones se inscribirán en la sección especial del Registro Mercantil correspondiente a su domicilio.

  • En tercer lugar, es muy relevante el nuevo concepto de fundación que el artículo 2.3 del Anteproyecto propone. A diferencia del redactado actual, el nuevo artículo 2.3 establece la necesidad de que las fundaciones cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con una organización suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios. ¿Esto supondrá el fin de las fundaciones patrimoniales, es decir, de aquellas fundaciones con recursos monetarios, pero sin infraestructura, que cumplen su finalidad mediante el reparto de sus fondos entre entidades no lucrativas para que sean estas últimas quienes directamente realicen las actividades? Actualmente, este tipo de fundaciones ya generan controversia tributaria, pues según la Administración no pueden acogerse y disfrutar del régimen fiscal de la Ley 49/2002 del mecenazgo, pero esta nueva definición en el ámbito civil añade todavía más complejidad al tema. No olvidemos que en España este tipo de fundaciones son numerosas.
  • En cuarto lugar, y centrándonos en el procedimiento de constitución de una fundación, cabe destacar lo siguiente:

- Se establece un nuevo procedimiento (más sencillo según la Exposición de motivos del Anteproyecto), que consistirá, sin ánimo de exhaustividad, en que para constituir una fundación estatal ahora el interesado deberá solicitar previamente del Protectorado una resolución relativa a la idoneidad de los fines y actividades y de adecuación y suficiencia de la dotación.

El Protectorado dictará y notificará la resolución correspondiente en el plazo máximo de 3 meses, entendiéndose desfavorable si transcurrido dicho plazo la misma no hubiese sido notificada.

- En lo que respecta a la dotación fundacional, se elimina la posibilidad del desembolso sucesivo. Es decir, se elimina la posibilidad de aportar el 25,00% de la dotación inicial en el momento de constitución y el resto en un plazo no superior a 5 años.

No obstante, y al igual que en la Ley actual, la dotación inicial seguirá presumiéndose suficiente si su valor económico alcanza los 30.000,00 Euros.

  • Finalmente, y al igual que se tiene previsto regular en Catalunya, se prevé por primera vez la introducción de un régimen sancionador, que corresponderá aplicar al citado Protectorado único.

Los sujetos responsables de las infracciones tipificadas en la futura Ley serán los patronos y el secretario del Patronato que no se encuentre entre los primeros, si se determina su responsabilidad individual en la infracción cometida.

Las sanciones se dividirán entre leves, graves y muy graves y serán sancionadas con un abanico que va desde la amonestación a multas de entre 1.000,00 y 30.000,00 Euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano de gobierno de la fundación que ocupe e inhabilitación para desempeñar esos puestos de entre 5 y 10 años.

Éstas y otras son las novedades que trae el Anteproyecto propuesto por el Ministerio de Justicia. No obstante, habrá que esperar a las modificaciones que pueda sufrir el mismo durante su tramitación parlamentaria y ver cómo queda finalmente la futura regulación aplicable a fundaciones estatales, así como a las de ámbito autonómico en aquellas comunidades que no cuenten con ley propia de fundaciones, para los años venideros.