La Dirección General de Tributos, en dos recientes consultas vinculantes, concreta el momento en el que los propietarios de acciones de una sociedad en concurso de acreedores pueden computar las pérdidas patrimoniales experimentadas con motivo de tal situación.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0624-17, de 9 de marzo del 2017, analiza cuándo y cómo puede computar una pérdida patrimonial el propietario de unas acciones de una sociedad suspendida de cotización y en fase de liquidación en un procedimiento concursal.

En su respuesta, el centro directivo comienza aclarando que el hecho de tratarse de una sociedad en concurso de acreedores no comporta de forma automática la existencia de una pérdida patrimonial para los socios, sino que es necesaria la disolución y liquidación de la sociedad. En ese entendimiento, es necesario interpretar conjuntamente lo dispuesto en el artículo 178.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con lo establecido en el artículo 37.1e de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que permite concluir que, para poder computar una pérdida patrimonial en el referido contexto, debe previamente procederse a la disolución y liquidación de la sociedad, siendo el periodo impositivo en el que se practique la liquidación aquel en el que se considerará producida la alteración patrimonial determinante, en su caso, de una pérdida patrimonial para el socio. 

Por otra parte, en la consulta vinculante V0998-17, de 25 de abril del 2017, el centro directivo aclara cuál sería el citado periodo impositivo en el que habría de entenderse liquidada la entidad y, por tanto, imputada temporalmente la pérdida patrimonial derivada de ella —teniendo en cuenta que en el supuesto analizado no existe cuota de liquidación alguna para la consultante como socia de la entidad— en los supuestos en los que el ejercicio en el que se otorgaron las escrituras de disolución y liquidación (2010) no coincide con aquel en el que se realizó la inscripción registral de éstas (2015); en ese caso, por haberse denegado inicialmente esta última.

Pues bien, al hilo de lo anterior, el centro directivo, tras analizar lo establecido tanto en los artículos 14.1c  y  37.1e  de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como en los artículos 394.1 y 395 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, concluye que la «pérdida patrimonial que se le pudiera haber producido a la consultante por la disolución de la sociedad —al ser cero la cuota de liquidación— procederá imputarla al periodo impositivo  2010, periodo impositivo en el que se ha producido la alteración patrimonial con la disolución y liquidación de la mercantil».