La actora solicita una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la violación de su derecho de propiedad industrial, con base en el artículo 64.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad y para su cuantificación fija alternativamente los tres criterios establecidos en el artículo 66 de la misma Ley, pero dejando para la ejecución de sentencia la elección de aquel criterio legal, entre los tres fijados en la demanda, del que resulte una cantidad mayor según el importe que el perito judicial cuantifique conforme a los tres criterios.

La Sala de instancia afirmó que «el momento en que debe procederse a dicha elección queda determinado por las normas procesales dentro del periodo de alegaciones, y más concretamente, en el escrito de demanda, que es el escrito rector de la pretensión actora. La fijación en la demanda de cuál sea el criterio que permita la determinación de la cuantía de la indemnización será determinante para que el demandado conozca qué se le reclama, por qué causa y de qué modo, a fin de poder ejercitar cuantas expectativas le permita su defensa; y a mayor abundamiento, lo que acaba de indicarse debe ponerse en relación con el contenido del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo precepto no permite que la elección de uno de los criterios legales que recoge el artículo 66 de la Ley de Patentes se posponga hasta ejecución de sentencia. El debate procesal debe acotarse en la formulación de la demanda lo que significa que ese es el momento procesal oportuno para, primero, optar por uno de los tres criterios legales y, segundo, establecer, dentro del criterio elegido, un método para su determinación o cálculo, pudiendo quedar diferida para ejecución de sentencia la fijación de la cifra determinada conforme al criterio legal elegido y el método determinado».

Sobre dicha determinación, la Sala Primera del Tribunal Supremo hace una interesante síntesis de su propia jurisprudencia sobre la remisión de la cuantificación de daños a la fase de ejecución, concluyendo que en el caso concreto, dados los elementos aportados y las peticiones formuladas finalmente por la parte actora en la primera instancia, resulta oportuno que la cuantificación se realice en ejecución aplicando, en lo procedente, las normas de los artículos 712 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.