El pasado viernes 27 de enero se publicaron en el BOE las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017.

Entre las principales líneas de actuación destaca la investigación patrimonial de personas físicas, para lo que se contrastará tanto la información de las Declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio y de los modelos 720 “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero” y 750 “Declaración tributaria especial” (empleada en 2012 por algunos contribuyentes para regularizar con carácter extraordinario su situación tributaria), como los datos obtenidos a través de los mecanismos existentes de intercambio internacional automático de información (FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard), etc.).

Adicionalmente, la Administración Tributaria desarrollará nuevas herramientas informáticas ad hoc para el análisis de riesgos sobre la base de alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas; utilización de entidades interpuestas para encauzar retribuciones personales; manifestaciones de capacidad económica inconsistente con las bases imponibles declaradas en el IRPF; y disponibilidad y tributación de activos en el exterior.

A partir de dichos análisis se diseñarán actuaciones de control sobre los supuestos que se consideren de riesgo fiscal.

En el ámbito de la economía sumergida, destacan, dentro de las actuaciones de captación, análisis y proceso de información, la implantación del Sistema de Suministro Inmediato de Información para la gestión del IVA, que exige a los contribuyentes en los que concurren determinadas condiciones el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación; y, dentro de las actuaciones de comprobación, la intensificación de la estrategia de intervenciones realizadas mediante personación en las sedes donde se realiza la actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de acreditar y regularizar situaciones de infradeclaración de ingresos.

Por otra parte, se realizarán actuaciones sobre las prácticas de planificación fiscal agresiva de empresas multinacionales y empresas con actividad transfronteriza, atendiendo a las áreas de riesgo identificadas en el marco del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE. Se controlará especialmente a las entidades internacionales del ámbito de la economía digital.

Asimismo, se desarrollarán modelos de análisis de riesgos que permitan optimizar la información que se reciba en 2017 de los Estados miembros de la Unión Europea, en aplicación de la Directiva sobre intercambio de “tax rulings”, y la que se obtendrá en 2018 de los Informes “País por País” (que contendrán el detalle de la actividad del grupo empresarial en los diversos países de implantación del negocio y de los impuestos que satisface en cada uno de ellos).

Asimismo, el Plan prevé actuaciones de control en materia de Impuestos Especiales, Impuestos medioambientales, y control aduanero, entre otros, y establece medidas para potenciar la colaboración entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas para el control de los tributos cedidos.