En noviembre de 2011, según el estudio realizado por la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD): “Asocio público – privado en El Salvador: Análisis de Impacto y Recomendaciones”, El Salvador firmó un acuerdo de intercambio comercial con los Estados Unidos llamado “Asocio para el Crecimiento”, el cual tiene como uno de tantos fines, promover los Asocios Públicos Privados (APPs) en el país, como una herramienta para combatir el problema estructural que existe de baja inversión.

El Fondo del Milenio El Salvador II define como un APP al contrato entre una entidad pública y un privado, en el cual la parte privada asume riesgos financieros, técnicos u operacionales sustanciales, en el diseño, financiamiento, construcción y/u operación de un bien o servicio público, conforme a ciertos estándares por un período limitado de tiempo, a cambio de una compensación.

En vista de los beneficios que las APPs traen consigo, tanto para inversionistas como para el desarrollo y crecimiento económico del país, en 2013 se aprobó la Ley Especial de Asocios Públicos Privados, la cual tiene como objeto principal establecer el marco normativo para el desarrollo de proyectos de APP para la provisión de infraestructura y de servicios públicos y de interés general, de forma eficaz y eficiente. La ley especifica que siempre en un marco de seguridad jurídica, el sector privado aportará recursos económicos, habilidades y conocimientos necesarios para que, en conjunto con el Estado, desarrolle dichos proyectos en beneficio de la población.

La ley antes mencionada es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento. Dicho inversionista debe mantenerse involucrado en la operación y mantenimiento de dicha infraestructura, siempre respetando principios básicos como el de legalidad, supremacía constitucional, supremacía del interés público, temporalidad, entre otros. Los APPs también podrán recaer en la prestación de servicios públicos o la explotación o ejecución de una actividad de interés general, dejando fuera de su ámbito de aplicación los proyectos de los sectores de salud, seguridad social (incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social – ISSS), seguridad pública, justicia (en lo referente a custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos), agua y educación, incluyendo la Universidad de El Salvador.

Actualmente ya se están evaluando unos cuantos proyectos en los cuales podrán aplicarse APPs, y lo positivo de todo esto es que no solo son una nueva herramienta para atraer inversión extranjera, sino que también son una posible solución a los problemas de financiamiento del Gobierno y un medio para reorientar a El Salvador en el camino del desarrollo.